Con la crisis internacional desatada en el verano de 2008 quedaron demolidos todos los dogmas neoliberales, no pudiendo negar sus fracasos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Aunque desacreditadas, estas dos instituciones aprovechan la crisis internacional para volver a ubicarse en el frente de la escena.

Durante décadas esas instituciones han impuesto por la fuerza medidas de desregulación y programas de ajuste estructural que han conducido a la actual crisis. Se trata de un fiasco para el Banco Mundial y el FMI por el que hoy deben responder por ante la opinión pública mundial. Por añadidura, sus previsiones económicas no son fiables: en noviembre de 2008, el FMI pronosticó un crecimiento mundial del 2,2 por ciento para 2009, luego lo corrigió al 0,5 por ciento en enero, y finalmente estimó, en marzo, que será negativo. En realidad, sus expertos defienden los intereses de los grandes acreedores.

Mientras que la situación económica se deteriora rápidamente, los grandes banqueros del mundo se esfuerzan en dar al FMI desacreditado y deslegitimado el papel del caballero blanco que va a ayudar a los pobres a hacer frente a las devastaciones de esta crisis. Ahora bien, lo que sucede es lo contrario: los principios defendidos por el FMI desde los años ochenta están todavía vigentes. Los gobiernos que firman un acuerdo con el FMI para recibir fondos deben aplicar siempre las mismas recetas, que degradan aún más las condiciones de vida de las poblaciones.

Bajo la presión del FMI dirigido por Dominique Strauss-Kahn, varios países enfrentados a los efectos de la crisis eligieron como factores de ajuste los asalariados y los subsidios sociales. Letonia impuso una reducción del 15 por ciento en los salarios de los empleados públicos, Hungría les suprimió el salario del 13er mes (después de haber reducido las jubilaciones en el marco de un acuerdo previo) y Rumania está a punto de encaminarse también por esta vía. La poción es tan amarga que algunos gobiernos vacilan. Por ello Ucrania juzgó recientemente como “inaceptables” las condiciones impuestas por el FMI, en particular el aumento progresivo de la edad de jubilación y el aumento de las tarifas.

Existe el doble discurso del FMI y de Dominique Strauss-Kahn, que por una parte piden a la comunidad internacional aumentar los esfuerzos para lograr objetivos de desarrollo del milenio y, por otra parte, fuerzan a los gobiernos a bajar los salarios de sus empleados públicos. Se trata de propugnar exactamente lo contrario de una verdadera política destinada a hacer frente a la crisis defendiendo el interés de los que son víctimas.

Para responder a la crisis de los años ‘30, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había sido empujado por la movilización social a reducir el tiempo de trabajo aumentando al mismo tiempo los salarios, las asignaciones sociales y los derechos de los trabajadores, en particular garantizando el derecho de sindicalización. Con el New Deal, Roosevelt había establecido una reforma fiscal que aumentaba los impuestos sobre el capital. El “socialista” Dominique Strauss-Kahn está bien lejos de tener la grandeza de Franklin Roosevelt y sigue, cueste lo que cueste, defendiendo los intereses de los grandes acreedores que lo nombraron para ocupar ese lucrativo puesto.

Una vez más el FMI demuestra que es un dócil instrumento al servicio de los mismos que han provocado la actual crisis financiera. En este período de gran inestabilidad monetaria (como lo muestran las enormes variaciones en la paridad entre el dólar y el euro desde hace un año), el FMI se muestra incapaz de proponer la puesta en marcha de una tasa (o impuesto) del tipo Tobin-Spahn que reduciría las variaciones de las cotizaciones combatiendo la especulación y permitiendo juntar los fondos necesarios para erradicar la pobreza y liberar el desarrollo.

La crisis financiera y económica mundial destaca el fiasco de la desregulación de los mercados financieros así como el fracaso del abandono del control sobre los movimientos de capitales, ambos predicados por el FMI. Eso hace indispensable la búsqueda de una nueva arquitectura internacional basada en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986). Pero tal lógica no podrá imponerse sin una inversión de las relaciones de fuerza. Si, bajo el empuje de las movilizaciones populares, un número suficientemente grande de gobiernos no establece tal alternativa, el Banco Mundial y el FMI estarán en condiciones de superar su crisis aprovechando la caída de los precios de los productos básicos, para llevar a los países débiles hacia una nueva dependencia de sus créditos, acción cuyo meollo será el objetivo de salvar al sistema en vez de satisfacer criterios humanos y ecológicos.

Por todas las razones mencionadas, la solución es la abolición del FMI y del Banco Mundial, y su reemplazo por instituciones diferentes, centradas en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.

* Eric Toussaint es presidente del Cadtm Bélgica (Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo www.cadtm.org) y Damien Millet, portavoz del Cadtm Francia.