Dom 08.11.2009
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ENFOQUE

Pozos de exploración

› Por Federico Bernal

Datos de la Secretaría de Energía de la Nación (1999-2005) y del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (2006-2008) informan que entre 1999 y 2008 el promedio anual de pozos de exploración de petróleo y gas natural de Repsol YPF fue de 7 (6,3 pozos petroleros y 0,7 gasífero). A modo comparativo, en la década del ‘80, YPF Sociedad del Estado perforó 115 pozos de exploración anuales en promedio. Esta política sumada a la prohibición de exportar hidrocarburos (lógica para un país como la Argentina, aunque discontinuada con la gestión de Daniel Montamat al frente de la empresa) permitió mantener un horizonte de reservas hidrocarburíferas acorde al consumo interno y con la composición de su matriz energética. Esto fue hasta las reformas estructurales del Estado impulsadas por el menemismo. A partir de ese momento, la política energética fue pensada, elaborada y ejecutada desde la seguridad jurídica de las empresas privadas en detrimento de la seguridad jurídica de la sociedad. No obstante haber cambiado los modelos socioeconómico y energético en los últimos años, Repsol YPF sigue con la misma forma de funcionar.

Que la principal empresa petrolera del país haya perforado un promedio de 7 pozos de exploración anuales en la última década resulta absurdo para garantizar la seguridad energética nacional. Por ejemplo, en 2003 no hubo perforación de pozos gasíferos; en 2004 hubo 3; en 2005 apenas 1; ninguno en 2006 y 2007, y finalmente 1 el año pasado. En iguales años y para el petróleo se perforaron 7, 6, 14, 5, 5 y 4, respectivamente. Dicha “política” exploratoria ha rendido sus frutos: la normal reposición de reservas y el suministro energético primario y secundario están al límite de lo compatible con la demanda presente. Pero allí no termina todo. Al ostensible desinterés exploratorio, se agregan los pésimos resultados de Repsol YPF en aguas provinciales de la Cuenca del Golfo, ciertamente inéditos en la historia de la YPF estatal.

En igual sentido deben contemplarse: 1) la discontinuidad de los proyectos de recuperación secundaria y terciaria en la Cuenca de Golfo de San Jorge que habían comenzado con la YPF estatal; 2) la decrepitud de las instalaciones de superficie, carentes del más mínimo mantenimiento; y 3) la prematura jubilación de los mejores especialistas (argentinos) en el área de reservas de Repsol-YPF. ¿A qué factor obedece esta ineficiencia? Los máximos directivos de la compañía (españoles) obran con la mentalidad propia de sus antepasados conquistadores en América, ciertamente no con la de los primeros aventureros (burgueses) que buscaban nuevas tierras y rutas para acrecentar sus ganancias en base a inversiones productivas y al desarrollo local sino con la mentalidad de los de la segunda y definitiva ola, la de los hidalgos de Extremadura, los ganaderos de la Mesta y los administradores sevillanos, a quienes jamás les interesó “invertir los beneficios en el sentido capitalista del término” (Pierre Vilar, Historia de España, pág. 103).

Dicha concepción anacrónica obliga a preguntar: ¿qué credibilidad tienen las reservas probadas que informa Repsol? O, en otras palabras, ¿tiene alguna validez técnica el agregado de reservas cuando éste se realiza exclusivamente por estudios (basados en informes ya hechos por YPF estatal) y no por pozos, como hacen todas las empresas del mundo? Producto de este atentado contra la seguridad energética argentina, ¿resulta equivocado suponer que el país cuenta con un 30-40 por ciento menos de horizonte de reservas que las informadas? La respuesta es no.

Si Marsans vació a Aerolíneas Argentinas, Repsol vació YPF. De no ser por la alianza Enarsa-Pdvsa y el petróleo argentino en la Faja del Orinoco, el país irremediablemente agotará sus hidrocarburos en poco más de un lustro. ¿Qué beneficio, qué utilidad representa para la Argentina la continuidad de una YPF privatizada? Más importante aún, ¿qué valor tiene hoy YPF? En línea con la recuperación de AA, se impone el gran dilema: ¿debería el Estado argentino pagar por su renacionalización, o bien el Estado español indemnizar al argentino?

La coyuntura internacional, la debacle económica de España y la política oficial de “salir a flote y vivir con los recursos propios” tornan impostergable la reestatización de la ex estatal. Sin dudas, la mayoría de la población acompañará la medida, consciente del fracaso privatizador de los ‘90 y del lastimoso resultado que administradores españoles ostentan al frente de empresas argentinas.

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