Se presentó el “Informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina: 2004–2007” (UCA) y Cash dialogó con su coordinador, Agustín Salvia, sobre el impacto que tuvo el crecimiento económico en las condiciones de hábitat, salud y subsistencia de la población, y el aumento de la brecha entre ricos y pobres a partir de la apropiación desigual de esa recuperación.

¿Qué permite vislumbrar el Indice de Hábitat, Salud y Subsistencia, a diferencia de los datos oficiales?

–Ese índice mide el acceso real a bienes y servicios que garanticen un mínimo de reproducción económica y social al grupo familiar. Es decir, si efectivamente con los recursos monetarios que tienen los hogares acceden a un conjunto de bienes y servicios básicos. Se asemejaría al indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pero con un relevamiento más amplio de accesos a recursos y logros concretos.

¿En qué medida cree que impactó el crecimiento económico en las condiciones de vida de la población?

–Impactó positivamente en las condiciones de subsistencia, hábitat y salud de la población. Es indiscutible. Entre el 0 (máxima privación) y 10 (autonomía), pasaron de 7,3 a 7,8 puntos. Esto no quiere decir progreso, desarrollo del hogar, movilidad social o económica, sino condiciones mínimas. El mayor impacto fue entre 2005/06 y se produjo una fuerte caída en cuanto a la mejora relativa interanual en 2006/07.

¿Por qué?

–Con la posibilidad de acceder a mayor cantidad de trabajo, los hogares lograron obtener más ingresos monetarios, ya sea por los programas asistenciales, el mejoramiento del mercado de trabajo o actividades informales producto de un derrame del mayor consumo de las clases medias. Esa mayor masa de ingresos benefició fuertemente su capacidad de consumo. Lo que más bajó en 2004/07 es el déficit de consumo.

¿Qué ocurrió con los otros indicadores?

–El mejoramiento fue mucho menor. Son cuestiones más estructurales, llevan más tiempo y requieren de capacidad de ahorro. Sin crédito, sin políticas de vivienda, el mejoramiento en las condiciones de hábitat es mínimo. El otro indicador es salud, que depende del servicio público. La mayor concentración de estos tres déficit se dio en los sectores con menor capital humano y educativo (35% o 40%), que no experimentaron cambios sustantivos. Esto habla de un aumento de la desigualdad, ya que se amplió el sector más estructural de la pobreza.

¿Cuál fue el déficit, en términos de políticas públicas, para que estos indicadores hayan quedado más rezagados?

–Las políticas sociales no atendieron a este sector. El empleo al que accedieron es informal y de muy baja remuneración. Los trabajadores hicieron más esfuerzo para obtener más ingresos. No hubo políticas activas de empleo. Se supuso que el mercado lo iba a resolver y que el empleo formal los iba a atraer. Estos segmentos están dañados para enfrentar solos su vínculo con el mercado de trabajo, sobre todo los jóvenes. No hubo políticas dirigidas a un plan de construcción de viviendas a nivel nacional para sectores populares. El déficit de vivienda es importante en la Argentina. En este período aumentó el número de villas en el Gran Buenos Aires. Respecto de la salud, el hospital público mantuvo el mismo presupuesto, en términos reales, que tenía a fines del ’90.

En este marco, ¿las políticas sociales deben apuntar a los extremadamente vulnerables o abarcar a sectores que, aun teniendo trabajo, siguen bajo la línea de pobreza?

–Hay políticas asistenciales que complementan el ingreso de los hogares, pero no hay una política social que tenga como objetivo erradicar la pobreza. Primero hay que delimitar esa población constituida por sectores marginales, pero también por sectores medios-bajos que no pudieron apropiarse de esta recuperación. El primer sector está geográficamente localizado, pero el segundo no. La política tiene que ser integral: salud, educación, vivienda, seguridad y capacidad de consumo. Atender un espacio territorial hace efectiva esa política porque logra un impacto fuerte de erradicación de la pobreza. Eso no ocurre, pero sería positivo que ocurriera.

¿Y los sectores que están más dispersos?

–Es más caro intervenir allí y el impacto es menos directo e inmediato. Se requiere una intervención territorial más amplia para fomentar un clima de mayor integración social. Una política que incluso habría de continuar después de erradicar los bolsones de pobreza, donde el Estado no interviene tan directamente sino generando las bases para que se desarrollen las capacidades comunitarias.

¿Cree que el Estado debería avanzar en el impulso y el fortalecimiento de actividades y actores en el marco de la economía social?

–Hoy la prioridad es apuntar al 30 por ciento de la población estructuralmente pobre y hacerlo con todos los recursos existentes. Y las organizaciones del tercer sector deberían canalizarlo porque el Estado tiene poca capacidad de intervenir en esos lugares. El tercer sector debería ser convocado para gerenciar y colaborar en la implantación de esos proyectos y hacer sinergia. Pero esto requiere una política de desarrollo social y una planificación.