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Es jueves por la tarde y la puerta del Ministerio de Trabajo está colmada de trabajadores metalúrgicos que tiran bombas de estruendo, hacen sonar sus bombos y escuchan una grabación de la marcha peronista a todo volumen. Adentro, en el piso 13, el ministro Carlos Tomada se prepara para comenzar la entrevista con Cash sin poder sustraerse de lo que ocurre afuera.

Otra vez hay manifestaciones en la puerta del ministerio.

–Sí, pero son cualitativamente diferentes. Cuando asumí como ministro, en mayo de 2003, nuestra tarea principal era la administración de los planes Jefas y Jefes de Hogar. La Secretaría de Empleo, que tiene los mejores recursos humanos y profesionales en políticas laborales, estaba abocada casi exclusivamente a los planes. En la puerta del ministerio había tres movilizaciones por día de gente que antes que nada reclamaba ser vista. Estaban absolutamente excluidos. Yo, que venía del campo sindical, estaba acostumbrado a negociar convenios y salarios y tuve que aprender a negociar kilos de carne y pan. Todavía tengo guardadas las actas. Esa era la Argentina que existía cuando asumimos. Ahora, en cambio, esta movilización de la UOM –señala la ventana– es una música maravillosa. Es el movimiento obrero organizado reclamando un aumento salarial. Expresa la Argentina que queremos. Además, son obreros industriales lo que también evidencia el modelo que hemos elegido. En aquel momento decía que el día que tuvieran este tipo de manifestaciones en la puerta iba a considerar que parte de la tarea estaba cumplida, aunque todavía queda mucho por hacer.

¿Expresa sólo la dinámica que genera la discusión de las paritarias o también evidencia un incremento de la conflictividad social por la crisis?

–Por lo menos, hasta ahora tiendo a enmarcarlo como parte de un proceso de negociación colectiva más instalado. Un funcionamiento más natural de la tensión propia entre el capital y el trabajo. No tenemos en la negociación colectiva un elemento distintivo vinculado con el impacto de la crisis financiera internacional sobre la economía real. Tal vez el único, es una mayor heterogeneidad sectorial. Entre 2005 y 2008 las negociaciones fueron más homogéneas, si bien tenían algunos grados de apertura. Eran todas por un año y alrededor de un número referencial. Hoy, en cambio, hay sectores que negocian por seis meses y otros por un año. Algunos acuerdan aumentos porcentuales y otros una suma fija, mejoras que pueden o no ser remunerativas.

¿Cuál viene siendo el aumento salarial promedio?

–La referencia está marcada por el Estado, el sector de la construcción y algún otro gremio más que fijaron un número cercano al 15 por ciento, pero cuando Moyano dice que no hay piso ni techo tiene razón. De hecho, el año pasado el número de referencia fue 19 por ciento y hubo convenios que firmaron por 17 y otros por 30 por ciento.

¿Las paritarias vienen demoradas por la crisis?

–Las negociaciones transcurren con mayores dificultades, pero hay que decir que nosotros somos una rara avis porque en estos momentos en la mayoría de los países no se discuten aumentos de salarios. Ni siquiera han atinado a la firma de algún acuerdo marco como muchas veces han hecho en España. Lo que ocurre es que estamos hablando de países que tienen pérdidas de empleo que han llevado casi a duplicar, y en algunos casos triplicar, la desocupación que tenían hasta el año pasado. Esto demuestra que la crisis nuestra tiene que ver más con expectativas que con daños en la economía real. Nadie se está negando a la negociación de convenios. El Gobierno aumentó las jubilaciones y los salarios de los trabajadores del sector público. Además, fijó el salario mínimo docente. Todo eso es acompañado desde el sector privado. El gremio de comercio, que es el más importante de la actividad privada con casi a un millón de trabajadores, acaba de firmar su paritaria. Acordó 300 pesos como suma fija por seis meses. Y los metalúrgicos están negociando ahora porque el convenio terminó en marzo.

¿Se está acordando un mayor número de sumas fijas que de porcentajes?

–No, está repartido. Ahora se está cerrando el acuerdo de los bancarios que es por porcentaje e incluso en algunas negociaciones por empresa también se acordaron aumentos porcentuales. En realidad, en algunos casos se acordó una suma fija para sortear el proceso electoral y la incertidumbre sobre lo que ocurre con la crisis internacional.

