› Por Abraham Leonardo Gak *
Se cerró un año particularmente difícil. El conflicto por la apropiación de la renta agraria, la reestatización de las jubilaciones privadas y, por último, la irrupción de la crisis internacional, signaron el año tanto político como económico y social. Como un ejercicio saludable, se requiere analizar qué ha sucedido en materia económica durante los últimos seis años, a la luz de las propuestas presentadas por el Plan Fénix en 2001 y, en consecuencia, tener no sólo una mirada realista sobre el presente, sino la confianza acerca de cómo se debe encarar el nuevo año.
En septiembre de 2001 se presentó, dentro del Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires “Hacia el Plan Fénix”, un grupo de propuestas para el desarrollo con equidad, partiendo de la crisis que eclosionó a fines del año 2001, en un proceso que tuvo como protagonista fundamental la ley de convertibilidad. Para ello, hemos elegido unos pocos índices que referencian su gravedad: el PBI había descendido casi el 12 por ciento; el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos llegó a los 5 mil millones de dólares en 2001; la deuda pública era cercana a los 130 mil millones de dólares y la privada, del orden de los 80 mil millones de dólares; las reservas internacionales del BCRA no llegaban a los 10 mil millones de dólares; los vencimientos externos comprometidos para el año 2002 representaban el 80 por ciento del total de las exportaciones, incluyendo intereses que ascendían al 55 por ciento de las mismas; la desocupación y la subocupación orillaba el 35 por ciento; el 43 por ciento de la población estaba bajo la línea de pobreza y la indigencia era del 17 por ciento; el trabajo informal, casi el 50 por ciento; y finalmente, la inversión directa no superaba el 12 por ciento del PBI.
Según la propuesta del Plan Fénix, las condiciones para lograr el desarrollo económico y social podían sintetizarse en un decálogo que se transcribe, intercalando una evaluación de los logros y las falencias del período que se analiza:
Acabamos de cumplir 25 años consecutivos de democracia. Se ha logrado la constitución de una Corte Suprema de Justicia que goza de reconocimiento generalizado por parte de la sociedad. El Parlamento ha recuperado una parte de su prestigio, fuertemente dañado por años de inoperancia. Queda mucho camino por recorrer, ya que el grado de participación de la comunidad en la gestión pública no ha podido encauzarse en el sistema institucional, más allá del ejercicio de la libertad de expresión y la participación regular en los actos electorales. De todos modos, no se deben minimizar los hechos de que los períodos de ruptura constitucional hayan quedado en el pasado, la sociedad se haya organizado en distintas instituciones que hacen oír su voz y los derechos humanos ocupen hoy un lugar predominante para la sociedad, que a pesar de la exasperante lentitud del juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, constituyen junto con el histórico juicio a la cúpula militar un ejemplo que muy pocos países pueden exhibir. Se deberán generar metodologías que aseguren la transparencia en la gestión tanto gubernamental como privada, aventando sospechas de corrupción y clientelismo.
El crecimiento de puestos de trabajo, de más de tres millones, es un dato relevante que no debe ser subestimado, pues es imprescindible en el proceso de mejora en la distribución del ingreso. Queda por enfrentar el nivel de remuneraciones, la calidad del empleo y una batalla aún no ganada para eliminar el trabajo no formal e infantil. Conviene recordar que a raíz de la devaluación de 2002, sectores de clase media, media baja y desocupados, y gran parte de jubilados, perdieron buena parte de su capacidad de consumo, siendo en consecuencia, una vez más, los grandes perdedores de la crisis.
La coordinación entre la función del Estado y la presencia del mercado requiere un equilibrio nada fácil de lograr. Hasta ahora, la actividad privada ha obtenido gran rentabilidad, habiéndose apoderado de la mayor parte de los frutos del crecimiento. A medida que el Estado recupere su capacidad de regulación y gestión, se podrán encarar acciones que tiendan a equilibrar la participación en el producto bruto del sector de capital y del trabajo. Esta relación ha mejorado, se puede decir levemente, pero queda un gran trecho por recorrer para llegar a guarismos que la Argentina había alcanzado en otros tiempos. Si bien, a partir del primer trimestre de 2007, el Indec ha dejado de publicar las bases de la Encuesta Permanente de Hogares, los datos disponibles permiten estimar una pobre modificación en la relación entre los deciles más pobres y los de mayores ingresos. En general, se puede decir que los sectores que más han progresado son los medios, es decir los de clase media y media alta.
El mantenimiento en línea de las variables macroeconómicas –tanto fiscales como externas y reservas de divisas– aseguran el cumplimiento de las condiciones requeridas para un despegue ordenado de la economía. La renegociación exitosa de la deuda externa, y una política cambiaria que permite desarrollar la competitividad internacional son el resultado de la consistencia de las políticas hasta ahora desarrolladas, a las que se debe agregar la mejora de los términos del intercambio. El régimen de retenciones contribuyó a este equilibrio esencial. El proceso de acelerada inflación que ha tenido por origen, principalmente, las políticas de precios desarrolladas por las empresas, en un contexto de enorme concentración y extranjerización, no pudo ser controlada por el Gobierno, quien firmó numerosos acuerdos de precios con las mismas, incumplidos en su mayoría, y terminó optando por una grosera intervención del Indec, con la manifiesta intención de manejar la información estadística, decisión política que sólo trajo inseguridad y no modificó las expectativas de los agentes económicos.
