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La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas con la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.

Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.

Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.

Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.

El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.

Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.

La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.

El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.

Nociones básicas

El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.

El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.

Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.

No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.

Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.

Heterodoxia

El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.

La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.

El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.

En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.

En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.

Intervención pública

El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.

Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.

Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de productividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.

Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.

El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.

La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.

Encrucijada

Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.

Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las “señales” del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.

Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.

El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto “pueblo”.

Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.

El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.

Desarrollo nacional

Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.

Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.

Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación.

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