En la reciente reunión de Pittsburgh el G-20 decidió convertirse en el principal foro para la cooperación económica. Esta decisión incorpora a cerca de una docena de países en desarrollo a participar de las discusiones centrales de la política económica global, lo cual a primera vista parece altamente positivo. Sin duda lo es, pero estos países deberán batallar significativamente para imponer sus ideas, dado que el G-20 ha adoptado las visiones del FMI sobre las políticas necesarias para salir de la crisis y las reformas requeridas para no volver a caer en ella.

En el documento final de la crisis reconocen que los compromisos nacionales para restaurar el crecimiento han resultado ser los más grandes y más coordinados estímulos fiscales y monetarios como nunca antes se habían tomado, a la vez que muestran preocupación porque el desempleo se mantiene “inaceptablemente alto” en muchos países. Pero a renglón seguido se pueden leer frases de clara factura ortodoxa que incitan a fomentar la demanda privada por sobre la pública o “combatir el proteccionismo”, comprometiéndose a arribar a una exitosa conclusión de la discutida y criticada Ronda Doha en 2010.

El documento habla repetidamente, quizá demasiado, de arribar a “balances equilibrados” entre las principales naciones. Para lograrlo propone a los miembros del G-20 encarar “reformas estructurales que fomenten la demanda privada y reduzcan la brecha en el desarrollo global”. El FMI, dice el documento, “estima que sólo con estos ajustes y realineamientos se podrá alcanzar un fuerte, sostenido y balanceado patrón de crecimiento”.

Varias son las teorías que se han elaborado sobre la génesis de los desbalances globales, y entre ellas, fomentada entre los círculos más ortodoxos, la que establece que los desequilibrios son originados por los países emergentes a través de su alto nivel de ahorro, que ha llevado a que los tipos de interés de los países centrales se mantuvieran en niveles excesivamente bajos, lo que a su vez permitió que se formaran burbujas en el precio de algunos activos, como las viviendas. Esta provocadora teoría pareciera resaltar por su ingenuidad al pretender que los países emergentes impongan las condiciones financieras principales, como las tasas de interés, en los mercados altamente desarrollados del mundo; similar idea, trasladada al mundo animal, podría llevar a pensar en una gacela persiguiendo a una asustadiza leona.

Sin embargo, lo que menos tiene es ingenuidad, puesto que pone la responsabilidad en los emergentes, y por lo tanto descarga sobre ellos la necesidad de acciones correctivas, mientras a los países centrales, que han generado una de las crisis más agudas de la historia, les cabe un rol totalmente pasivo.

En las declaraciones del G-20 en Pittsburgh aparece la preocupación de que los crecientes estándares de vida en los países emergentes son un elemento delicado para lograr un crecimiento sustentable de la economía global. Esta frase tiene nombre y apellido: China, pero también se extiende a sus otros tres socios del BRIC y demás emergentes, incluidas economías petroleras. Sucede que estos países han venido acumulando Reservas Internacionales, y en la visión del FMI ello es ineficiente, pues deberían gastarlas en importaciones desde los países desarrollados, y de esa forma ir cerrando los desequilibrios globales, o más precisamente el fabuloso déficit comercial estadounidense. Si se enfrentaran eventualmente ante situaciones críticas, podrán apelar al FMI para que les otorgue la liquidez necesaria, para ello ha creado la Línea de Crédito Flexible (LCF), aunque sus exigencias ex ante son tan fuertes que la decisión termina siendo siempre política, y los hechos lo demuestran, dado que sólo se ha otorgado a Colombia, México y Polonia. Se obtiene entonces la ecuación perfecta: países con equilibrio o déficit comercial, escasas Reservas Internacionales y por ello dependientes de los flujos de capitales internacionales y de la vigilancia del FMI, a la espera de una LCF tan estricta como inalcanzable.

La gran idea subyacente a todo este andamiaje teórico, por supuesto no explicitada, es que los países desarrollados puedan trasladar parte de sus crisis a los países en desarrollo, que son los únicos que impulsan el crecimiento de la producción mundial. La consigna es que compartan parte de ese crecimiento con los países desarrollados para que salgan más rápido de la crisis, aunque el costo de aplicar estas políticas puede ser la demora en mejorar el nivel de vida de la población de los emergentes, e incluso reducirlo.

El G-20 le encarga al FMI que realice un análisis prospectivo para determinar si las políticas perseguidas por los miembros individuales del G-20 son colectivamente consistentes con una trayectoria más sustentable y equilibrada de la economía global. Se le encarga también “construir sobre la ya existente vigilancia del FMI, tanto bilateral como multilateral, un análisis sobre el desarrollo global de la economía, de patrones de crecimiento y sugerencias de políticas de ajustes”.

Así de simple, se le ha dado al FMI mayor poder para hacer lo que siempre ha hecho: impulsar políticas en los países emergentes que defiendan el interés de sus dueños, los países industrializados, que no van a perder peso en el FMI por el escaso traslado del 5 por ciento de las acciones a países emergentes

* Economista jefe Banco Credicoop. Investigador CCC Floreal Gorini.