El proceso de inversión basado sobre el ahorro interno ha contribuido en forma fundamental al desarrollo industrial; en el período que nos ocupa, ha pasado de menos del 12 por ciento a cerca del 24 por ciento del PBI, dato relevante pues no sólo es un índice no alcanzado en los últimos 25 años, sino que nos ubica en un lugar destacado en el mundo por la inversión directa versus PBI. Esta circunstancia, unida a una relación cambiaria favorable a los precios externos de nuestra producción primaria y a la participación creciente de las exportaciones industriales, ha contribuido a sostener un crecimiento del total de exportaciones por encima del doble de las existentes en 2002. La caída de los altos precios internacionales de la producción primaria ha modificado el escenario, de modo que habrá que compensar la situación con un mayor volumen en producción exportable, con la búsqueda de nuevos clientes y sobre todo con un incremento de las exportaciones de origen industrial. Mientras tanto, habrá que limitar la importación de bienes de consumo y ejercer un severo control de los movimientos de divisas.
La creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el crecimiento de producción local con fuerte presencia científica y tecnológica indican la voluntad de encarar transformaciones productivas en ese mismo sentido. Queda por delante lograr la incorporación activa de las universidades y la ampliación de políticas públicas dirigidas a ese fin, proveyéndolas de los recursos pertinentes.
Es evidente que el Estado ha asumido responsabilidades en este sentido, pero el mantenimiento de índices que marcan diferencias inaceptables en materia de distribución del ingreso, sobre todo para los sectores más desprotegidos, indica que aún no se ha avanzado significativamente en la equidad. Desde luego que la universalización del beneficio jubilatorio es un paso distributivo en la buena senda. Aunque en el discurso oficial está presente el tema en forma permanente, los problemas en materia de empleo no registrado, trabajo infantil y un sistema tributario regresivo mantienen esta situación como una asignatura pendiente. Resulta fundamental insistir en que enfrentar las consecuencias de la crisis internacional no debe dejar de lado la necesidad de desarrollar políticas activas en materia de educación y salud. El sistema educativo no sólo requiere una reforma integral, desde los jardines maternales hasta la universidad, sino también enfrentar el desafío de la incorporación masiva de nuevos estudiantes, con sus requerimientos de infraestructura moderna, becas y número importante de nuevos docentes, jóvenes y capacitados.
En esta materia, la Argentina ha recuperado el comando de su propio destino. Se podrán discutir distintos aspectos de esta política, pero no cabe ninguna duda de que el avance ha sido sustantivo. Las asignaturas pendientes se conocen, en particular en materia fiscal, ya que la reforma tributaria es reclamada por vastos sectores sociales. Hemos aprendido también que la función principal de un Banco Central no debe ser la de fijar pautas de inflación, sino contribuir al pleno empleo y al bienestar general.
No se ha logrado aún que el sistema financiero sea considerado como un servicio a la producción y no un objetivo en sí mismo, actuando con demasiada independencia y fijando libremente sus ratios de rentabilidad. La reforma de la ley que regula el funcionamiento de las entidades financieras es de absoluta prioridad, pues de otro modo no se podrá encauzar al sector para el cumplimiento de sus funciones en un país democrático y moderno.
A la luz de los acontecimientos mundiales, hoy más que nunca el país deberá confiar en las fuerzas endógenas que en las situaciones anteriormente descriptas han podido generar cambios significativos en el pensamiento nacional. Se debe pensar en qué forma integrarnos en un gran bloque regional, superando las asimetrías que nuestros países presentan. Será un esfuerzo necesario para abroquelarnos y poder enfrentar los desafíos a que nos retarán desde los países centrales. Esto supone, asimismo, consolidar un mercado interno que tenga una participación creciente en el sistema productivo.
Se puede ahondar en las diferencias, errores y malas decisiones en las que, en lo cotidiano, incurre el Gobierno. Pero la obligación sigue siendo la de contribuir a mejorar la gestión y no la crítica cerril que tras objetivos políticos menores, socava la posibilidad de generar, en común, los pasos imprescindibles para enfrentar un escenario difícil e imprevisible. Consensos imprescindibles para enfrentar un escenario difícil e imprevisible. Desde luego que desde el gobierno se debe contribuir a tal fin. Desde su primer documento, el Plan Fénix ha insistido en la necesidad del consenso para acordar un Proyecto Nacional que fije las grandes líneas estratégicas de mediano y largo plazo de la nación.
Tenemos la gran oportunidad, en que asentados sobre nuevos paradigmas, se pueda entre todos construir un país que ofrezca a las nuevas generaciones un futuro con posibilidades para hombres y mujeres libres.
* Profesor Honorario de la UBA.
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