La Corte Suprema frenó esta semana la continuidad de la tala de bosques en Salta. El dato tiene especial actualidad por su directa relación con el conflicto principal de la estructura agraria argentina: la sojización en general y del NOA en particular. Mientras entre los censos de 1988 y 2002 el área sembrada en todo el país se expandió el 5,2 por ciento, en el NOA el incremento llegó al 48 por ciento, lo que multiplica casi por diez la media nacional. En Salta, en tanto, el crecimiento de la superficie sembrada fue del 65 por ciento. Las tres cuartas partes de las nuevas tierras incorporadas se destinaron a la producción de soja.

Según explicaba en 2005 un trabajo del investigador Daniel Slutzky, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Conicet, hasta mediados de los ‘90 la caña de azúcar, el tabaco y los cítricos fueron, junto al poroto, los cultivos tradicionales. Luego, el ciclo del poroto se retrajo por el comienzo del auge sojero. La oleaginosa ocupa hoy más del 50 por ciento de las tierras cultivadas de la provincia y sigue expandiéndose.

En el período intercensal la superficie con bosques y montes naturales pasó de 3,7 a 2,2 millones de hectáreas, una pérdida de 1,5 millón. Se calcula que desde 2002 a la fecha se desmontaron unas 800.000 hectáreas más, de las que medio millón corresponden sólo a 2007.

Si bien la tala indiscriminada se había iniciado con el poroto, se comprende en clave sojera. Los crecientes precios de la oleaginosa y las nuevas tecnologías hicieron que muchas áreas marginales se volvieran muy rentables. Los precios de la tierra y de los arrendamientos se mantuvieron rezagados en relación con la rentabilidad potencial, un retraso suficiente como para absorber los sobrecostos de desmonte y de fletes a los puertos.

Por las necesidades de escala e infraestructura del cultivo sojero las nuevas oportunidades sólo resultaron accesibles para medianos y grandes productores. Volviendo a los datos censales analizados por Slutzky, el promedio de hectáreas por unidad agropecuaria pasó en Salta de 93,7 en 1998 a 132,7 en 2002. Las explotaciones dedicadas a la soja, en tanto, promediaban en 2002 las 590 hectáreas, tamaño que superaba las medias de 145 en Córdoba y de 236 en Buenos Aires. Además, ya en el año 2000, 95 mil hectáreas estaban en manos de 19 productores y sólo uno de ellos poseía 25.000.

La concentración coexistió con la expulsión de trabajadores. La modernización tecnológica permitió una drástica disminución de los requerimientos de mano de obra que pasaron de 2,5 a 0,5 jornales por hectárea, un aumento sin precedentes de la productividad del trabajo. Su contraparte fue una significativa emigración de la población rural y la virtual desaparición de pequeños poblados. La tradicional articulación entre la gran empresa agraria y los pequeños productores, muchos de ellos indígenas, se rompió. Los campesinos de parcelas de subsistencia comenzaron a encontrar serias dificultades para complementar salarialmente sus ingresos con las demandas estacionales de la zafra de la caña y la cosecha de poroto, actividades que perdieron importancia relativa. A la realidad de los pequeños productores expulsados de sus tierras se suma la de los pueblos originarios, como los wichís. Algunos emigraron a los conurbanos de Tartagal, Embarcación y la ciudad de Salta. Otros se quedaron arrinconados en bosques que retrocedían. Parte de la población criolla del Chaco árido, pequeños puesteros, también debió emigrar, y el resto sobrevive por medio de los escasos ingresos de una ganadería practicada en condiciones cada vez más desfavorables. El fallo de la Corte conocido esta semana se inició con un recurso de amparo de 18 comunidades aborígenes. Que el mismo sistema jurídico que los excluyó de hecho de estas tierras ahora escuche sus demandas es un paso adelante. Sin embargo, será apenas un capítulo: el proceso económico que dio lugar a esta situación está lejos de detenerse.

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