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¿Somos todos keynesianos? ¿Vuelve Keynes? Parece evidente en estos tiempos de crisis doméstica e internacional. Cuando en 1971 Nixon dijo: “Ahora somos todos keynesianos”, la frase tenía un cierto sentido. Hoy es dudosa y ambigua. Stiglitz repitió hace poco que “ahora somos todos keynesianos, incluso la derecha en Estados Unidos se sumó al bando keynesiano con un entusiasmo desenfrenado”. Pero el propio Stiglitz sucumbe a la tradición keynesiana “bastarda” cuando se preocupa por el déficit fiscal. Propone: “Bajarles los impuestos a los pobres y aumentar los beneficios de desempleo, al mismo tiempo que se aumentan los impuestos a los ricos puede estimular la economía, reducir el déficit y disminuir la desigualdad”. Siempre la preocupación por el déficit. ¿Será keynesiana tal preocupación?

Esto forma parte de una tendencia más reciente, donde Keynes y Friedman ya no se oponen sino que “interactúan”: el Estado interviene en el plano fiscal (Keynes dixit) y la política monetaria se encuentra en manos “independientes” (Friedman dixit). Por caso, Nixon tenía a Friedman como asesor, y el mismo Milton llegó a decir: “Ahora somos todos keynesianos”, aunque más tarde aclaró: “En un sentido, ahora somos todos keynesianos; en otro, ya nadie es keynesiano”. Digamos: keynesianos retóricos, aunque no keynesianos sustanciales.

Entonces, ¿”somos todos keynesianos”? La respuesta positiva parece otra vez evidente con las masivas intervenciones estatales que abundan en la crisis. Sería, se dice, un keynesianismo “forzoso”. Pero el keynesianismo queda así desdibujado en cualquier tipo de intervención estatal. En esta confusión hay una que resulta fundante: aquella que sostiene que para crecer hace falta “ahorro previo”, invirtiendo la causalidad correcta según la cual la inversión es la que determina el ahorro (y no al revés), con lo cual lo mejor de Keynes se pierde por completo. En esta línea, en el centro de las recomendaciones keynesianas (aunque el “keynesianismo” no se agote en ello) está la propuesta de estimular la demanda efectiva por medio del gasto público deficitario.

¿Qué dicen los “keynesianos” al respecto? El panorama es confuso. El propio Stiglitz defendió, en tiempos de Clinton, una suerte de “contracción fiscal expansionista”, donde la reducción del déficit público resultaría (vía expectativas o por una dudosa relación inversa entre tasa de interés e inversión) en una menor tasa de interés y en un alza de la inversión. Luego se reveló que tal “contracción fiscal expansionista” no se produjo. La expansión de los tiempos de Clinton pareció obedecer al sesgo expansivo de la política monetaria y al intento de mantener viva la burbuja accionaria. Merced a tal política monetaria los gastos privados crecieron lo suficiente para más que compensar los efectos contractivos de la política fiscal. El propio Paul Krugman (“Deficits and the Future”, The New York Times, 1/12/2008), reciente Premio Nobel y considerado un “keynesiano” más, festejaba tales superávit de los tiempos de Clinton, porque pensaba –como Stiglitz– que eso estimularía la inversión privada. ¿Y en la Argentina? ¿Somos todos keynesianos? Aquí, la promesa de un mayor gasto público, como en el anunciado plan de obras del Gobierno destinado a estimular la economía, recibe críticas instantáneas y diagnósticos sombríos de “insustentabilidad”, destilando que tras tal intento se escondería en verdad una concepción populista, irresponsable, etcétera. Con aires de suficiencia y seriedad, la sentencia se pronuncia bajo la forma de una pregunta cuasi retórica: “¿Hay billetera para hacer políticas keynesianas?”. Se responde: “Muchos dudan de que el Estado cuente con el presupuesto necesario para afrontar tal gasto...”. Impera aquí la lógica de Doña Rosa, es decir, la racionalidad de una economía familiar. Pero el tamaño del gasto público, e incluso del déficit público, no tiene nada que ver con esta racionalidad pre-keynesiana, según la cual cuando uno gana 1000 su gasto no puede ser 1500. Desde Keynes y Kalecki se sabe que esta lógica, aplicada a la economía en su conjunto, es errónea. Resulta obvio que si la economía se desacelera (existe capacidad ociosa y desempleo) no sólo es factible sino deseable “recaudar 1000 y gastar 1500”. Hay algo incluso previo a esto, y es la verdadera naturaleza de la relación entre gasto público e impuestos.

Contablemente, los ingresos del Estado representan flujos de fondos desde el sector privado hacia el Tesoro. Tales flujos reducen la cantidad de dinero disponible en la economía. Análogamente, todo gasto público representa un flujo de fondos desde el Tesoro hacia el sector privado y significa un aumento de la cantidad de dinero. El gobierno intenta así coordinar sus ingresos y gastos para mantener un nivel adecuado de liquidez en la economía (el asunto es complejo). Al inicio del ejercicio fiscal, cuando se decide el presupuesto y el gobierno compromete en alguna forma precisa sus gastos, los impuestos aún no han sido recaudados. No podrían ser recaudados al principio del ejercicio, puesto que los ingresos de los cuales se detraen no han sido aún distribuidos. Como resultado, los impuestos son en verdad una renta contingente vinculada con la percepción de ingresos por parte de los agentes privados y sólo pueden ser determinados ex post.

