Esta semana el Ministerio de la Producción puso fin al régimen de importación temporaria que beneficiaba a la industria aceitera, sistema que básicamente eximía de impuestos internos a la soja que ingresaba desde el Mercosur para ser utilizada como insumo industrial. Cuando en 2004 la administración de Néstor Kirchner estableció el mecanismo se lo consideró como una forma indirecta de que las retenciones a las exportaciones industriales alcancen sólo al valor agregado sectorial y no a los insumos. Vale recordar que el punto de gravar implícitamente a los insumos y no sólo a la agregación de valor es una de las críticas tradicionales de la agroindustria a las retenciones, memoria que para ser completa debe sumar que a mayor valor agregado menor alícuota de retenciones.

La industria aceitera local es uno de los complejos oleaginosos más grandes del mundo. De las seis principales empresas, que concentran casi el 80 por ciento del mercado, la mitad son multinacionales: Dreyfus, Cargill y Bunge, y la otra mitad nacionales; Molinos, Vicentín y General Deheza. En la última década la capacidad de crushing se triplicó ubicándose por encima de las posibilidades de provisión nacional de insumos. Se estima que la capacidad de molienda ronda los 50 millones de toneladas, cifra similar a la cosecha que se espera para este año. En 2008 se importaron unas tres millones de toneladas de Paraguay. En lo que va de 2009 también se realizaron algunas importaciones menores desde Bolivia. La operatoria se beneficiaba también por la reducción de costos asociada al transporte fluvial, pues la mayoría de las plantas se encuentran en la provincia de Santa Fe, a la vera del río Paraná. Dado que la producción se exporta en su totalidad, las plantas ubicadas lejos de los puertos son en general antiguas y tienden a ser reemplazadas. Del total de la producción primaria de soja tradicionalmente se destinaron a industria unos 2/3 del total.

La medida que dispuso más restricciones al régimen de importación temporaria recibió algunas respuestas previsibles. Una de las quejas fue que se atacaba a la industria del crushing en el marco del conflicto que las corporaciones agropecuarias mantienen con las políticas públicas, lo que sería sorprendente, pues la relación del Gobierno con el sector fue siempre muy buena. Se agregó que en un escenario de menor producción por sequías, como el de la campaña actual, las aceiteras dejarán ociosa buena parte de su inmensa capacidad instalada. La industria, en tanto, ensayó la defensa clásica y amenazó con probables despidos de operarios que, dado el aumento del tamaño y productividad de las plantas industriales, son cada vez menos. También se habló de que dejarían de cumplirse compromisos con el exterior. Si se toman las cifras difundidas por la AFIP, sólo en 2008 la exención se llevó 421 millones de dólares en concepto de IVA y Ganancias no pagados.

Fuentes gubernamentales consideraron que la respuesta a la medida fue exagerada, pues no se trata de una prohibición de importar. Negaron que la acción fuese un castigo a la industria por ser parte integrante de la trama que cuestiona las políticas públicas, y la presentaron como un intento por “dinamizar la demanda interna”. Se calcula que existen alrededor de 5 millones de toneladas de soja almacenadas en bolsas silo en los campos. El Gobierno cree que a partir del subsidio a la importación las aceiteras se verán obligadas a demandar el insumo internamente, con el consecuente efecto multiplicador con el que “el campo” siempre viste a sus actividades. El resultado final sería un efecto positivo sobre el precio recibido por los productores primarios. Desde la industria sostienen en cambio que se desconoce el verdadero proceso de formación de precios, aunque difícilmente se refieran al carácter oligopsónico de las compras.

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