La sustentabilidad de los sistemas previsionales es un debate instalado mundialmente. Consecuencia de fenómenos sociales como el aumento en el promedio de vida y el descenso en las tasas de natalidad, el financiamiento de las jubilaciones resulta un desafío. Por ejemplo, los especialistas en la materia sostienen que para autofinanciar un régimen solidario la relación entre los trabajadores activos aportantes y los pasivos no debe ser menor a cuatro. En la Argentina esa relación es cercana a la unidad. Si se eliminara el trabajo no registrado y se terminara con el desempleo, ese coeficiente subiría apenas a 2,5. Ese dato explica por qué la mitad del presupuesto de la Anses debe ser cubierto con recursos tributarios. La recaudación en concepto de aportes y contribuciones patronales no alcanza a cubrir todas las prestaciones abonadas por ese organismo estatal.

A pesar de esas limitaciones financieras, la situación de los jubilados sufrió una notoria mejora a partir de 2002. Los perceptores de la jubilación mínima gozaron de una importante recuperación de su poder adquisitivo. El otorgamiento de sucesivos aumentos dio fin a más de diez años de congelamiento de haberes. En el período 2002-2008, esas jubilaciones se incrementaron 360 por ciento.

Por otra parte, el porcentaje de beneficiarios cubiertos por el sistema de previsión social tuvo un sustancial incremento producto de la implementación de una generosa moratoria previsional. Ese régimen especial permitió la inclusión de 1.500.000 adultos mayores que se encontraban sin ningún tipo de cobertura. Según los datos brindados por la Anses, el grado de cobertura pasó de un 68,3 por ciento (año 2003) a un 85 por ciento (2007).

La contracara de esos datos auspiciosos fue el achatamiento registrado en la pirámide previsional. Esto se debió a que los haberes mínimos se recompusieron a un ritmo mayor que lo que aconteció con aquellas prestaciones que superaban ese umbral. Como resultado de ese proceso, más del 70 por ciento de los jubilados terminó cobrando el haber mínimo.

El incremento de los recursos destinados a la población pasiva se reflejó en un firme aumento del presupuesto respectivo. Actualmente, los gastos en seguridad social superan el 6 por ciento del PIB.

De todos modos, los reclamos judiciales y mediáticos siguen siendo persistentes. Los aún bajos haberes explican las demandas de los jubilados y pensionados. Uno de los reclamos más difundidos es la aplicación de la cláusula del 82 por ciento móvil. Solamente contemplada en algunos regímenes especiales, el 82 por ciento móvil es un recuerdo del pasado.

Más allá de su factibilidad presupuestaria, el reciente trabajo Reforma previsional. ¿El inicio de una nueva generación de reformas?, de Alfredo Iñíguez, Ramiro Manzanal y Rafael Selva, aporta algunos elementos que resultan interesantes para analizar esa histórica demanda.

Esa troika de economistas afirma que si se implementara el 82 por ciento móvil se estaría incurriendo en un gasto pro-rico. Se denomina así a aquella erogación que provoca que los estratos de mayores ingresos reciban un monto mayor que los recibidos por los sectores de menores ingresos.

Los autores sostienen que “un sistema previsional universal que paga haberes proporcionales al ingreso obtenido en la vida activa (70 u 82 por ciento) a todos los mayores de edad no sólo es pro-rico sino que, por las diferencias en la esperanza de vida entre ricos y pobres, sería regresivo”. Además, Iñíguez, Manzanal y Selva afirman que al excluirse una proporción importante de la población que no tiene la cantidad de años necesaria para jubilarse (trabajadores informales, desempleados), que están concentrados en los sectores de menores ingresos, el sistema jubilatorio pasa a ser regresivo. “Quienes reclaman un sistema jubilatorio que respete el 82 por ciento móvil están propugnando por un sistema que no sólo no morigera las desigualdades sino que las profundiza”, concluyen esos economistas

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