Hace 100 días, el G-8 se reunió en Washington en plena virulencia de la crisis financiera y lanzó un ultimátum a la banca de los Estados Unidos y Europa: en ese plazo debían revelar rápida y completamente su exposición al riesgo, las depreciaciones de activos y sus estimaciones de pérdidas por las insolvencias en las hipotecas de baja calificación (subprime), que por entonces sembraban dudas sobre la transparencia y la confianza del sistema. Cumplido ese plazo, nada de eso sucedió: los bancos se limitaron a informar quebrantos parciales y a desconfiar entre ellos mismos, a tal punto que los préstamos entre entidades prácticamente no existen y la iliquidez ha comenzado a dañar otras modalidades de crédito, además del hipotecario.

Así, los bancos del mundo desarrollado no sólo tuvieron que suspender el examen de confianza de los ocho países que alguna vez fueron los más poderosos del planeta sino que, además, se preparan para afrontar lo que varios analistas ya definen como “la segunda ola” de la crisis, que amenaza con golpear tan fuerte como la primera.

Las pruebas de que lo peor aún no llegó se acumularon en las últimas dos semanas: el presidente de la FED (banca central estadounidense), Ben Bernanke, anunció su intención de extender hasta 2009 los créditos de emergencia a la banca de inversión, que expiran en septiembre y se habían lanzado en marzo para evitar el colapso del gigante Bear Stearns; otro grande, Wachovia, anunció pérdidas record de 5800 millones de euros; y las dos entidades que concentran casi la mitad de todas las hipotecas vivas de los Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac, tambalearon por una severa caída en la cotización de sus acciones, arrastradas por los rumores de que no puedan contar con capital suficiente para cubrir las pérdidas sufridas. En este sentido, después de una fuerte polémica en torno del rol que el Estado debía asumir para evitar la quiebra de los grupos empresarios, la Casa Blanca dio luz verde a un proyecto de la Cámara de Representantes destinado a apuntalar el mercado hipotecario, que incluye un respaldo explícito a Fannie & Freddie, una dupla que se ha filtrado en las pesadillas de los banqueros con más peso incluso que los famosos ladrones de bancos de los años ‘30, Bonnie & Clyde. Según estimaciones del Congreso norteamericano, la ayuda estatal involucrará por lo menos unos 25 mil millones de dólares, un enorme salvavidas que se sumará a los miles de millones inyectados por la FED desde que se desató la crisis en julio de 2007, y que aún hoy no han logrado recomponer la confianza en el sistema.

Los analistas internacionales coinciden: la persistencia de la incertidumbre y la extensión de las turbulencias más allá del mercado hipotecario auguran lo que en la jerga financiera se denomina credit crunch, esto es una severa contracción del crédito, que tarde o temprano afectará también a América latina, una región que ha permanecido inmune hasta el momento a la iliquidez de los principales mercados mundiales. De acuerdo con el Informe Anual 2008 del Banco Internacional de Pagos, presentado a fines de junio pasado, el sistema financiero internacional ha introducido gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas futuras. “Los bancos de diversas economías industriales avanzadas endurecieron sus criterios de concesión de crédito, por lo que sigue siendo factible una contracción generalizada del crédito disponible, con consecuencias para la demanda que podrían ser más graves de lo anticipado”, sostuvo el informe.

Más allá de los perjuicios futuros, ya existen costos palpables, al menos en la Argentina. En efecto, el país afronta una mayor tasa de interés por su endeudamiento, por la decisión de algunos bancos de inversión de vender sus activos más riesgosos (llamados de “riesgo emergente”), entre los que se incluyen las acciones y bonos locales. Los inversores, al liquidar en forma masiva esas posiciones, generan una caída en los precios y un aumento del rendimiento de esa deuda. Cuando al Estado se le piden tasas de interés más altas, inmediatamente esta situación de encarecimiento se traslada a los usuarios de servicios financieros, que también deben pagar más por sus préstamos.

El laberinto en el que se ha perdido el sistema financiero del Primer Mundo es la mejor prueba de que los mercados no eran tan eficientes como presumían sus defensores. Evidentemente, un número importante de entidades operaron al margen de una supervisión adecuada y el panorama es tan complejo que ya no sólo afecta a los bancos de inversión sino a decenas de bancos comerciales, en lo que configura una amenaza latente sobre el resto de los mercados mundiales. Se cumplen así las características propias de las crisis modernas: hay un contagio geográfico, pero también lo hay entre mercados e instrumentos aparentemente distantes.