En 1960 había 80 millones de seres humanos que pasaban hambre en todo el mundo. En aquella época, Josué de Castro, que ahora cumpliría 100 años, marcaba posición con sus tesis acerca de que el hambre era consecuencia de las relaciones sociales, no resultado de problemas climáticos o de la fertilidad del suelo. El capital, con sus empresas transnacionales y su gobierno imperial de Estados Unidos, buscó dar una respuesta al problema: creó la llamada Revolución Verde. Esta constituyó una gran campaña de propaganda para justificar ante la sociedad que bastaba “modernizar” la agricultura, con el uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos y venenos. De esta forma, la producción aumentaría y la humanidad acabaría con el hambre.

Pasaron 50 años, la productividad física por hectárea aumentó mucho y la producción total se cuadruplicó a nivel mundial. Pero las empresas transnacionales se hicieron cargo de la agricultura con sus máquinas y fertilizantes químicos. Ganaron mucho dinero, acumularon bastante capital, y así hubo una concentración y centralización de las empresas. Actualmente, no más de 30 conglomerados transnacionales controlan toda la producción y el comercio agrícola mundial.

¿Cuáles fueron los resultados sociales?

Los seres humanos que pasan hambre aumentaron de 80 a 800 millones. Sólo en los últimos dos años, a causa de la sustitución de la producción de alimentos por agrocombustibles, de acuerdo con la FAO (Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación), aumentó en 80 millones más el número de hambrientos. Es decir, ahora son 880 millones. Nunca la propiedad de la tierra estuvo tan concentrada y hubo tantos migrantes campesinos saliendo del interior hacia las metrópolis y migrando de los países pobres a Europa y Estados Unidos. Hay 8 millones de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Setenta países del Hemisferio Sur no logran alimentar a sus pueblos y están totalmente dependientes de las importaciones agrícolas. Han perdido la autosuficiencia alimentaria, su autonomía política y económica.

Los peor es que, en todos los países del mundo, los alimentos llegan a los supermercados cada vez más envenenados por el elevado uso de herbicidas, provocando enfermedades, alterando la biodiversidad y causando el calentamiento global. Eso acontece porque las empresas transnacionales estandarizaron los alimentos para ganar en escala y rentas. Los alimentos deben ser producidos de acuerdo con la naturaleza, con la energía del hábitat. La comida no puede ser estandarizada, puesto que forma parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos. Ante esto, ¿cuál es la salida? El Estado, en nombre de la sociedad, debe desarrollar políticas públicas para proteger la agricultura, priorizando la producción de alimentos. Cada municipio, región y pueblo necesita producir sus propios alimentos, que deben ser sanos y para todos. Así nos enseña toda la historia de la humanidad. La lógica del comercio e intercambio de los alimentos no puede basarse en las reglas del libre mercado y en el lucro, como pretende imponer la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por ello consideramos a la alimentación un derecho de todo ser humano, y no una mercancía, como, además, ya defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada pueblo y todos los pueblos deben tener el derecho de producir sus propios alimentos. Eso se llama soberanía alimentaria. No basta dar ayuda alimentaria esencial, dar el pescado.

Eso es seguridad alimentaria, pero no es soberanía alimentaria. Es necesario que el pueblo sepa pescar.

* Economista e integrante de la coordinación nacional del MST y de la Vía Campesina.
** Obispo emérito de la Diócesis de Goiás y consejero permanente de la CPT (Comisión de la Pastoral de Tierra), órgano vinculado con la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil).
ALAI-AmLatina alainet.org