Durante 101 días se desarrolló el lockout más violento de la historia argentina, extendido en una y otra ocasión con excusas que compiten en su profundidad con la portada de Billiken. No debería sorprender que después de unas semanas de despachar granos a la exportación, para de esa forma obtener recursos, las cuatro entidades que representan al sector del campo privilegiado por el boom sojero expongan una nueva excusa para volver a cortar rutas. Después de esta experiencia, con el ejercicio de desabastecer a los centros urbanos como presión, saben que cuentan con una poderosa arma de extorsión. Resultó reveladora la angustia de Mario Llambías, titular de CRA, por la suerte de las ovejas del sur por las cenizas del Chaltén, mientras ratificaba la continuación de los cortes de rutas que terminaban disparando los precios de la canasta de bienes básicos de los hogares. También fue conmovedora la expresión de vocación democrática de su segundo, Ricardo Buryaile, que dijo que el Congreso debería ser disuelto si ratifica las retenciones, con disculpas posteriores que lo condenan.

Ante tanta exteriorización de sensibilidad de bolsillo colmado, en situaciones de tanta tensión y confusión provocada, resultan una buena guía las enseñanzas del profesor Salvador Treber, miembro del Plan Fénix y uno de los más respetados tributaristas del país. Escribió una reciente columna de opinión en La Voz del Interior (“Será que la memoria nos traiciona”) destacando que “el Gobierno ha cometido serios yerros, verdaderos delitos de torpeza y soberbia, aunque sólo aportando ideas y vías de solución alternativas podremos contribuir a recuperar la buena senda y la paz social”. Y en referencia a un sector de la clase media y a dirigentes del agro que se dicen progresistas, afirma que “parece que muchos protagonistas (...) inexplicablemente hoy respaldan a quienes antes los repudiaron. En vez de pensar en el país, se dejan llevar por impulsos de confrontación; olvidan experiencias en que fueron usados y luego desplazados sin ninguna consideración”.

Los niveles de violencia física y de apriete a quien opina diferente en los pueblos del interior y en las rutas por parte de ciertos piqueteros rurales, acciones que ha sido ocultadas a lo largo de todo el conflicto, han provocado una corriente de miedo en la zona liberada por los sojeros. En estos meses varios fueron los mails que llegaron a la dirección publicada al final de esta columna reflejando el temor que existía de productores y habitantes de pueblos del interior a oponerse a los cortes. También han aportado explicaciones reveladoras de comportamientos de los agentes económicos en conflicto: por ejemplo, la sorprendente pareja que se formó de productores y dueños de camiones para cortar rutas. Uno de esos mails explica ese matrimonio con un pedido expreso de anonimato del lector nacido a no más de 100 kilómetros de Rosario: “te voy a pasar todos mis datos pero al mismo tiempo te pido que si escribís algo de esto no pongas mi apellido en ningún lado porque me van a querer cagar a trompadas por estos lares”.

El siguiente relato aportado en ese mensaje electrónico puede ayudar a algunos desorientados que todavía piensan que la Familia Ingalls está en rebelión:

“En la zona, por el alquiler de los campos se están pagando de 12 a 17 quintales (qq) de soja por hectárea/año. Si un agricultor (dueño del campo) cobra la cantidad que te digo es porque otro agricultor (allí no hay pools de siembra, lo alquilan vecinos) saca mucho más, de lo contrario no tiene ningún sentido el pago adelantado de esos quintales. Veamos un ejemplo: tienen 50 hectáreas, las alquilan a 15 qq/ha/año. 15x50 = 750 qq/año. 750 qq x $100/q = $75.000/año. $75.000 dividido 12 meses = $6250 cada treinta días. Y tienen un capital de 15.000 dólares por cada una de las 50 hectáreas (750 mil dólares). Esto si le alquila el campo al vecino y se sienta a tomar mate bajo el ombú. Hacé vos la cuenta de lo que gana quien arrienda el campo. Con la guita que les sobra (sí, que les sobra) a los ‘chacareros’, como le gusta llamarlos Sociedad Rural Buzzi, comenzaron hace ya unos años a comprar camiones para llevarse su propia cosecha y lograron meter algunos de esos camiones en los acopios de la zona, es decir que vuelcan el sobrante de tal forma que terminan cagando al tipo que vive de su camioncito. Por lo tanto, están de los dos lados del mostrador, así que se encontraron más de una vez cortando la ruta con sus tractores y cosechadoras y a la vez con sus camiones. Es obvio que no son la mayoría los que compraron camiones, pero hay muchos. Otros son los que inflaron la burbuja inmobiliaria en Rosario y que hicieron que un laburante no pueda ni comprar ni alquilar por los valores que los muchachos pagan en la gran ciudad”.

Los legisladores que en estos días recibirán la visita de dirigentes del sector agropecuario preocupados por las alícuotas de las retenciones tendrán la posibilidad de comparar los ingresos mensuales de los productores, como el de ese propietario-arrendador de apenas 50 hectáreas calculado en ese mail, con otras variables sociolaborales relevantes, como la pirámide salarial de los trabajadores o el sueldo promedio de los empleados en negro. Después de esa sencilla comparación, si tienen convicciones firmes para definir cuál debe ser la prioridad en la intervención del Estado y del destino de recursos públicos y, a la vez, pueden superar la presión social del escrache rural, les será más fácil en el momento de la votación resistirse a la opción por los privilegiados.

[email protected]