Como ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de Raúl Alfonsín, Jorge Lustondo participó de la misión que en la década del ochenta permitió colocar granos argentinos en Irán, cuando el ayatolá Komeini no los compraba a las multinacionales exportadoras y el precio de esos commodities se desplomaba. Años antes, como colaborador de Arturo Illia, su padre había tenido un logro similar en China, burlando el boicot de las transnacionales que resistían el precio sostén. El también ex vicepresidente del INTA durante la gestión de Roberto Lavagna y economista del Plan Fénix reivindica sin dudar la intervención estatal en el comercio agrario. Pero advierte que es clave cómo y cuándo hacerla, y recuerda que la gestión kirchnerista ya tuvo iniciativas de este tipo que quedaron dormidas.

¿Cómo analiza un eventual proyecto de creación de un organismo que regule el comercio de granos?

–Me parece correcto que se dote al Estado de capacidad de gestión para intervenir en la comercialización interna y externa de los productos agroalimentarios. Si Argentina va camino a registrar una cosecha de 130 millones de toneladas, debe haber un organismo con capacidad directa de colocación de los excedentes exportables y que garantice distribuir la renta agraria dentro del país.

¿Entonces no le sorprendió que surgiera esa alternativa de intervención estatal?

–Lo que no entiendo es por qué no se hizo antes. El ex presidente Néstor Kirchner tuvo a su firma un proyecto de decreto que preveía reestructurar la Oncca, dotándola de mucho más poder, lo que hubiera habilitado la posibilidad de una mayor regulación del comercio granario. También existe un proyecto dormido de la actual titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, cuando estaba en el Congreso, y que tuvo el respaldo de Alberto Cantero, presidente de la Comisión de Agricultura.

¿Por qué no prosperó?

–Se le objetaba que el organismo que se preveía crear iba a tener más atribuciones que las que tenía la Junta Nacional de Granos. Esa iniciativa ni siquiera entró a comisión. Un proceso similar ocurrió cuando la Oncca estaba comandada por Marcelo Rossi, antecesor de Ricardo Echegaray, actual titular de la AFIP. La cuestión no es intervenir sino la oportunidad de hacerlo. El campo tiene ciclos y marzo es un momento decisivo para las decisiones de siembra del trigo, por ejemplo. Los productores necesitan señales claras en materia de política fiscal y crediticia.

¿Quiere decir que es inoportuno crear ahora una entidad reguladora?

–Creo que hay otras prioridades, como la de definir las grandes pautas de la política agropecuaria. Y que una filtración y posterior desmentida enrarecen el clima y no ayuda a tomar decisiones de siembra. Hay que tener cuidado en cómo se hacen las intervenciones estatales porque, de no hacerlas bien, terminan abonando la teoría neoliberal que cuestiona ese papel estatal. Hasta ahora la política instrumentada por Guillermo Moreno terminó favoreciendo a los grupos concentrados.

Para los pequeños productores, ¿no puede ser un aliciente saber que habrá un organismo que les garantice colocar su producción en mejores condiciones que las que ofrecen las cerealeras exportadoras?

–Seguro. Pero un fuerte organismo regulador no es suficiente para proteger al pequeño productor. Hay definiciones previas sobre la política crediticia y acerca de cómo democratizar la tecnología, aspectos que son igualmente importantes. Finalmente, depende de cómo se maneje esa entidad estatal. Qué uso haga de ella el poder político para saber si realmente es eficaz para la protección de los intereses de los pequeños productores.

En definitiva, ¿es positivo que haya una entidad reguladora?

–La realidad es más compleja. Está bueno regular pero en cierto contexto global de metas fijadas de antemano. Es falsa la antinomia Junta sí o Junta no. Como lo es de retenciones sí o retenciones no. Depende de cómo se usen esas herramientas.