¿En este contexto se encuentran en peor situación los contratados y los informales?

–Sí, porque la expectativa negativa lleva a desensillar hasta que aclare y la primera decisión es no renovar los contratos que van venciendo. Eso es lo que está caracterizando al mercado laboral. Hay una caída de las contrataciones. Los despidos han tenido un incremento muy leve. En octubre del año pasado, cuando apareció la punta del iceberg de la crisis internacional nos auguraban un escenario de despidos masivos. Algunos gurúes porque viven viendo catástrofes a la vuelta de la esquina y otros porque estaban sinceramente preocupados. En ese momento, la Presidenta reaccionó en forma instantánea y dejó en claro que el principal objetivo era defender el trabajo. El mismo énfasis que todos pusimos para generar un crecimiento inédito de los puestos de trabajo durante los últimos cinco años, lo pusimos también para defender el empleo. Hubo varias empresas que habían empezado a despedir y las hicimos dar marcha atrás. Por ejemplo, Easy, Walmart y Carrefour.

¿Las empresas qué decían?

–Que necesitaban hacer los despidos porque no podían enfrentar la situación.

¿Y cuando los frenaron?

–No pasó nada. Se incorporaron. Todos nosotros sabemos que cuando una empresa se quedó sin mercado y no puede más no retrotrae el despido. Acá volvieron para atrás. A partir de entonces nos metimos con el procedimiento preventivo de crisis que es la forma de generar espacios para que estas decisiones, que a veces eran absolutamente intempestivas, empezaran a tener un freno. Sobre 460 medidas que se plantearon de despidos colectivos se retrotrajo el 65 por ciento y otras se convirtieron en suspensiones. Esos despidos hubieran generado una ola que se habría alimentado a sí misma. Sin embargo, quedaron muy limitados.

¿Cuántos trabajadores de empresas privadas cobran una parte de su salario a través del Programa de Recuperación Productiva?

–Era un instrumento que teníamos con muy baja utilización y que ahora abarca a cerca de 70 mil trabajadores. Lo damos por tres meses y después damos la opción de renovar. De hecho, algunas pymes que comenzaron a mejorar no renovaron.

¿Por qué ese programa financia también el pago de salarios a multinacionales que ganaron muchísimo dinero durante los últimos seis años, como las automotrices?

–No ha ocurrido con todas. Ocurrió con Volkswagen y Peugeot. Es cierto lo que señalan, pero son empresas con importante dotación de personal en el país que registraron fuertes caídas a nivel mundial y si podemos ayudarlas lo vamos a hacer. De todas maneras, es una medida coyuntural porque está claro que el Estado argentino no está para subsidiar terminales.

¿Por qué descartaron la prohibición de despidos que solicitó la CTA?

–Cuando me reuní con la CTA en octubre del año pasado les dije que comprometía la acción del Gobierno para evitar despidos colectivos. En ese momento, ellos me pedían esa medida por seis meses. Ya hemos superado ese tiempo y no tenemos gran cantidad de despidos. Hoy todavía estamos en condiciones de defender el empleo con políticas proactivas en términos de nivel de actividad. No estamos enfrentando una situación de deterioro a través de despidos masivos. Ni siquiera me tengo que referenciar con estadísticas. Me alcanza con ver lo que pasa en los lugares que visito. Tenemos los casos de Mahle, Massuh o Novatech, pero el Estado ha respondido ante todas esas situaciones con acciones de distinto orden. Novatech fue comprada por empresarios argentinos, Massuh implica una intervención estatal más fuerte y de Mahle se está haciendo cargo la empresa Vasena.

Tampoco decidieron aplicar la doble indemnización sugerida por la CGT.

–No hay una evidencia empírica que demuestre que la doble indemnización signifique un freno objetivo. Durante la crisis de 2001 hubo miles de despidos pese a la doble indemnización. Tampoco significaba un obstáculo para el mercado de trabajo porque con la doble indemnización vigente, si bien la fuimos bajando progresivamente, el incremento del empleo terminó siendo notable.

¿Y la asignación familiar universal?

