Con las reformas estructurales de los noventa, la desregulación y privatización de la industria petrolera y energética se hicieron realidad. El modelo de gestión privada de la energía se abrió paso desplazando al modelo de gestión pública. Con el Plan Energético 2004-2008 primero y su continuación 2004-2013, el retroceso del mercado como actor excluyente del sector es una realidad. En efecto, a partir de 2003, y con el objetivo de reindustrializar al país, el Estado retomó la planificación energética nacional, y paulatinamente la regulación y participación en la gestión del mercado ampliado de la energía.

“La integración vertical petrolera, gasífera y eléctrica pública es un hecho”, afirma Bernal. Foto: Alejandro Elías

Cinco años después, y no sin la ausencia de contradicciones propias de toda etapa de transformación, se verifican varios cambios en el sector, a saber:

• Mayores subsidios, controles y regulaciones de tarifas y precios en todos los eslabones de la cadena energética, desde el petróleo, gas natural y combustibles hasta la sanción del precio spot.

• Restricción o prohibición de las exportaciones de hidrocarburos y productos derivados.

• Una mayor captación de la renta petrolera, superior a la media sudamericana.

• El cumplimiento de la Ley de Abastecimiento y la Ley Nacional de Hidrocarburos (artículo 6) para el normal suministro de combustibles y gas natural (Resolución 599) en el mercado interno.

• Acuerdos energéticos interestatales entre países de Unasur.

• El reaseguro de nuevas reservas comprobadas de hidrocarburos concesionadas a Enarsa en Venezuela

• El Plan Energético 2004-2013.

Cinco frentes abordará dicho Plan: 1) obras en el sistema energético nacional, 2) exploración y refinación de hidrocarburos, 3) reactivación de la actividad nuclear, 4) integración energética regional con América del Sur, y 5) energía eólica.

En relación al 2003, las ampliaciones al sistema energético –finalizadas en un 6 por ciento aunque ejecutándose en un 40 por ciento– permitirán para el 2013 un incremento de la generación eléctrica del 55 por ciento. Asimismo, elevarán la oferta del gas natural un 57 por ciento, recurso que –dada la dilapidación del megayacimiento Loma la Lata, descubierto en 1977– provendrá fundamentalmente de Bolivia y Venezuela y será importado y comercializado por Enarsa. A propósito, la integración vertical de la industria petrolera, gasífera y eléctrica pública es un hecho gracias a los acuerdos suscriptos con estos países, sumados a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, una nueva refinería de crudos pesados, de gasoductos troncales y regionales y a la participación de Enarsa en el sector de generación y transporte eléctrico, más su ambicioso plan exploratorio en el mar argentino.

Entre otros aspectos de igual trascendencia, cabe destacar la decisión oficial de diversificar la matriz energética con el aumento de la participación nucleoeléctrica (un 9 por ciento mayor a la actual). Esto implica no sólo disminuir la vulnerabilidad de la matriz al variar las fuentes de generación, sino apostar a la autosuficiencia científico-tecnológica, a la experiencia nacional y al fortalecimiento internacional del país en esta materia. La terminación de Atucha II, la extensión de vida útil de la central de Embalse, la construcción de dos nuevas centrales de 750 MW cada una, la recuperación de la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, la finalización de la Planta de Producción de Agua Pesada y la culminación del Proyecto Reactor CAREM de 25 MW consolidarán al sector nuclear argentino como el más avanzado de América latina.

Para 2013, el Estado habrá desembolsado como mínimo un 70 por ciento del total de 59.741 millones de pesos previstos en las inversiones de obras del sistema energético nacional. De esta manera, el Estado se coloca al frente del sector como actor principal, asignando recursos, planificando y regulando las inversiones. La transformación estructural de la industria energética y petrolera de los noventa confirmó el tránsito del “intervencionismo” estatal a la operación de mercado. En sintonía con el cambio de época que vive Sudamérica, el Plan Nacional 2004-2013 profundiza el camino inverso y firma el acta de defunción del intervencionismo de mercado.