Canadá registra desde fines de los años ochenta una avanzada neoliberal que, entre otras secuelas, sumió al campo en la peor crisis de su historia. Junto con la privatización masiva de empresas públicas estratégicas (el Sistema Ferroviario Nacional, Air-Canada, Petro-Canada), el sector agropecuario canadiense fue desarticulado como herramienta de desarrollo socioeconómico rural. A pesar de haber transcurrido quince años desde el TLC con EE.UU., la concentración, verticalización y desregulación del sector no detienen su marcha. La extensión promedio de las unidades productivas pasó de 207 hectáreas en 1981, a 273 en 2001 y 295 en 2006. Cargill, Pioneer y Viterra dominan en la actualidad el 75 por ciento del manejo de granos de las provincias occidentales, cuando en 1988 el mismo porcentaje estaba en poder de cuatro cooperativas de agricultores. Tres grandes compañías controlan el 75 por ciento de la lechería del país, cuando en 1988 el 66 por ciento estaba en manos de cooperativas de agricultores.

Coincidentemente con el neoliberalismo canadiense, el gobierno de Carlos Menem puso en marcha la segunda reforma del Estado y una profunda reestructuración del sector agropecuario. Sin embargo, mientras que en Canadá se verifica ahora un afianzamiento de la concepción mercadista de su agricultura y ganadería, proponiendo barrer con las últimas estructuras de producción y regulación aún controladas por los agricultores familiares (los denominados “sistemas de control de la oferta” y el monopolio gubernamental Canadian Wheat Board), en la Argentina se observa el camino inverso. Con las retenciones a las exportaciones implementadas en 2002 comienza lentamente a revertirse la ausencia estatal en el sector.

A la luz de la cuestión agraria en ambos países, resulta interesante detenerse a analizar las reacciones y estrategias encaradas por los sectores gremiales canadiense y argentino. En el primer caso, las que representan a la totalidad de las cooperativas y a los agricultores familiares del país hacen frente común. Solicitan e intiman al gobierno “intervenir” en el sector para terminar con su caótica desregulación. Declaran como principal enemigo a las grandes corporaciones de agronegocios y a la alianza de su gobierno con los Estados Unidos y con la OMC (pactos agrícolas de 1995).

En el segundo caso, la Federación Agraria Argentina se opone al regreso del Estado al sector por más que sus dirigentes se manifiesten a favor de una Junta Nacional de Granos y otra de Carne. Una posición que, lógicamente, ha encontrado eco y respaldo en los históricos contrincantes del “intervencionismo” estatal: los actores sociales más retrógrados del campo y los pools sojeros.

Durante la última década del siglo XIX y primeras del siguiente, el agro había cumplido el doble rol dinamizador de la economía y promotor del desarrollo de las fuerzas productivas en Canadá. Se entiende así que el frente gremial agropecuario no dude ni se equivoque a la hora de defender sus intereses, siempre vinculados al éxito industrial del país y al binomio Estado–productor agrario: critica al neoliberalismo encaramado en el poder y solicita la protección estatal para terminar con la hegemonía de las grandes transnacionales de los agronegocios. A pesar de coexistir con un gobierno conservador, comprende que su enemigo es el mercado y no el Estado. Por el contrario, la FAA desestabiliza a un gobierno que reimplanta al Estado en el “campo” y pacta con las fuerzas del neoliberalismo. Podrán argumentar que el gobierno nada hace para avanzar sobre las corporaciones cerealistas. Pues bien, si hacia allí apunta la FAA, el debilitamiento del Estado no hará más que otorgarles mayor poder.

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