El capital financiero aprovechó la devaluación para comprar y arrendar tierras. El Gobierno dejó hacer por los problemas externos. Cuando la frontera de la tierra disponible se agotó, los precios de los campos y de los alquileres volvieron a subir. En febrero los fondos de siembra ya ofrecían 2400 pesos por hectárea para el próximo ciclo. Pero todo iba a seguir más o menos igual, porque con el ascenso del precio de la soja se podía afrontar esas subas y también la de los insumos, y la rentabilidad esperada para 2008-2009 compensaría los límites alcanzados en las tierras alquilables y en los rindes. En ese momento el Gobierno se cruza con el incremento y movilidad de las retenciones, justo lo que unificaría a los grandes actores del negocio agropecuario con sus socios menores y variables de ajuste (rentistas, contratistas, cerealeras, técnicos, chacareros), los que se constituyeron en tropas de choque. Pese a que las nuevas medidas solo recortaba las expectativas de mediano plazo, el campo desde el vamos tuvo claro para sí mismo que quería ir hasta el final, y que el diálogo solo podía ser táctico. El intento, no disimulado en privado, de “bajar” a la Presidenta, quedó en evidencia por la posición crudamente instrumentalista ante las instituciones, y por el oportunismo de las representaciones rurales, que ni siquiera pudieron acordar una propuesta, aspirando a que el gobierno resuelva sus problemas sin tener que pelearse entre ellas y haciendo reserva del uso de la fuerza en el caso de resultar desfavorecidas. No es casual que los cortes no evitaran que los costos de la acción recayera sobre terceros, por medio del desabastecimiento y la inflación, pese a que se sabía perfectamente que el Gobierno no reprimiría, y que al desafiar la legitimidad de las autoridades obligaran a la sociedad a definirse no en relación al problema originario sino a favor o en contra de toda la gestión del Gobierno. Esta violencia extorsiva, la irracional furia anti K y el ensañamiento antigubernamental, son comprensibles solo por el sentimiento de autocontradicción de sectores de la pampa húmeda que se han fortalecido económicamente gracias a una política con la cual no se identifican, y por el antiigualitarismo racista de buena parte de las clases medias, urbanas y rurales.

La total ausencia de perspectiva histórica y comparada, que llevó a la oposición partidaria más al agravio que a la crítica, y a la miserabilidad de no admitir ni uno de los aciertos oficiales para luego impugnarlos en lugar de hacerlo con los errores, tiene ahora como contrapeso una reacción sectorial de la que buena parte de los perdedores electorales se sirven como cuzcos garroneros, prendiéndose de los talones de un gobierno que mal o bien ha resistido a las corporaciones, hasta alcanzar una autonomía política que todo opositor sinceramente democrático debiera agradecer y que no tuvo ningún otro antecesor. Por todo esto el Gobierno está obligado políticamente a derrotar con todas sus fuerzas a esta alianza tácita que congregó todos los “no”, que es incapaz de articular un solo “sí”, que expresa lo peor del pasado y del presente, y que si llegara al poder supondría un retroceso abismal. Debe prepararse para vencer a esta derecha instintiva, cría neoliberal de la dictadura y del menemismo, cuyos disfraces fueron cayendo uno tras otro durante estos últimos meses. Prepararse para hacerlo en todos los terrenos, por su propia sobrevivencia y por la del país. Por medio de la movilización popular, pero también con cambios irreversibles e instrumentos contundentes, en este caso, frente a una burguesía pampeana que ha sido la base social de todas las dictaduras, con clara conciencia de que la concentración de la propiedad y de las decisiones económicas, que los tecnócratas banalizan, será siempre el mayor obstáculo al funcionamiento republicano, y con una paciente búsqueda de interlocutores a su izquierda, que pueden ayudarlo eficazmente ante el acoso derechista.

En lo inmediato debe recordar que gobernar el capitalismo, nos guste éste o no, implica instrumentar un doble intercambio intertemporal, entre beneficios actuales y futuros, por el cual capitalistas y ciudadanos aceptan menos ahora confiando en que recibirán más después. Dado que esta confianza no se establece programando expectativas sino liberándolas, la conciliación entre el corto y el largo plazo se realiza interviniendo con políticas de reforma, cuya sanción no necesitaría más fuerza que la que ya cuenta el actual Gobierno en el Congreso y en las provincias. A modo de ejemplo, una de ellas consiste en reemplazar la mayor parte de los tributos agrarios por el impuesto a la renta potencial –cuya base podría establecer rápidamente el INTA– gravando la renta por hectárea basada en rendimientos de escala con una fuerte progresividad, hoy burlada en el impuesto inmobiliario a raíz de la subvaluación fiscal en un sector que se ha industrializado y posee costos marginales decrecientes, y coparticipando a municipios y provincias de modo automático, en proporciones que reflejen prioridades ambientales y sociales decididas por el Congreso. Esta imposición desacoplaría precios de ingresos agropecuarios y reduciría drásticamente la evasión, metas funcionales a una nueva ley de arrendamiento que reorientara al capital financiero hacia inversiones industriales que amplíen la oferta de insumos y agreguen valor a los saldos exportables. Otra de esas políticas podría centrarse en una oficina capaz de asegurarse volúmenes y precios en los mercados de futuros, aquí y en el exterior, para que el país pueda capitalizar las diferencias y con ellas asegurar alimentos baratos y precios-sostén a los productores que trabajan para el mercado interno, complementando en este plano el rol de las retenciones, cuya movilidad podría ser derogada más adelante en función de promover el trueque de expectativas temporales antes mencionado, y preservar el efecto “zanahoria”. Es decir, así como el impuesto a la renta potencial contrarrestaría transferencias injustificadas de ingresos, esta apropiación de ventajas especulativas en los mercados granarios operaría como herramienta anticipadamente antiinflacionaria y redistributiva a la vez.

Pero hay que hacerlo ya, con iniciativas estatales que desde el futuro obliguen a pensar el presente en nuevos términos.

* Cientista político. Investigador del Conicet.