El Gobierno concentra los esfuerzos de gestión en una peculiar dinámica política. A lo largo del mes va lanzando iniciativas para avanzar en la recuperación de la agenda pública, reuniendo bastantes más apoyos que el previsto teniendo en cuenta el fuerte golpe que significó la marcha atrás con las retenciones móviles. De esa forma supera obstáculos progresando en los casilleros hasta que el dado, que invariablemente se lanza cada treinta días, deposita la ficha en el espacio que dice “inflación del mes”. En esa instancia, cuando el Indec informa el dato del IPC, las reglas del juego ordenan retroceder al punto de partida. Y vuelta a empezar. La administración kirchnerista parece fascinada con el Juego de la Oca de su gestión, tarea que ya era complicada antes del conflicto con el sector del campo privilegiado y que luego se hizo aún más compleja con el voto no positivo del vicepresidente radical en el Senado.

La crisis del Indec se ha constituido en un conflicto político, del mismo modo que lo fue la disputa gatillada por los Derechos de Exportación a cuatro cultivos clave. En esos enfrentamientos dejan de ser relevantes algunos aspectos técnicos y se convierte en un campo de batalla de intereses diversos. En este caso, intervienen varios factores que por esas particularidades que tiene el proceso político argentino se dirimen en un área insólita: la metodología en la elaboración de estadísticas.

La torpe y atropellada injerencia en el Instituto por parte del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, derivó en el mayor costo político de la administración kirchnerista: la legitimidad de la palabra. La fragilidad para reunir apoyos a iniciativas que en otros momentos hubieran convocado a holgadas mayorías se explica por la devaluación de la palabra oficial a partir de la grosera intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Si todos los meses, desde enero de 2007, se difunde un índice de precios al consumidor que no es creído por casi nadie, se termina deslegitimando propuestas oficiales. Además así ofrece en bandeja a consultoras de la city el negocio de estimar la inflación, y ya se conoce la escasa rigurosidad de esos gurúes. Se trata entonces de un tema político y no de una discusión sobre estadísticas ni sobre el monto que se ahorra el fisco de pagar a los bonistas por los títulos ajustados por el CER.

La elaboración de metodologías e índices estadísticos es un trabajo para técnicos y su consistencia es un ámbito de debate de economistas. Se pueden preparar indicadores para consumos de clase alta, media y baja. Existe una infinidad de variantes que los especialistas pueden ofrecer a los agentes económicos. La actual conducción del Indec puede tener argumentos para defender la solvencia de los nuevos índices oficiales de precios, pero ha perdido toda credibilidad, más allá de las controversias sobre sus cualidades técnicas. Resulta evidente que el espacio de la puja política no está ajeno a la polémica sobre las estadísticas. La orientación de un gobierno tiene su importancia en las decisiones sobre qué tipo de indicadores privilegiar. Y también sobre qué relevamiento se va a realizar a partir de qué lectura tiene de la realidad económico-social del país. Pero para ello se requiere de legitimidad en esa área, que no es lo mismo que el gaseoso concepto de consenso expresado por el discurso dominante. Y la administración kirchnerista la ha perdido con la gestión Moreno en el Indec. Este es el nudo excluyente de la actual crisis en el Instituto y de los desacreditados informes que difunde, incluso en un escenario de desaceleración los aumentos de precios como el de las últimas semanas.

El eventual desplazamiento de Moreno del área del Indec –en caso de que se concrete– servirá solamente para comenzar el período de recuperación del sistema de estadísticas nacionales. Pero la polémica no desaparecerá. Y esto será así porque los índices estadísticos son controvertidos en todos lados, incluso en países desarrollados, como en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La diferencia fundamental respecto del desastre en el Indec es que, pese a ser cuestionados, aún reúnen cierta aceptación mínima para ser considerados una brújula en el diseño de la política económica y de las expectativas de la sociedad, aunque cada vez son más castigados por diversos analistas. El más reciente se refiere a las estadísticas de la principal potencia mundial y fue realizado por el politólogo conservador, ex asesor de Richard Nixon, Kevin Phillips. En su obra Bad Money: Reckless Finance, Failed Politics and the Global Crisis of American Capitalism (Dinero sucio: finanzas implacables, política fracasada y la crisis global del capitalismo estadounidense) cuestiona datos provistos oficialmente y difundidos por la administración Bush. Asegura que el desempleo real en Estados Unidos se ha ubicado entre 9 y 12 por ciento, y no el 5 por ciento proclamado; que la inflación ha oscilado entre 7 y 10 por ciento, y no el 2 y 3 por ciento difundidos; y que el crecimiento económico real ha sido de un magro 1 por ciento, y no 4 por ciento informado. Y Phillips es más contundente: afirma que la corrupción de las estadísticas oficiales de Estados Unidos data de cincuenta años atrás.

Los índices pasan a ser creíbles, además de su consistencia técnica y aceptación del mundo académico, si el poder político consigue legitimidad para que la sociedad confíe en esos indicadores ya sea en Estados Unidos, Europa o Argentina. Por lo pronto, el gobierno ha elegido seguir perdiendo en el Juego de la Oca.

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