Domingo, 2 de agosto de 2009 | Hoy
EL BAúL DE MANUEL
Por Manuel Fernández López
El lenguaje une y confunde. “Renta”, en Economía y en lengua castellana, significa en España lo que en Argentina se llama “Ingreso Nacional”. ¿Y qué entendemos nosotros por “Renta”? Lo vemos con un caso: La población demanda alimento, y éste proviene de la tierra. El crecimiento demográfico supone sembrar más hectáreas de tierra. Si los rindes de cada hectárea son distintos, las de rindes más altos producen con costos unitarios más bajos, y las de rindes menores producen con costos unitarios más altos. Al crecer la población y necesitarse cultivar hectáreas adicionales, las de peores rindes (y costos –salarios y beneficio empresario–), para ser viables necesitarán precios de mercado más altos. Estos precios más altos, que permiten cubrir el costo de la hectárea peor, cubren con holgura los costos de todas las demás hectáreas en actividad, es decir, cubren los salarios y la ganancia de las otras hectáreas, y además dejan un sobrante, originado en la distinta fertilidad de cada hectárea, que en principio correspondería al dueño de la tierra, y en caso de coincidir el factor empresa y el factor propiedad, se suma a la ganancia empresaria. Para quienes prefieren los enunciados matemáticos, la Renta R (medida no en dinero sino en unidades del producto respectivo) es la multiplicación (´) de la diferencia entre el rinde medio (Rme) y el rinde peor (Rmg), por el número de trabajadores empleados (N): R = (Rme – Rmg) ´N. Lo distintivo de ese ingreso es que, para obtenerlo, el propietario de la tierra no tuvo que aportar nada, ni trabajo, ni materiales, ni su propio tiempo. En tiempos de las monarquías, sólo la nobleza podía poseer tierras, y de ellas derivaban sus ingresos, que volvían al sistema económico en forma de gastos en objetos suntuarios. Autores como Cantillon (1755) y Quesnay (1758) propiciaron reformar el régimen tributario, haciéndolo descansar en un solo impuesto sobre la renta del terrateniente. El concepto de renta se extendió con el nombre de cuasi rentas, a activos distintos de la tierra (como inmuebles urbanos), dados a otros usuarios a cambio de un pago periódico. Estas consideraciones no carecen de casos concretos: hay titulares de fortunas constituidas por inmuebles urbanos que dan a cambio de un pago –una cuasirrenta– que propician gravar la renta del campo, como si fuera un ingreso sin correlato en el trabajo y la labor empresarial.
Si uno se deja llevar por las noticias de los medios y las opiniones de los analistas, puede arribar a resultados sorprendentes, acaso no los mejores. Las estadísticas que publica el Indec, se dice, no son confiables, ya que las mismas serían manipuladas a su arbitrio por el secretario de Comercio, auxiliado por una “patota” que opera dentro de la institución y se encarga de disciplinar a sus técnicos para que se rindan al nuevo statu quo. Lo anterior lo han manifestado numerosos órganos, nacionales y extranjeros. No conocemos que algo similar se comente acerca de la otra parte, la C de la palabra Indec, y sin embargo, no hay motivo para que ello no ocurra: un censo es un registro detallado de determinados atributos estadísticos de cada uno de los individuos que integran cierta población. Persona por persona, con sus viviendas y consumos, si es un censo general. Empresa por empresa, con el detalle de su estructura productiva, si es un censo agropecuario o industrial. Con los datos de un censo general, el de 1914, el entonces director de Estadísticas y Censos, ingeniero Alejandro E. Bunge pudo medir por primera vez en el país (1917) su riqueza, producto e ingreso y capacidad contributiva. Los censos industriales y agropecuarios no pueden presentar datos empresa por empresa, sino de forma agregada, en la que no pueda distinguirse qué parte corresponde a una u otra empresa. Pueden indicar, por caso, qué fuerza motriz hay instalada en todas las fábricas de cigarrillos, o de galletitas, pero no en una particular. La información es un elemento principal en la toma de decisiones en las empresas, y puede contribuir a que algunas adquieran preeminencia sobre otras. La información se espía, se roba y se vende. Si el Indec no ha sido aún víctima del robo de información, podría serlo en cualquier momento, ya que leer un dato (secreto) no supone cambiar nada, mientras que alterar o manipular un dato público es una tarea más compleja. Y quien puede lo más, puede lo menos. Claro que una empresa extranjera que evalúe radicarse en este país, puede imaginarse ella misma como despojada de la información que en su momento haya confiado al Indec bajo promesa del secreto estadístico. Si el país se perjudica por la no confiabilidad de las estadísticas públicas, el factor aquí comentado aumenta más el descrédito, y aconseja reorganizar el Indec sobre la base de un régimen de autarquía.
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