Pagando la cuota social

Convengamos en que liberarse de una deuda, sea interna o externa, es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. El acreedor siempre está en posición de ponerle límites al deudor, y más cuando es un acreedor externo de un Estado nacional. Ya lo dijo el secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson: un país que tiene títulos de la deuda de un Estado extranjero tiene el control de ese Estado. Pero pagar una deuda para mejorar las condiciones en que puede contraerse una nueva deuda ya es una cuestión disputable, y por lo menos para discutir entre quienes tienen sobre ello opiniones divergentes. Una nueva deuda puede tener efectos tan espurios como aquellos de los que nos libramos al cancelarla. Pagar no es por sí sólo un signo de colosal solidez financiera. Si lo fuese, hoy mismo pagaríamos los 150 mil millones de verdes que debemos, no sólo un 4 por ciento. Tal como se presentó, de modo sorpresivo, como hecho consumado, da la impresión de haberse buscado un golpe de efecto: mostrar un PEN activo y autónomo, entre comentarios de politólogos que lo tachan de pasivo y heterónomo. Si así fuera, entre las necesidades del poder y las necesidades de la gente común (educación, salud, agua potable), se estaría optando por las primeras, aun a costa de las segundas. Por otra parte, dicha forma contradice la proclamada vocación democrática, republicana e institucional. En democracia conviven opiniones distintas, y la forma es respetarlas a todas y alcanzar políticas para todos a través del diálogo y el consenso. Tampoco luce institucional que el PEN imponga a todos su criterio en esta materia, y que él pague la deuda parece más bien una usurpación de funciones. Hay un libro, fechado el 22 de agosto de 1994, que bien merece calificarse como la más alta institución del país, en cuyo artículo 75 (inc. 7) dice: Corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. ¿Por qué? Entiendo que es así porque busca basar tal función en el consentimiento de los representantes del pueblo y de las soberanías provinciales. Hay otro libro, antepasado del anterior, firmado por Facundo Zuviría y otros, fechado el 1º de mayo de 1853, cuyo artículo 64 (inc. 6) dice exactamente igual. Si sacamos la cuenta, en los 155 años de República organizada, ésta fue la norma constitucional que rigió al país. Es triste festejar como hazaña lo que debe hacerse por obligación.