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Desde la recuperación institucional de 1983 se han sucedido tres diferentes ciclos económico-fiscales. El primero de ellos, el Plan Austral, que finalizó –tras el intento de recomposición esbozado con el Plan Primavera– con la hiperinflación de 1989. El segundo, la Convertibilidad, con un “hiato” en el Tequila, concluyó con la larga decadencia que condujo a la explosión económica y social de fines de 2001. Y el tercero, ciclo post devaluatorio, que aún estamos recorriendo. En todos ellos, acompañando el crecimiento del PBI, se experimentó una recuperación de los recursos de que dispuso el sector público en general y las administraciones provinciales en particular.

En los dos primeros ciclos económicos, una parte muy importante de este incremento fue asignado a la masa salarial provincial, generándose un crecimiento tanto en el volumen (número de trabajadores incorporados a la administración pública) como en los salarios nominales pagados. No tenemos espacio aquí para explicar las razones de un fenómeno con aristas distintivas provincia por provincia, pero es indudable que el dislocamiento de los mercados de trabajos regionales, las presiones de los poderosos sindicatos estatales y los intereses de los aparatos políticos territoriales tienen algo que decir al respecto.

El esquema de traslado casi automático de los incrementos de recursos fiscales a la masa salarial provincial provocó dos tipos de problemas. Por un lado, la baja de la inversión real directa generó una obvia decadencia de la infraestructura pública, redundado en deterioro económico y social. Por el otro, el incremento de la participación relativa de los salarios en el total del gasto llevó a que, en las etapas de disminución de los recursos, la masa salarial no pudiera ser financiada. Las consecuencias de este último proceso son historia conocida: la falta de pago de salarios devino en graves tensiones políticas, saldadas muchas veces merced a la destitución del gobernador, intervenciones federales o estallidos sociales.

El actual ciclo fiscal parece desarrollarse de modo diferente: una parte muy importante del incremento de los recursos de que disponen los Estados provinciales es asignado a la inversión real directa. ¿Por qué esta vez los recursos no fueron a salarios? Si bien otra vez hay muchas razones –por ejemplo, la construcción de puestos de trabajo en todo el país quitó grados de presión sobre el Estado empleador–, lo que interesa destacar aquí es el cambio en el modo en que se transfirieron los recursos. En este sentido, debe recordarse que más del 50 por ciento de los recursos provinciales proviene de la coparticipación federal y de transferencias del Estado nacional. En los dos ciclos anteriores, la gran mayoría de estos fondos fue incorporada de manera directa al tesoro provincial (y de ahí a los salarios), mientras que a partir de 2003 –y en virtud de arreglos legislativos que asignaron a la nación un importante porcentaje del incremento de los recursos: ley de cheque, fondos para la seguridad social por transferencia de Cajas de Jubilaciones provinciales, impuestos al comercio exterior, etc.– un alto porcentaje de estos fondos se transfirió bajo la condición específica de que fueran utilizados en la construcción de obras de infraestructura.

Como consecuencia de esto, mientras los recursos totales de las provincias en el período 2003-2007 crecieron a una tasa de 88,1 por ciento a valores constantes, la masa salarial lo hizo al 49,9 por ciento y la Inversión Real Directa al 335,6 por ciento. Ahora que ha vuelto a la agenda la posibilidad de reformular el esquema de Coparticipación Federal, sería bueno no perder de vista los elementos que permitieron este desarrollo virtuoso de la posconvertibilidad

* Investigadores del CIAP/FCE/UBA