La devaluación del peso de enero de 2002 significó de inmediato una pérdida de poder adquisitivo para el sector asalariado. Ese ajuste excedió largamente el 40 por ciento por esa medida de política económica. En términos macroeconómicos, los efectos directos de esa estrategia implicaron una disminución de 8 puntos porcentuales de la participación de los sectores asalariados en el PBI, en un contexto de regresividad que arrastraba de décadas anteriores.

La importancia de esa pérdida de poder adquisitivo del salario durante 2002 se intensificó espectacularmente debido a que la cadena agroalimentaria local trasladó al mercado interno los precios internacionales de materias primas y de alimentos. Esto afectó especialmente al asalariado urbano debido a las restricciones de producción de alimentos para el autoconsumo. Y de otros bienes de consumo familiar básico, como sí pudo darse en los sectores rurales y en poblados semirurales del interior del país.

Por ello fue la agroindustria el primer sector en captar una renta extraordinaria, ya que las diferencias de costos de producción en un peso devaluado y la venta de sus productos y servicios a precios internacionales en el mismo mercado interno donde los produjo, licuó aun más el poder adquisitivo del salario –para los que tenían la suerte de tenerlo– y colocó en el umbral de la supervivencia a amplios colectivos de excluidos y desempleados.

Los medios de comunicación masivos reflejaron el sufrimiento de vastos sectores medios urbanos, que en el larguísimo 2002 debieron cambiar dramáticamente sus pautas de consumo y de acceso a recursos educativos, sanitarios, deportivos y culturales.

El empobrecimiento abrupto de la calidad de vida del sector asalariado y de los sectores medios urbanos fue un sacrificio impuesto por las medidas macroeconómicas y cambiarias de entonces. Estas estuvieron destinadas a generar competitividad en dos sectores económicos considerados estratégicos para superar la crisis económica terminal. Herencia de las políticas macroeconómicas de la década del ‘90.

De esta manera, se posibilitó que el sector agroexportador obtenga márgenes de competitividad inéditos para generar un shock de recuperación. Este lo sacaría del estado agónico en el que había entrado desde mediados de los ‘90. También para que el ingreso de divisas proveniente de un saldo favorable en la balanza de pagos retroalimente la actividad económica del país a través de transferencias de parte de esos ingresos a los sectores en emergencia social.

Asimismo, el sector industrial reactivó su capacidad productiva e incrementó el hasta entonces exiguo uso de su capacidad instalada, que había declinado hasta tocar un histórico piso mínimo. A la aplicación de precios internacionales a bienes y servicios de consumo masivo y directo en el mercado interno, por parte de este sector, hay que sumarle las transferencias estatales de recursos vía medidas tributarias muy flexibles y subsidios de promoción e incentivos de la actividad industrial.

Pero hay diferencias muy significativas entre los sectores industriales puros, agroindustriales y los netamente agroexportadores si se toman en cuenta los niveles de reparación económica y de “devolución de gentilezas” al sector asalariado.

La reactivación del sector industrial, por su propia naturaleza, generó una significativa demanda de empleo a lo largo del durísimo 2002, gradualmente creciente en los años sucesivos, que moderó la gran presión hacia abajo que ejercía la existencia del inmenso contingente de desocupados sobre el nivel salarial de los ocupados. Recién en 2004 se comenzó a vislumbrar una progresiva aunque lenta recuperación del poder adquisitivo. Este proceso se consolidó con los últimos acuerdos salariales en el marco del consejo económico y social impulsado por la presidenta Cristina Fernández y los instrumentos de negociación salarial recuperados durante su gestión.

Por el contrario, el sector agroexportador basado en commodities y especialmente el complejo sojero se caracteriza por una progresiva supresión de asalariados directos y en una gran informalidad del empleo subsistente.

Los precios internacionales de la soja en alza en los mercados globales en los últimos años fue un plus extra a la rentabilidad estructural obtenida inicialmente por la devaluación del peso. Los aumentos a las retenciones a las exportaciones de commodities intervienen como mecanismo de reparación distributiva recién después de consolidarse la captación de la renta extraordinaria de estos sectores

En síntesis, fueron siete años de transferencias de ingresos desde el sector asalariado vía devaluación del peso, precios internos dolarizados y sostenimiento de esquema regresivo del impuesto (la mayor captación tributaria proviene del consumo) hacia los sectores de la agroindustria y de la agroexportación.

Sin embargo, en el contexto de la brutal transferencia de ingresos desde el sector asalariado al agroexportador e industrial desde principios de 2002, la dirigencia sindical y de los movimientos sociales no convocó a violentas medidas de protestas y coerción, ni propició acciones destituyentes del Gobierno que asumió la responsabilidad de aplicar esas medidas macroeconómicas.

Es notable desde todo punto de vista que el sector que fue el directo propiciador de la rentabilidad extraordinaria de la agroindustria y la agroexportación y el que más sufrió y lo hace actualmente, fue y es el único que apuesta a las negociaciones en marcos institucionales como el consejo económico y social. Participa en la misma mesa con los reticentes aunque muy beneficiados sectores productivos. Quizás el sindicalismo debería comunicar con mayor fuerza a la opinión pública, actualmente escenario privilegiado de los debates por la redistribución del ingreso, que fueron los asalariados quienes hicieron el primero y el mayor de los sacrificios, aun a costa de su calidad de vida. Y en el caso de los desocupados y excluidos, a costa de no poder garantizar siquiera una alimentación adecuada y una supervivencia digna. Todo para que la agroindustria y la agroexportación vivan el período de mayor rentabilidad de la historia nacional.

Más que de distribución del ingreso quizás habría que hablar de devolución de estos sectores privilegiados por políticas macroeconómicas del ingreso cedido por los asalariados desde la devaluación del 2002.

* Doctora por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Departamento de Historia Económica. Consultora en Desarrollo Rural.

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