Surge la pregunta: ¿cómo puede ser que un ingreso ex post financie una actividad económica ex ante? Obviamente esto es imposible. De allí la pertinencia de la explicación chartalista según la cual el dinero es una creación del Estado: en esta concepción, el dinero debe gastarse antes de ser recaudado como impuestos. Dado que los impuestos sólo pueden ser recaudados ex post, si el gobierno intentara financiar sus gastos con los impuestos (como sugiere la receta ortodoxa), el sector público se pararía por entero y no estaría disponible ningún bien y servicio. Para que el gobierno desarrolle sus actividades, basta con que el “brazo bancario” del gobierno pague los cheques emitidos por el “brazo fiscal” (el Tesoro).

Luego, esos cheques son depositados por el público en los bancos privados y más tarde se hace el cargo correspondiente en la cuenta del Tesoro en el BC, mientras que en las cuentas de los agentes privados en los bancos comerciales se realiza un depósito por el mismo importe. Sólo en esta etapa el Estado comienza a recaudar sus impuestos. Asimismo, es durante esta fase cuando se destruye el dinero y la “deuda” del Tesoro con el BC es liquidada pari passu con el reflujo del impuesto. Así, los impuestos son resultado del gasto precedente de las empresas, las familias y el Estado.

En este contexto, la noción de “financiación del déficit” resulta, en rigor, incorrecta. En realidad, el déficit presupuestario, diferencia contable entre gasto inicial e ingresos por impuestos del período corriente, no puede ser considerado más que como una identidad contable ex post que ya ha sido financiada. Así, a diferencia del sector privado, mientras exista un banco central que tenga capacidad de financiar los gastos del gobierno, el Estado no se regirá nunca por los criterios de solvencia que rigen para las empresas privadas. En la concepción ortodoxa de las finanzas “sanas”, en cambio, se afirma que los impuestos son la fuente principal de financiación del gobierno y que deben evitarse la “creación monetaria” y el recurso al crédito. Es la misma lógica de una economía familiar. Un Estado “grande” necesita así mayores impuestos, que vendrían a ser recursos sustraídos de otros usos privados (crowding out), como la inversión. Así, un Estado “chico” (mínimo) es requisito del crecimiento y el desarrollo.

Por eso los gobiernos de los países como la Argentina se abstienen de comprometer gastos públicos en proyectos de infraestructura o en planes sociales. Se aduce, como hoy, que no hay recursos fiscales para financiarlos. Esto ciertamente obstaculiza la recuperación y el crecimiento, y mantiene altos niveles de pobreza, no porque los impuestos sean necesariamente bajos sino porque los gastos del gobierno están arbitrariamente ligados a los impuestos, y por ende son comprimidos arbitrariamente.

El enfoque correcto es evaluar el gasto (déficit) público por su funcionalidad con relación al conjunto de la economía y especialmente a su nivel de empleo. Las finanzas funcionales de Abba Lerner y los desarrollos posteriores de William Vickrey (Premio Nobel de Economía 1996) brindan una medida adecuada del déficit público de plena capacidad. En este enfoque, una magnitud adecuada para el déficit público de plena capacidad debe alcanzar para compensar la suma del déficit externo en cuenta corriente percibido como sustentable o deseable con el superávit del sector privado (o sea, la diferencia entre ahorro privado e inversión privada), cuando la economía opera cerca de la plena capacidad. Cualquier déficit mayor será inflacionario y cualquier déficit menor será recesivo porque implica que la economía no podrá generar demanda suficiente para operar a plena capacidad, una vez satisfecha la restricción externa. En este contexto, resulta obvio que los ingresos fiscales resultan fuertemente procíclicos y que, por ende, el déficit público es endógeno.

Recientemente se señaló que los anuncios del gobierno estaban destinados a evitar que la economía muestre números negativos luego de años de fuerte crecimiento. Varias serían las medidas que apuntan a eso: el mega-plan de obras públicas, la eliminación de la tablita de Ganancias, los adicionales para jubilados y desocupados, el financiamiento barato para la compra de autos y electrodomésticos. “Pero todo –se objeta–, a la vez, cuesta dinero.” Aquí está el quid: el costo del dinero para el Estado es cercano a cero. Que los economistas ortodoxos sostengan que estas medidas keynesianas no son aplicables, que la reducción del nivel de gasto interno es inevitable y que las políticas de expansión del gasto “sólo agravarán el ajuste posterior”, es algo esperable. Pero la falta de convicción que se aprecia en algunos funcionarios oficiales, quienes se apuran a hacer números para “demostrar” que los recursos estarían disponibles, en tanto retacean el volumen de gasto necesario para estimular la economía, es algo peligroso. Por caso, no hace mucho el ministro Julio De Vido aseguró que con la reducción de los subsidios y el sinceramiento tarifario “se logrará la consolidación del superávit fiscal”, y que el aumento de tarifas (como el transporte y la luz) permitirá financiar parte del plan de obras públicas que anunció la Presidenta recientemente. Entonces la pregunta del comienzo se transforma en una duda mortal: ¿somos en verdad todos keynesianos?

* Economista del Grupo Luján e investigador de la UNLU.