Vayan estas líneas en homenaje a Jorge Shvartzer, que ya hace 30 años, cuando se imponía a fuerza de fuego y sangre la idea de que daba lo mismo producir acero que caramelos en lo que se denominó la “patria financiera”, alertaba acerca de los riesgos de abandonar la industria y abrir irresponsablemente la economía. Al maestro con cariño.

Un famoso chiste de chicos del interior cuenta que viene el tonto del pueblo y dice a su madre: “Mama, vendí el perro por un millón de dólares”. La madre lo abraza, lo felicita y le pide que le dé el dinero para guardarlo, a lo que le responde: “No hay plata, mama, lo cambié por dos gatitos de 500 mil”. Si todos los que tienen gatos y perros proceden de igual manera y se dedican a intercambiarlos, parecería que el PBI del pueblo crece y el valor de los “activos” (perros y gatos) de la población alcanzaría cifras exorbitantes. Algo así es lo que pasó con la burbuja inmobiliario-financiera que estamos viendo estallar en medio del estupor de la gente y la impotencia de los hacedores de las políticas, entrampados en prejuicios ideológicos, intereses políticos y económicos, cuando no en ignorancia.

Dentro de este contexto, intentar salvar al sistema financiero (banco y fondos de todo tipo) no tiene límites, ya que son varios los que cambiaron perros de un millón o más por gatitos que subían de precio por las favorables expectativas de los mercados, y en esta fiebre arrastraron a los millones de ahorristas que esperando poder tener una vejez razonable, les confiaron sus ahorros. Sherlock Holmes le decía a su fiel asistente Watson que lo que es obvio confunde, engaña. Asistir a los bancos en problemas, que parecería la solución obvia, y que es la votada por el Senado de los EE.UU., no garantiza que los tenedores de acciones e instrumentos financieros estructurados, como es el fastuoso nombre que se les da, o los deudores de hipotecas sobrevaluadas puedan recibir la asistencia necesaria. Ni siquiera que la cadena de financiamiento de la actividad económica, que muestra caídas superiores al 40 por ciento en el sector manufacturero, se reconstituya para defender los puestos de trabajo de la población.

Si estuviese en manos de uno el diseño del salvataje, se privilegiaría a las contribuciones a la seguridad social y las pensiones o sea el ahorro de la población. Trazar una línea al año 2001 por ejemplo con los balances de cada uno (al ser cuentas de capitalización no sería difícil) y garantizarles a los propietarios una renta similar a los bonos del Tesoro o de caja da ahorro entre ese momento y hoy, para evitar que pierdan poder de compra, y al mismo tiempo evitar que sean inflados. Para las hipotecas de aquellos que habitan con sus familias, se fijaría un pago por una proporción del ingreso del hogar (15-20 por ciento) mensual y el Estado cubre la diferencia con la cuota devengada. En este contexto los bancos y los fondos depurarían la “espuma” y quedarían aquellos que tienen más bases reales para sus carteras, tanto acreedoras como deudoras. Los especuladores institucionales, como dicen los chicos, “alpiste”. Obviamente también hay que recuperar, como en la crisis del ‘30, el rol del Estado como empleador de última instancia para aquellos considerados redundantes.

La información para esta alternativa existe, ya que todos los años la gente rinde cuentas ante las autoridades impositivas, y se podrá asistir a “John six-packs” o al comercio de “main street” como le dicen allí, y no a aquellos que alimentan el consumo suntuario y sofisticado de bienes y servicios de escasos efectos multiplicadores y que explican gran parte de la creciente desigualdad que se evidencia en los Estados Unidos en los últimos 25 años. Para el sector productivo, implementar un sistema de créditos subsidiados en función de la nómina salarial de las empresas, equivalentes a un mes de salarios, amortizable en uno o dos años, que permitan recuperar el capital de trabajo. Otra posibilidad la puede constituir si todos los deudores hipotecarios se presentan solicitando su propia quiebra a los tribunales locales, los cuales basados en la jurisprudencia ordenarían un “cram-down”. Esto es ni más ni menos que la obligatoriedad legal que tienen los acreedores de aceptar reestructurar la deuda ajustándola al valor del activo (la vivienda).

Atravesar Broadway por la calle 50 de Nueva York en estos días impresiona: un enorme letrero luminoso de unos dos pisos de alto por toda la cuadra de largo muestra las maravillas de Lehman Bros. y su contribución a la cultura y las artes. Hoy tiemblan los empleados del Lincoln Center y del MoMA, porque no saben qué será de su futuro ante la caída de los grandes contribuyentes.

* Docente de la Facultad de Ciencias Económicas-UBA.