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El segundo estado más pequeño de Estados Unidos, Delaware, ofrece una serie de interesantes beneficios para las empresas radicadas en su territorio, como no cobrar impuestos a las ganancias a las empresas por las actividades que realizan fuera de sus “fronteras”. Viven menos de 900.000 personas pero más de la mitad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York están radicadas allí. Un solo edificio en el microcentro de Wilmington, la ciudad más grande, es el domicilio legal de más de 200.000 compañías norteamericanas como Coca-Cola, Ford, General Motors y American Airlines. El 83 por ciento de las empresas estadounidenses más grandes tienen subsidiarias en paraísos fiscales. En las Islas Caimán hay otro edificio que supuestamente alberga 12 mil empresas basadas en los Estados Unidos. “Ese debe ser el edificio más grande del mundo o la mayor estafa impositiva de la historia, y nosotros sabemos cuál es”, declaró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sin mencionar lo que pasa en Delaware, a tan sólo 162 kilómetros de la Casa Blanca. Su vicepresidente, Joe Biden, fue senador por ese estado.

En la Premier League, el torneo de fútbol de primera de Inglaterra, más de un tercio de los equipos están controlados por empresas radicadas en jurisdicciones off-shore. Kop Football Company, la dueña del Liverpool donde juega Javier Mascherano, tiene su domicilio en las Islas Caimán. El mayor accionista del Everton posee sus títulos a través de una compañía de las Islas Vírgenes. Allí también están situadas las empresas del multimillonario egipcio, Mohammed Al Fayed, a través de las que controla al Fulham y al Portsmouth.

La mayoría de los bancos que operan en Argentina son, en parte, propiedad de empresas con el mismo nombre radicadas en paraísos y tienen filiales en Uruguay o alguna isla caribeña para facilitar los movimientos irregulares de sus grandes clientes. Las multinacionales tienen cuentas y subsidiarias fantasma dispersas en varios refugios para derivar utilidades sin pagar impuestos y realizar todo tipo de maniobras que requieran ser cubiertas. Los paraísos fiscales son una fuente inagotable de elusión, evasión y ocultamiento de operaciones poco transparentes de grandes inversores particulares, empresas y bancos.

La crisis internacional y la necesidad de re-regular el sistema financiero volvieron a poner a los paraísos fiscales en el centro de atención. Estas jurisdicciones se caracterizan por la ausencia de impuestos (o tasas muy bajas), ofrecer secreto bancario y poseer regulaciones laxas. La actividad de los refugios está asociada con la evasión tributaria, las maniobras para ocultar flujos de ingresos y riquezas, el narcotráfico, la venta ilegal de armas y la corrupción. Además, funcionan como un instrumento fundamental en la fuga de capitales de las economías periféricas como Argentina. Sin hacer muchas preguntas y asegurando el anonimato, los bancos permiten blanquear el dinero y recircularlo.

La organización inglesa Tax Justice Network (TJN) estima que “custodian” alrededor de 11,5 billones de dólares irregulares. “Los paraísos fiscales permiten que las grandes empresas y los ricos aprovechen los beneficios dentro de las fronteras de los países, y utilicen el mundo off-shore para escapar de sus responsabilidades de pagar por ellos. Los refugios profundizan la desigualdad y la pobreza, corroen la democracia, distorsionan los mercados, aceleran la fuga de capitales desde los países pobres y promueven la corrupción”, sentencia TJN.

Los países en desarrollo experimentan una salida de fondos hacia estos destinos que supera los 500.000 millones anuales, perdiendo de recaudar miles de millones de impuestos cada año. Las estimaciones varían y en 2006, según los cálculos de Global Finance Integrity, se fugaron de esas economías entre 858 mil millones y 1 billón de dólares. Los principales responsables de ese drenaje son las empresas multinacionales y los sectores acaudalados a través de mecanismos “legales”.

