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Los efectos de la crisis financiera internacional se trasladaron rápidamente a la economía real. A partir del último trimestre de 2008, la evolución del PIB mundial fue negativa. En algunos casos, el ritmo de crecimiento económico se desaceleró fuertemente: por ejemplo, Chile pasó de un 4 por ciento a un opaco 0,2 positivo. En otros países, el PIB entró en una zona de franco retroceso. La caída japonesa (-4,3%), francesa (-2,5%) y alemana (-1,6%) resultan un claro indicador del impacto de la crisis en los países desarrollados. El retroceso productivo provocó un aumento del desempleo hasta alcanzar los dos dígitos en países como España. En América latina, la Cepal estima que la tasa de desempleo promedio de la región será cercana al 9 por ciento. La última medición del Indec señala que la desocupación alcanza al 8,4 por ciento de la población económicamente activa.

En este contexto, las entidades gremiales empresarias argentinas lanzaron una ofensiva para acotar los reclamos salariales. Por caso, las cámaras patronales de la industria petrolera firmaron un acuerdo con los sindicatos para suspender –por seis meses– las paritarias salariales. Como contraprestación, los empresarios ofrecieron mantener las fuentes laborales. Recientemente, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas sostuvo la imposibilidad de otorgar aumentos salariales. Tampoco faltaron los proyectos de reducciones salariales. Ese fue el caso del Grupo Techint, que propuso una rebaja salarial del 15 por ciento a 1200 empleados jerárquicos y administrativos de su fábrica Siderca, a cambio de reducir un día la jornada laboral. Las amenazas de despidos y/o suspensiones e incluso las propuestas de rebaja salarial forman parte de una estrategia empresaria.

Esta ofensiva pretende disciplinar las demandas de los trabajadores, aun en aquellas ramas productivas que están muy lejos de haber sufrido un impacto significativo. Frente a ese escenario, ¿qué herramientas permitirían reforzar la protección de los asalariados? En el informe El trabajo en la Argentina. Condiciones y perspectivas, los investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) se internaron en la búsqueda de medidas que limiten las políticas de ajuste patronal. En ese sentido, sostienen la necesidad de sancionar normas legales que impidan los despidos sin causa. A tal fin, esos especialistas proponen la ratificación del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese convenio prohíbe el despido de un trabajador a menos que exista una causa justificada. Al respecto, el tratado reconoce como causas posibles de despido aquellas relacionadas con la capacidad o la conducta del trabajador, o las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. La ratificación de este convenio dificultaría la adopción de medidas de ajuste innecesarias que no harían más que realimentar las tendencias recesivas.

Los empresarios, “presionados por la competencia y preocupados por sus propias cuentas, son miopes a la hora de comprender los procesos sociales. Actúan, pues, considerando sólo los efectos inmediatos y privados de las reducciones salariales: ‘Si pago menos salarios –piensan–, mis ganancias aumentan’. Tienen razón. Pero no ven que si todos los salarios bajan a la vez, tendrá lugar una generalizada deflación y una reducción también global de la demanda. En última instancia, el producto generado se reparte entre trabajadores y empresarios, de modo que hay una disputa acerca de cómo se distribuye esa riqueza. Pero esto es independiente del hecho de que la depresión perjudica a todos, y de que el estancamiento y reducción de los salarios es la causa de una mayor recesión y no su remedio”, concluyen los investigadores del Cenda

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