La idea de gravar la renta financiera suena otra vez en los pasillos del Congreso. La primera vez que circuló el rumor fue durante el conflicto entre el gobierno y las cámaras patronales del campo. La segunda fue tras el fin al negocio especulativo de las AFJP. Ahora, volvió a circular con fuerza esa iniciativa con el objetivo de financiar el proyecto de una asignación por hijo para aquellos sectores que están en la informalidad laboral o que no llegan a cobrar el salario mínimo. Desde el Poder Ejecutivo lo descartaron argumentando que la recaudación potencial es baja, lo que no justifica generar tensiones en el mercado financiero.

El proyecto para gravar la renta financiera fue presentado por varios diputados del oficialismo con el apoyo de sectores de centroizquierda. Apunta a suprimir la exención del pago de Ganancias a plazos fijos, operaciones bursátiles, donaciones y herencias. La recaudación serviría para financiar una asignación universal por hijo que demandaría un presupuesto de 7000 millones de pesos. La intención sería aprobarlo antes del 10 de diciembre. De todos modos, ante consultas de Cash en el Ministerio de Economía, en la AFIP, el Banco Central y en la Casa Rosada negaron estar estudiando esa medida.

No obstante, en el Senado ya existía otro proyecto para eliminar la exención en el Impuesto a las Ganancias para los intereses de depósitos de entidades financieras que superen los 100.000 pesos. Fue presentado por el legislador santafesino Rubén Giustiniani. También contemplaría a las operaciones de compraventa de activos bursátiles (bonos, acciones, cédulas, letras y obligaciones negociables), la diferencia entre cuotas pagadas y capital recibido al vencimiento y los seguros. El aspecto más controvertido es que alcanzaría a las cajas de ahorro, las cuentas especiales, los plazos fijos, los depósitos de terceros y cualquier otra forma de captación de fondos por parte de las entidades.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que las empresas ya están alcanzadas por algún gravamen y que las exenciones sólo existen para las personas físicas. Advierten entonces que a estas últimas se las “puede seguir por la capacidad contributiva y no necesariamente mediante la renta financiera”. En ese frente trabajan las autoridades de la AFIP. “Si el objetivo es un ahorrista que gana diez mil pesos por mes y tiene un plazo fijo de dos mil, es una locura. Y si se hace por una persona que tiene una colocación de cincuenta millones, basta con analizar su capacidad contributiva”, dijo a Cash un estrecho colaborador del ministro Amado Boudou.

Según los cálculos que hicieron los técnicos de Economía, sin contar la elasticidad negativa que tenga la medida (caída en el volumen de operaciones como respuesta a su implementación), se obtendría un ingreso adicional para el fisco de apenas 1000 millones de pesos. Su tratamiento generaría tensiones con el sector financiero, pero también erosionará la confianza de los ahorristas. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reconoció que la medida podría generar una vuelta a la dolarización y un mercado paralelo.

El economista, jefe de uno de los principales bancos, del país coincidió en que el minorista se volcará a la compra de dólares y a las cajas fuertes para eludir el pago del impuesto. “Esto va a retrotraer la recuperación de los depósitos y va a generar un suba en las tasas de interés”, afirmó a este suplemento. En los últimos meses las colocaciones crecieron y se extendieron los plazos. Existen 1,2 millones de plazos fijos, a un promedio de 35.000 pesos por colocación, concentrados a 60 y 180 días. La recuperación todavía es muy débil y la participación del ahorro tan sólo alcanza al 6 por ciento del Producto Bruto Interno.