El paraíso más popular del mundo es Hong Kong, región administrativa especial de China. Los puestos siguientes los ocupan las Islas Caimán, Singapur, Suiza, Luxemburgo, Bermudas, las Islas Vírgenes británicas, Jersey, Mauricio, Bahamas, Guersney, la Isla de Man, Panamá, Costa Rica y las Antillas Holandesas.

El comunicado final de la reunión del G-20 sentenció el fin de la era del secreto bancario y amenazó con sancionar a aquellos que no cumplieran con los estándares internacionales de cooperación en materia impositiva. Los “avances” alcanzados resultan insignificantes para los países de la periferia, que para poder controlar las salidas de capitales y la evasión impositiva a través de estos refugios necesitan que el intercambio de información entre países sea automático y sin demoras.

El mundo off-shore es señalado como uno de los responsables de la actual crisis. Estas jurisdicciones crean opacidad en el desregulado sistema financiero. Los paraísos fiscales permiten que las compañías transnacionales transfieran utilidades sin pagar los impuestos correspondientes. Mediante la creación de empresas fantasma radicadas en estas jurisdicciones pueden crear posiciones monopólicas ocultas. Para el exterior las firmas parecen desconectadas, pero en realidad coinciden con las grandes corporaciones. Algunos especialistas señalan que la capacidad de los paraísos fiscales para crear incertidumbre sobre qué pertenece a quién colaboró en el estallido de la crisis. Richard Murphy y John Cristensen, de TJN, señalan que “para asegurar calificaciones crediticias más elevadas se utilizaron subsidiarias off-shore para aislar la propiedad de algunos vehículos financieros de sus empresas on-shore”. Además, los servicios de los bancos facilitan a las empresas transnacionales los aceitados canales de pago de coimas casi sin dejar rastros.

LA LISTA NEGRA

Presionada por algunos miembros del G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer una lista de paraísos horas después de la publicación del comunicado final de la cumbre. En menos de una semana se vació la lista negra. Los pocos países que no cooperaban (Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas) se movieron rápido, firmaron los papeles necesarios y pasaron a formar parte del grupo intermedio, los que suscriben los estándares internacionales pero no los implementan. Otros refugios fiscales protagonistas de varias películas de Hollywood consiguieron cerrar los convenios algunos días antes de la cumbre del G-20 y fueron colocadas en la lista gris evitando el “escrache” y la posibilidad de ser sancionados.

Firmando tan sólo doce Acuerdos de Intercambio de Información Impositiva (TIEA, por sus siglas en inglés), los refugios fiscales lograron pasar al grupo de jurisdicciones que implementan los estándares internacionales. En una clara muestra de solidaridad corporativa, varios convenios bilaterales se rubrican entre dos paraísos. Otra estrategia para juntar los tratados necesarios es firmarlos con lugares como Groenlandia o las Islas Faroe, como hicieron las Islas Caimán el día anterior a la publicación de las listas, de donde es casi imposible que surjan pedidos de información. La facilidad para cambiar de tonalidades en esa lista deja en descubierto la laxitud de las reglamentaciones OCDE, las enormes dificultades que existen para solicitar información bajo estos acuerdos y la facilidad con la que son rechazados esos pedidos por los paraísos fiscales que, en teoría, cooperan.

Un informe reciente de TJN señala que “existen entre 50 y 72 refugios y más de 100 países con los que podrían negociar acuerdos. Pero a marzo de 2009 sólo se firmaron 49 TIEA entre países de la OCDE y estas jurisdicciones, y sólo 18 entraron en vigencia. Estos acuerdos no funcionan para los países en desarrollo”. Lee Sheppard, abogada experta en temas tributarios, asegura que “los estándares para el intercambio de información de la OCDE no valen nada. El intercambio es esporádico, difícil y limitado, incluso en las mejores circunstancias. Cuando se solicitan datos a un paraíso bancario, el intercambio es casi imposible”.

