El acceso a una vivienda digna sigue siendo un mandato constitucional incumplido. El Censo del 2001 reveló notables carencias –piso de tierra, sin provisión de agua– en 1.573.228 hogares. En ese año existían 227.293 ranchos, 281.411 casillas, 73.503 piezas en inquilinatos, 25.047 piezas de hoteles o pensiones, 21.326 locales no construidos para habitación, y 4007 viviendas móviles. En definitiva, los números mostraban un déficit habitacional del 26,2 por ciento de los hogares relevados.

Si bien esas carencias atraviesan amplias capas sociales, la problemática se agudiza en los sectores de menores recursos. De acuerdo con datos elaborados por la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, el 67,7 por ciento de los hogares más pobres (quintil 1) presentan algún tipo de carencia. Ese dato contrasta fuertemente con las dificultades relevadas en las clases más altas (quintil 5): 2,6 por ciento. El Fonavi era la principal herramienta gubernamental utilizada para intervenir en el mercado hipotecario. Ese organismo fue creado en 1972 por el gobierno militar de Alejandro Lanusse. Su abultado presupuesto era financiado por una contribución patronal del 5 por ciento de las remuneraciones. A comienzos de los ochenta, las viviendas construidas por el Fonavi representaban el 90 por ciento de las superficies totales edificadas en el país.

En su trabajo Descentralización de la política habitacional: consideraciones sobre las reconfiguraciones de las relaciones Estado-mercado en el nivel local a partir de dos estudios de caso, María Carla Rodríguez señala que “esa estrategia se agota a finales de los ’80, conforme se imponen las tendencias macroeconómicas aperturistas. Este esquema financiero, sustentado en largos períodos de amortización, muy bajas tasas de interés y ausencia de sistemas de ajuste del capital, generó situaciones de desequilibrio entre los ingresos y las erogaciones”. La solución neoliberal fue transferir las funciones del Fonavi a las provincias. Previamente, el menemismo cambió su fuente de financiamento: la contribución patronal fue reemplazada por un impuesto a los combustibles líquidos.

Esa modificación sumada a la recesión económica redujo sustancialmente los montos transferidos. Alejandro Banzas y Lorena Fernández en su trabajo El financiamiento a la vivienda en Argentina. Historia reciente, situación actual y desafíos (Documento de Trabajo Nº 18, Cefid-Ar) sostienen que “el origen de los recursos y el desempeño del Fonavi estuvieron sustancialmente ligados a la coyuntura macroeconómica y los vaivenes de los cambios institucionales de la política nacional. En consecuencia, el sistema no operó de manera anticíclica, sino profundizando los ciclos del sector de la construcción fuertemente correlacionados con el comportamiento del Producto Interno Bruto, ahondando los problemas habitacionales en etapas de recesión económica”.

En ese sentido, los recursos destinados al Fonavi pasaron de 1400 millones en 1990 a 700 millones en 1999. Además, muchas provincias comenzaron a utilizar esos fondos para cubrir baches presupuestarios.

Por otra parte, la década del noventa se caracterizó por un cambio de los beneficiarios de los planes habitacionales. Las viviendas que antes eran destinadas a los sectores ubicados en la base de la pirámide social comenzaron a ser adjudicadas a segmentos medios. En síntesis, la combinación de esos factores obturó el acceso de los sectores más carenciados a una vivienda.

Actualmente, los fondos del Fonavi se siguen transfiriendo automáticamente a las provincias, que ejecutan los programas a través de sus respectivos organismos provinciales de vivienda. Los últimos datos oficiales publicados (Cuenta de Inversión 2006) dan cuenta de una transferencia de 675 millones de pesos anuales, destinados a la construcción de 12.563 viviendas, 3903 soluciones habitacionales, 164 obras de equipamiento comunitario y 247 nexos de infraestructura.

Además de las transferencias realizadas a las provincias, la principal apuesta del gobierno nacional es el Programa Federal de Vivienda. Hasta el momento, la inversión realizada alcanza a los 6350 millones de pesos e involucra a 144.622 viviendas. En la segunda etapa, el Programa prevé la construcción de 300 mil nuevas viviendas en tres años. Algunos especialistas sostienen que el déficit habitacional continúa igualmente aumentando. De todas maneras, la mayor actividad estatal en la materia es reconocida aun por las opiniones más críticas. Distintas experiencias mundiales demuestran que el Estado ocupa un rol insustituible como proveedor de viviendas y/o financiamiento para su adquisición.

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