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La crisis internacional no afectó al sistema financiero local. Por el contrario, lo benefició. En promedio, en lo que va de 2009, los balances de los bancos que cotizan en la Bolsa de Comercio contabilizaron una ganancia superior en 65 por ciento a la obtenida en 2008. Lo lograron mediante una fortísima suba de la tasa de interés y concentrando los préstamos en los negocios más rentables: las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Así, los bancos volvieron a actuar de manera procíclica: restringiendo el crédito a las empresas y subiendo tasas. Su conducta redujo el financiamiento de las empresas en el momento en que más lo necesitaban. Las más perjudicadas fueron las pymes, que en el último año recibieron un 9 por ciento menos de fondos que el año pasado. Esto se verificó a pesar de que la banca pública incrementó en un 51 por ciento los préstamos hacia ese tipo de empresas.

Desde 1997, año en que el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz reformó la Ley de Entidades Financieras, los bancos fueron desentendiéndose cada vez más de su rol de otorgar financiamiento al aparato productivo. Pese a que los montos que absorbe el sector empresario son mayores a los que requiere el público, el 60 por ciento de los créditos se destina al consumo. De ese modo, los bancos privados se dedican a la crema del negocio y rompen el círculo virtuoso que representa orientar el ahorro a financiar inversiones productivas.

En los últimos doce meses los créditos a las empresas aumentaron un 8,4 por ciento. Pero ese incremento nominal se debió en su totalidad al desarrollo de los préstamos de la banca pública. Los privados redujeron sus préstamos corporativos un 2 por ciento en el último año. Es decir que esa banca actuó en forma contractiva durante la crisis. El argumento con que se defienden los banqueros es que las empresas redujeron sus requerimientos de fondos. Pero esto contrasta con el constante incremento de los préstamos de la banca pública y cooperativa.

Según datos del Banco Central, en 2003 el sistema financiero dedicaba el 51 por ciento de su capacidad crediticia a financiar al sector productivo. Este año, sólo registró un 40 por ciento de participación en los préstamos totales del sistema. En ese lapso el financiamiento a través de tarjetas de crédito se incrementó un 50 por ciento, pasando de una participación del 14 al 21 por ciento. Lo mismo ocurrió con los préstamos personales, que subieron su participación en los créditos totales del 4 al 6 por ciento. Este reacomodamiento de la cartera terminó desfinanciando a las empresas, al tiempo que mejoró las utilidades de los bancos, que canalizan sus fondos hacia los negocios de mayor rentabilidad.

El último informe del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo (Cefid-ar) revela que la banca privada sólo destina el 24,3 de su cartera de préstamos a las pymes. En los últimos doce meses estas entidades redujeron en un 9,3 por ciento el stock de préstamos al segmento empresario más vulnerable. La reducción mayor se dio en la banca de capital extranjero, que disminuyó su stock de créditos pymes en un 13,3 por ciento. En ese período las grandes empresas consiguieron un 8,4 por ciento más de financiamiento que en 2008. La falta de crédito externo de las grandes compañías nacionales e incluso algunas multinacionales las llevó a buscar fondos en el mercado local. Ese hecho produjo una reasignación de recursos prestables desde las pymes a las empresas más grandes. El desfinanciamiento de las pymes generado por la banca privada fue cubierto en parte por la pública nacional y provincial, que alcanzaron una participación de un 56,1 por ciento en ese segmento en su cartera de préstamos totales. Ambas ya se hacen cargo del 54 por ciento del financiamiento pymes.

Los bancos privados no sólo disminuyeron su fondeo a las empresas; también modificaron los términos. En 2003 el 78 por ciento del financiamiento corporativo se canalizaba a través de préstamos tradicionales; en la actualidad sólo representan el 49 por ciento. El 51 por ciento del actual fondeo se realiza a través de adelantos en cuenta corriente, denominados giros en descubierto. Ese cambio de estrategia benefició a la banca en detrimento del sector productivo. La tasa de interés promedio de un préstamo pymes es del 22 por ciento; la de un crédito a una gran empresa es del 17 por ciento. En cambio, el interés que se cobra por un adelanto en cuenta corriente oscila entre 35 y 50 por ciento, dependiendo del banco y del tipo de empresa.

Entre octubre de 2008, cuando comenzó a impactar la crisis internacional en Argentina, y junio pasado la tasa de interés promedio que pagan los bancos por un plazo fijo subió un 48 por ciento. En ese mismo lapso, el interés promedio de los préstamos totales se incrementó en un 105 por ciento. El resultado fue que algunas empresas decidieron postergar decisiones de inversión porque la tasa de interés hacía inviable su negocio y otros, obligados por la necesidad de capital de trabajo, perdieron rentabilidad. Ese quebranto resultó en una formidable transferencia de recursos del sector productivo al sistema financiero. Desde junio las tasas vienen descendiendo. Pero mientras la que se aplica por una colocación a plazo fijo prácticamente volvió a los niveles precrisis, la de los préstamos todavía se ubica un 45 por ciento por encima de la que regía a fines de 2008.

La desregulación del sistema financiero implementada durante la dictadura derivó en una fortísima concentración del sector. Disminuyó la competencia incrementando las utilidades de los bancos. Así, en el peor momento de la crisis, durante el primer semestre del año, los quince bancos que cotizan en la Bolsa de Comercio consiguieron utilidades por 2335 millones de pesos.

El artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras dice que “toda acción que no esté taxativamente prohibida está permitida”. El Estado se desentendió de su rol de regulador de la intermediación financiera. En su última presentación ante el Congreso, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que “no se modificará la Ley de Entidades Financieras porque las señales que le está dando el Gobierno al mercado serán suficientes para bajar el costo financiero y modificar los flujos de crédito hacia el sector productivo”. La actual legislación es un resabio de las políticas económicas neoliberales que imperaron en el país desde 1976 hasta 2001 que, por ahora, el Gobierno se resiste a modificar.