El Gobierno apuesta a la multiplicación del empleo como principal herramienta para reducir los problemas sociales. La importante creación de puestos de trabajo generados en el escenario posconvertible la puso a prueba. En principio, la recuperación del empleo produjo una evidente mejora en los indicadores sociales. Sin embargo, el drástico descenso del desempleo a niveles similares a los de comienzos de la década anterior no supuso una disminución proporcional de los índices de pobreza. Juan Graña, Damián Kennedy y Jimena Valdez señalan en “El ‘modelo’ de la post Convertibilidad: contenido, límites y perspectivas” que la tasa de desocupación en 2006 era similar a la de 1993 pero con una pobreza 50 por ciento superior. Ese dato muestra que los niveles salariales vigentes (a pesar de haberse recuperado) no permitieron a un vasto sector de asalariados superar el umbral de la pobreza.

Los trabajadores no registrados resultaron los más perjudicados, ya que la brecha salarial –en relación con sus pares “en blanco”– se acerca al 50 por ciento. Los asalariados informales reciben un menor ingreso, fundamentalmente por dos causas:

1 Las empresas suelen abonar salarios inferiores a los de convenio.

2 Las transferencias estatales que complementan el salario están direccionadas casi exclusivamente a los trabajadores formales.

Respecto de este último punto, la consultora SEL detalla que el monto de las asignaciones, subsidios y beneficios impositivos por hijos a cargo es de unos 15.000 millones de pesos, equivalentes al 1,5 por ciento del PIB. De ese total, la asignación por hijo a cargo insume la mayor cantidad de fondos (78 por ciento del total). Le siguen la deducción en el impuesto a las ganancias por hijo a cargo (18 por ciento) y las becas de estudio y planes sociales (con el 2 por ciento cada una). El informe sostiene que “el problema con estos instrumentos es que más del 95 por ciento del monto de transferencias beneficia a los asalariados formales, que en su gran mayoría están sobre la línea de pobreza, y a los no asalariados de las clases media alta y alta”.

Por su composición familiar, los que más necesitarían esas transferencias por hijos a cargo son los sectores más vulnerables. El 20 por ciento de los hogares más pobres tiene un promedio de 2,1 menores de 18 años a cargo. En el caso del 20 por ciento más rico esa relación es de sólo 0,4. En los tres primeros deciles (donde se encuentra la población en situación de pobreza) se concentra el 50 por ciento de los menores dependientes. La mitad de estos chicos no tiene más de 9 años y el 80 por ciento, no más de 14 años. De acuerdo con ese trabajo de SEL Consultores, “en el 30 por ciento más pobre de la población, uno de cada dos menores a cargo no es sujeto de transferencia alguna; sólo uno de cada tres pertenece a un hogar donde el padre o la madre cobran una asignación por hijo a cargo y, lo que es más sorprendente aún, apenas uno de cada ocho recibe asistencia monetaria de un plan social”.

Las diferencias en el acceso a los beneficios estatales se refuerzan con las disparidades de los montos transferidos. Mientras que el Plan Familias otorga 30 pesos por hijo a cargo, la asignación a los asalariados registrados es de 135 pesos por hijo para los que ganan hasta 2400 pesos, de 102 pesos para las remuneraciones de 2400 a 3600 pesos y de 68 pesos para los salarios de 3600 a 4800 pesos. A su vez, las familias de clase media alta y alta pueden deducir de la base imponible del Impuesto a las Ganancias 5000 pesos anuales por menor a cargo. Ese monto pasible de ser deducido se reducía a medida que las remuneraciones aumentaban. A partir de la eliminación de la tablita de Machinea, los trabajadores que perciben altos salarios podrán computar el total del importe. “Estas disparidades tan acentuadas en los montos por hijo, junto a las condicionalidades de acceso, muestran que, como están diseñadas, las transferencias hacia los menores a cargo no tienen el efecto redistributivo esperable; por el contrario, tienden a consolidar el patrón de desigualdad”, concluye el informe de SEL Consultores.

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