La isla de Jersey, dependencia de la Corona británica ubicada en el Canal de la Mancha, al sur de Inglaterra, es un popular refugio fiscal pero no entra en la lista de “paraísos” que elaboró la OCDE gracias a una serie de acuerdos bilaterales que firmó en los últimos meses. “Estamos encantados de que la cumbre del G-20 haya confirmado que Jersey está entre las principales jurisdicciones que cumplen con los más altos estándares de transparencia y regulación. Esto demuestra que la isla no es un paraíso fiscal”, se congratuló la semana pasada el responsable de las finanzas de la isla y antiguo directivo del HSBC, Geoff Cook. La isla tiene alrededor de 92 mil habitantes, y el sector financiero representa cerca del 60 por ciento del PIB, el resto se lo reparten entre el turismo y la agricultura. Barclays, BBVA, BNP, Citibank, Deutsche, HSBC, UBS, Lloyds, Standard y JP Morgan son algunos de los bancos internacionales que tienen filiales en los 118 kilómetros cuadrados de la isla.

En noviembre de 2001, las autoridades de la isla establecieron un TIEA con Estados Unidos. Desde ese momento, la principal potencia mundial sólo obtuvo respuesta en cinco de sus pedidos de información a la pequeña dependencia británica. “No queda claro cómo se benefician de este proceso los países en desarrollo. No existe ningún signo de que la isla esté dispuesta a firmar acuerdos con algún país en desarrollo. Aun cuando esto suceda, casi no hay posibilidad de que el país solicitante pueda elaborar un caso en el nivel de detalle necesario para que el intercambio de información sea posible. El intercambio automático y multilateral de información resolvería esta situación”, sostiene Richard Murphy.

ARGENTINA Y URUGUAY

El especialista en cuestiones fiscales del Cefid-Ar, Jorge Gaggero, considera que la respuesta es eliminar los refugios fiscales. Si bien es un proceso que no puede suceder de manera inmediata, el economista advierte que los “avances” que se dieron tras la reunión del G-20 no mueven el amperímetro de los países en desarrollo como Argentina. “Si los pedidos de información, y las respuestas, no funcionan automática y masivamente, los paraísos continúan actuando sin problemas y siguen la fuga y la evasión impositiva. Las listas y los acuerdos de cooperación son eficaces para ciertos temas puntuales que interesan a los países centrales, como controlar el financiamiento al terrorismo y el narcotráfico, pero es cosmético para nuestros países”, explicó. Las diferentes jurisdicciones suscriben los acuerdos, aseguran que quieren cooperar, pero hasta que los implementan pueden llegar a pasar más de 9 años, como son los casos de las Bermudas, Antillas Holandesas y San Marino, que se comprometieron en el 2000 pero todavía no aplican los laxos estándares de la OCDE. Además, incluso aplicándolos, los países pueden poner requisitos para compartir la información, como lo hizo Uruguay.

El gobierno de la banda oriental se aseguró salir de la “lista negra”, pero informó que levantaría el secreto bancario –que rige desde 1982– cuando exista un Tratado de Doble Tributación (DTA) bilateral con el país solicitante. Los DTA buscan evitar la doble imposición e impulsar la inversión extranjera. Al momento de pagar impuestos, estos acuerdos favorecen al país de origen, que es quien tiene el derecho de recaudarlos, y no al lugar donde efectivamente se realiza la actividad económica. El director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas uruguaya, David Eibe, reconoció “que una negociación de este tipo en el actual contexto del Mercosur no parece adecuada. Uruguay va a elegir con qué Estados celebra esos acuerdos. Serán aquellos países con los cuales tiene interés en generar un clima de inversión”.

El 90 por ciento de los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario uruguayo son argentinos. El país vecino tampoco proporciona información catastral de Punta del Este y permite el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina que buscan evitar las cargas fiscales locales. Gaggero advierte que en los últimos años no se registraron acciones relevantes del Estado nacional para “forzar los límites informativos e institucionales que genera una situación de tanta debilidad y peligrosidad que erosiona la situación fiscal”. La Dirección de Cuentas Internacionales calcula que los fondos argentinos en el exterior superan los 140 mil millones. La mayor parte de ese dinero no paga impuestos.