El actual estado de incertidumbre que domina el escenario económico tiene la particularidad que tiene su origen en la esfera política. Esta característica marca la principal diferencia con respecto a otros momentos de tensión y de crisis de las últimas tres décadas. Por eso mismo, más que cuestiones técnicas, el sendero a transitar si el Gobierno quiere comenzar a mejorar las expectativas pasa por decisiones que tienen un elevado componente político sobre aspectos de la economía. Avanzar sobre el problema del Indec no necesita de economistas, sino de una determinación de la autoridad política para poner en orden el desastre realizado por Guillermo Moreno en una dependencia encargada de la elaboración de estadísticas públicas. Luego de iniciada esa misión aparecerán cuestiones específicas de la economía que requerirán de aptitud y profesionalismo. Esto significa que abordar con sutileza el desorden provocado en el Indec no implicará que por arte de magia cambiarán las expectativas negativas, sino que debería ser el primer paso para recuperar el control de la política económica. Pero esta última tarea, en primera instancia, resulta más sencilla, aunque los economistas la muestren como complicada, si los fundamentos básicos del funcionamiento de la economía y el contexto internacional son amigables. Y ese escenario positivo sigue estando presente pese a la insistencia de gurúes de la city de adelantar el deterioro de variables clave. De todos modos, la presencia de condiciones favorables (superávit gemelos, robustas reservas, precios internacionales elevados) no es un seguro contra todo riesgo, como se puede percibir en estas semanas. Desaciertos en el frente político que se van sucediendo en especial en el diagnóstico y en la instrumentación de una política antiinflacionaria, junto al rearmado de las fuerzas conservadoras, pueden hacer ingresar a la economía en un círculo vicioso inquietante.

El desafío entonces es más político que técnico, y no se trata de una cuestión fácil porque el fracaso del proyecto de retenciones móviles no sólo significó un retroceso en la posibilidad de continuar con la política de legitimación de la intervención del Estado en la economía, sino que ha habilitado la resurrección y fortalecimiento de los divulgadores del pensamiento ortodoxo. En ese panorama, aunque resulta complejo frente a la inmensa maquinaria de desinformación que tan bien ejercen los economistas de la city, un aspecto relevante consiste en evitar caer en la trampa de lo que hoy se denomina consenso. Esa palabra reúne una aceptación generalizada porque refleja el ideario de unidad y de generosidad de las acciones de los agentes sociales por el bien común. Pero quienes la levantan como bandera son, en realidad, defensores de intereses corporativos minoritarios. O sea, el consenso que se ofrece trata de responder a las demandas de los grupos de poder.

Ese comportamiento y utilización del lenguaje para dominar es la renovada reinterpretación de la democracia por parte de los representantes del establishment. Se puede observar con más nitidez en la última elección boliviana. Evo Morales arrasó en las urnas con casi 7 de cada 10 votos a favor. Y el reclamo que le hacen al revalidado líder de una amplia mayoría luego de semejante victoria es que tiene que buscar el consenso, como si esa avalancha de votos no hubiese sido suficiente muestra de legitimidad. Para el poder económico, en realidad, el consenso se traduce en que los gobiernos deben implementar medidas que los favorezcan sin importar los votos de la democracia. Esa misma idea conceptual es la que aquí se ha impuesto en estos meses a partir del conflicto con el sector del campo privilegiado. Un proyecto aprobado en Diputados y desempatado en el Senado por un voto “no positivo”, que terminó en la derogación de la resolución que dispuso retenciones móviles a cuatro cultivos clave, se descifra en que la sociedad pudo así alcanzar un consenso y un clima de paz social. Esto es convalidado por gran parte de los medios porque la marcha atrás de esa medida fue en beneficio del poder emergente del siglo XXI constituido por la trama multinacional sojera.

El escenario que ha dejado ese traumático proceso es que para las cuestiones relevantes de la economía ahora se impone esa gaseosa concepción del consenso. Y ya se sabe cuál es la orientación de las medidas para satisfacerla. Aunque se resuelva la crisis del Indec, la polémica por los índices continuará porque la dinámica del negocio de los indicadores privados-políticos ha cobrado vuelo propio. De todos modos, la tarea posterior debería consistir en diseñar una consiste política antiinflacionaria. Si se va a transitar por el camino de lo que hoy se conoce como “consensos”, predominarán las iniciativas ortodoxas del ajuste. Estas brindarán la promesa de un futuro venturoso frente a los costos de los sacrificios presentes. En cambio, encaminado el imprescindible proceso de normalización del Indec, se podrían recuperar valiosos instrumentos de una política antiinflacionaria activa, como la de los acuerdos/control de precios, que incluye los salarios. Como explican los economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) en su último documento, “el problema de la falta de resultados (con los precios) no se encuentra enteramente en las medidas implementadas en sí misma sino, ante todo, en las características desarticuladas, inconexas, poco creíbles e ineficientes de las políticas aplicadas”. Sin mencionarlo se refieren a la deficiente gestión del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuya responsabilidad por la pérdida de legitimidad de instrumentos de intervención estatal en la economía es tan elevada como los daños provocados en la credibilidad del Indec.

La necesidad de una estrategia coherente y articulada para definir un horizonte decreciente en los precios es la salida para superar el consenso ortodoxo y de no pocos heterodoxos de aplicar una política fiscal y monetaria contractiva. La naturaleza de la actual inflación en el país tiene un importante componente de importada, que está afectando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Por ese motivo, requiere de una mayor cuota de habilidad en la gestión debido a que la posibilidad de profundizar la utilización del instrumento de las retenciones para actuar sobre ese impacto externo ha quedado muy castigada gracias al consenso de los privilegiados.

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