Vista la tendencia de varios bancos centrales de países OCDE de preservar, y en algunos casos incrementar, el oro metálico de sus reservas oficiales, y suponiendo que la Argentina se vuelque por igual decisión, dos podrían ser los caminos para avanzar en esa dirección. El primero, acopiando el oro nacional al ritmo que la producción local lo permita. El segundo, comprando oro extranjero. Siendo Argentina el segundo productor de oro de Sudamérica y decimocuarto a nivel global, queda claro el absurdo del último. ¿Cómo acopiar entonces el oro propio? Existirían, en principio, dos vías posibles. La primera, establecer una ley que obligue a las empresas mineras que operan en el país a vender el oro extraído al Banco Central. La venta de oro debería efectuarse a un precio en función de los costos internos de extracción, que se ubican entre los más bajos del mundo, como se jactan las empresas. El Estado fijaría la rentabilidad de las mineras, pero comprando la totalidad de su producción. La segunda vía –más extrema– implicaría la expropiación (con indemnización, previa deducción de los pasivos ambientales) de los emprendimientos auríferos cuya producción supere las 50.000 onzas troy anuales. El Estado recuperaría así una producción equivalente a las 2.500.000 onzas de oro, equivalente a 2260 millones de dólares (904 dólares/onza troy).

Esta política estaría a tono con la preocupante coyuntura internacional y con el necesario salto cualitativo que el actual modelo productivista precisa. Sería una decisión en sintonía con la creación y el accionar de Enarsa, con la recuperación de Aerolíneas Argentinas, la estatización de las AFJP, la expansión de las atribuciones de la Oncca, la creación del Ministerio de la Producción y la política económica anticrisis. Como toda política de recuperación del patrimonio público, se necesitará crear una empresa minera (aurífera en un comienzo) propiedad del Estado: Yacimientos Auríferos Fiscales Sociedad del Estado, que inmediatamente se haga cargo de los emprendimientos en producción y proyectados.

Dada la vigencia del “federalismo” minero de la década del ’90, YAF-SE debería firmar acuerdos con las provincias cuyas empresas mineras (Fomicruz SE, YMAD) se encuentran participando en convenios de gerenciamiento, explotación y/o exploración junto a las privadas, ofreciéndoles mejores participaciones accionarias y mayores regalías provinciales. Por ser una empresa estatal de proyección nacional, YAF-SE debería comprometerse con todas las provincias a reservar una parte de sus utilidades para el levantamiento de universidades y escuelas, polos industriales y centros científico-tecnológicos. También deberían anularse los programas en salud, educación y desarrollo socioeconómico que las empresas privadas mantienen con las gobernaciones, universidades e instituciones públicas provinciales. Dichas obras deberían regresar a la órbita del Estado, emulando la experiencia que en este sentido supo brindar YPF desde sus inicios hasta su privatización.