Gran parte de las posturas antiestatización de las jubilaciones privadas están sesgadas por una doctrina neoliberal que sugiere quitarle roles al Estado y dejar en manos del mercado la resolución de los problemas sociales. Sostienen que ya no es necesario un actor colectivo que se haga cargo de lo social: la salud, privatizarla; la educación, privatizarla; y la resolución de la pobreza, dejarla en manos del virtuoso “efecto derrame”. A ese Estado Neoliberal ha llegado el momento de discutirlo no sólo ideológicamente, sino con la realidad. Esto es, contrastar las promesas del modelo con los resultados que hoy se observan. El modelo impuesto entre los ‘70 y los ‘80 ha dejado un paisaje muy claro: crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres, y el aumento vertiginoso de la pobreza y de los excluidos. En fin, el sistema neoliberal ha sido una máquina de generar miseria y concentrar riquezas para los privilegiados.

A esta altura es una ingenuidad creer que en este sistema gana el que se esfuerza y pierde el haragán. Una ingenuidad creer que realmente es un sistema que no lleva en su misma lógica un patrón de desigualdad en su funcionamiento; una ingenuidad creer que el mercado funciona libre. Y casi un romanticismo sentarse a esperar que el efecto derrame resuelva los problemas sociales. Si se reconoce que los efectos del sistema se pueden ordenar desde el Estado para que genere más o menos desigualdades, entonces cualquier persona que no esté a favor de la creciente brecha entre ricos y pobres y el aumento de la pobreza en un país debe creer en que el Estado debe tener algún rol. Porque ni un Estado asistencialista ni el asistencialismo empresarial serán capaces de reparar los estragos que el mercado deja a su paso.

¿Sería tan desatinado creer en la necesidad de la seguridad social y de un Estado que genere transferencia de ingresos, redistribución, y promueva el crecimiento económico? Por cierto, poco le sirve a la mayoría de los argentinos que el crecimiento anual sea del 9 por ciento si ese excedente va a quedar en manos de unos pocos. Hay que preguntarse si realmente genera este sistema mercantilista y antiestatal una sociedad meritocrática que premia el esfuerzo y da oportunidades a todos. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la capacidad del libre mercado para cumplir sus promesas por un lado, y las posibilidades que se abren con el fortalecimiento del Estado como actor, por otro. Tal vez el dilema no sea Estado o mercado, sino qué Estado.

Creer en el Estado no significa creer en “este Estado”. Muchas cosas se le pueden cuestionar y mucho se podría mejorar. Quizá su mayor falencia es la confusión que genera. Entre un Frankenstein de progresismo y neoliberalismo inercial, avanza el gobierno casi improvisando, a veces pareciera que de modo caprichoso, por no decir arbitrario. No hay política agraria, no hay una eficiente promoción de las unidades productivas medianas y pequeñas, no hay eficiente control de los monopolios y oligopolios, predomina un sistema financiero desregulado, más especulativo que productivo, no queda claro qué sector económico se quiere respaldar. También puede alegarse que no se puede levantar la bandera de la redistribución de ingresos cuando no se modificó un sistema impositivo altamente regresivo.

A todo esto, la sociedad responde con rechazo porque un Estado que no transmite seguridad sino incertidumbre hace que toda política estatal, así sea justa y atinada, parezca insegura. Pero, a la vez, es una postura necia impugnar todo lo que el Estado haga o proponga de antemano. ¿Por qué no ser capaces de aplaudir una medida cuando ese Estado da un paso fundamental? La discusión no debería estar en si les sacamos o no los fondos a las AFJP, sino de qué manera va a manejarse la recuperación del sistema de reparto. Esto es, cómo van a usarse los fondos. Pensar y demandar herramientas jurídicas e institucionales para asegurar un sistema más eficiente. Los oportunistas de turno intentan impugnar lo inimpugnable por simple oposición política. Pero quien tenga principios claros puede reconocer dónde esta la discusión. Si la medida es reconocida como necesaria, pero la desconfianza está puesta en el actor que va a llevarla a cabo, tal vez la cuestión no sea si tomar o no la medida, sino discutir los matices y próximos pasos, con una oposición constructiva, no por ignorancia. Es necesario volver a creer en el Estado para que distorsione la desigualdad, inequidad, pobreza y vulnerabilidad social generadas por la economía. Devolverle ese rol es un primer paso. Y eso supone respaldar la reestatización de la cuestión social o las políticas de redistribución de ingresos, aunque quien las haga no sea el gobierno predilecto. La discusión no debe ser contra las medidas en esa dirección, sino sobre la manera de tomarlas, utilizarlas y proyectarlas.

* Socióloga, becaria del Conicet.