Desde mediados de la década del ’70, los intercambios comerciales y financieros registraron una brusca aceleración. Ese cambio de ritmo fue producto de algunas decisiones institucionales (cambio de paradigma productivo, eliminación de controles a los movimientos de capitales) y del surgimiento de adelantos tecnológicos que “acortaron” las distancias geográficas. Ante ese nuevo escenario, las políticas adoptadas por los gobiernos fueron variadas. La conformación de espacios de integración económica se transformó en una de las respuestas a esos nuevos desafíos. Así avanzaron zonas de preferencias arancelarias, áreas de libre comercio, mercados comunes, uniones aduaneras y económicas. Inicialmente esos acuerdos se limitaron a la reducción y/o eliminación de tarifas aduaneras, pero con el tiempo fueron incluyendo relevantes tópicos institucionales.

Existen interesantes estudios que investigan los efectos de tratados suscriptos en el Cono Sur. Uno de ellos es el realizado por los investigadores Pablo Sanguinetti, Iulia Siedschlag y Christian Volpe Martincus (El impacto de los Acuerdos Comerciales Preferenciales Sur-Sur en el desarrollo industrial), quienes analizan los efectos del Mercosur en el desarrollo industrial de los países miembros. El trabajo se interna en una temática que merece ser rescatada y explotada con mayor profundidad. La consolidación del Mercosur pasó por diferentes etapas. Incluso en algún momento se puso seriamente en duda su continuidad. A partir de la firma del Tratado de Asunción, el comercio interregional fue gradualmente liberalizado entre 1991 y 1994. De acuerdo con un cronograma semestral, los países miembros redujeron progresivamente los aranceles aplicados al comercio intrabloque. Los países definieron un listado de productos que no fueron incluidos en esa reducción arancelaria. Por ejemplo, las autoridades brasileñas incluyeron 29 ítem que incluían los tejidos de lana y vinos, entre otros productos. La Argentina incluyó 223 ítem que comprendía a siderúrgicos, textiles, papeleros y del calzado. Por su parte, los uruguayos confeccionaron un extenso listado de 953 ítem. En el caso de la industria azucarera y del sector automotor, se definieron reglas especiales de intercambio. Todas estas excepciones fueron establecidas debido a las asimetrías productivas existentes dentro del Mercosur. En 1995, los países miembros acordaron un arancel externo común (AEC) para aquellos productos procedentes de naciones fuera del bloque. El nivel medio del AEC era del 11 por ciento, aunque en algunos casos llegaban al 20. En bienes de capital, telecomunicaciones, computadoras, los países se reservaron la posibilidad de establecer alícuotas más altas.

Sanguinetti, Siedschlag y Volpe Martincus se preguntaron si el avance del proceso integrador generó algún impacto en la distribución espacial de la actividad industrial intrabloque. Algunos economistas sostienen que estos acuerdos siempre promueven una reestructuración industrial en beneficio de aquellas naciones más desarrolladas sectorialmente. Eso se debería a que la reducción de costos producida por la “aglomeración productiva” incentiva a las empresas a radicarse en esas regiones. De acuerdo con esa visión, la ampliación de la escala del mercado –producida por la rebaja de las tarifas aduaneras– es insuficiente para competir contra los beneficios derivados de las aglomeraciones productivas preexistentes. De comprobarse eso, la industria manufacturera de los países más débiles serían perjudicadas. Estos tres especialistas sostienen que esto no se corroboró en la práctica. Si bien admiten que la liberalización comercial generó una reorganización espacial de la producción en función a las ventajas comparativas de los países miembros, afirman que la rebaja de las tarifas internas aduaneras debilitó las fuerzas de aglomeración.

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