–Estamos tomando otro conjunto de medidas que van en esa dirección porque creemos que es necesaria una política social más abarcativa. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se avanzó con el seguro de familia, con la ampliación del plan y se planteó el pago de una asignación familiar para los monotributistas sociales. En algunas provincias están desarrollando planes de carácter universal. Además, hemos mejorado el seguro de capacitación y empleo, un seguro no contributivo dentro del cual hemos empezado a contemplar a otros colectivos. Por ejemplo, desde el año pasado estamos incorporando a todos los padres cuyos hijos son detectados en situación de trabajo infantil. También propiciamos la jubilación de 1,8 millón de personas que no cumplían los requisitos para acceder a ese beneficio. Estamos ampliando la cobertura social, pero la apuesta principal del Gobierno está pasando, como siempre, por la inclusión social a partir del trabajo

El Indec informó que la tasa de empleo en el primer trimestre subió con relación al mismo período del año pasado, ¿cómo se explica eso en el actual contexto de crisis?

–El empleo asalariado formal empezó a caer en el cuarto trimestre de 2008, pero previo a eso el empleo registrado crecía. Por eso cuando se compara el primer trimestre de 2009 con el mismo período de 2008 todavía se observa un crecimiento. De hecho, la industria automotriz muestra un crecimiento de más de 6 puntos, pese a que en los últimos meses sufrió una fuerte desaceleración. En este punto lo importante es que, más allá de lo ocurrido en este último trimestre, cuando uno ve la película se encuentra con que desde el primer trimestre de 2003 se crearon 2,2 millones de empleos registrados y ya estamos en 6,7 millones. Lo mismo debemos destacar en el caso de la negociación colectiva. Empezamos con 1,7 millón de trabajadores cubiertos por convenios colectivos y hoy tenemos cerca de 6 millones.

En las negociaciones colectivas de los últimos años se negociaron aumentos de salarios con porcentajes elevados, pero una de las críticas es que no se aprovechó para mejorar las condiciones laborales.

–Hubo un progresivo desmantelamiento de las condiciones laborales establecidas durante los `90 y se introdujeron, por ejemplo, contenidos que tienen que ver con cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, jornadas y licencias y restricciones a las pasantías. No obstante, es cierto que tendría que haber habido más actividad en materia de mejora en las condiciones de trabajo. La necesidad de recuperar los salarios fue muy dominante después de la crisis, pero lo que tiene este proceso de negociación como hecho inédito es su continuidad y eso permite recuperaciones correctivas y otro tipos de progresiones: establecer estructuras salariales que tengan más que ver con la realidad, categorías ocupacionales que se relacionen con los puestos en la fábricas, extensión de las categorías de convenios hacia niveles más técnicos.

¿La cláusula de polivalencia funcional debería removerse o llegó para quedarse porque cambió la organización del trabajo?

–No creo que haya llegado para quedarse. Es un debate pendiente porque la polivalencia funcional, entendida como sobreexplotación, que fue el sentido que se le dio en los ‘90, es reprobable. Aunque también es cierto que los contenidos de los puestos de trabajo se han modificado y el enriquecimiento de las tareas es un hecho. Debemos dar cuenta de ciertos cambios que se han producido en la organización del trabajo para lograr que lo que pasa en la realidad sea regulado en el convenio colectivo porque también es perverso defender el convenio colectivo y que la realidad pase por otro lado. En los ‘90 hubo dos estrategias empresarias: Una fue introducir el artículo de la polivalencia en los convenios y la otra fue dejar de lado los convenios. Esto último fue lo que hicieron los empresarios metalúrgicos. Dejaron el convenio sin renovar y la conformación de la estructura de puestos en las compañías terminó yendo por afuera. Lo único que logró confrontar contra eso fue cierta presión sindical en el ámbito de trabajo que logró que se moderara la sobreexplotación. Tenemos que encontrar la manera de regular a través de los convenios colectivos la nueva realidad productiva ahora que hay un mayor protagonismo sindical.

Después de las elecciones se va a llamar al Consejo del Salario.

–Sí, normalmente para el mes de julio se convoca al Consejo del Salario y lo vamos a hacer. De hecho, han estado trabajando las comisiones. Supongo que también las centrales sindicales van a plantear una suba del seguro de desempleo porque el Consejo del Salario es el órgano competente para su tratamiento.

¿Hay que subirlo?

–Creo que sí. El año pasado no se subió y creo que deberíamos actualizarlo, pero tenemos que sacarle connotaciones catastrofistas como seguramente van a querer darle. En general, todos los aspectos de la protección social requieren actualizaciones. De hecho, las hemos estado haciendo y las vamos a volver a hacer.