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La industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fue una experiencia denostada por los economistas neoliberales. Por otro lado, los especialistas que destacan sus elevadas tasas de crecimiento y la resultante homogeneidad social, soslayan las deficiencias. Sin embargo, el proceso trunco por la dictadura del ‘76 impulsa a un análisis de sus debilidades. En general se coincide en señalar que la principal estuvo dada por el insuficiente desarrollo de algunos eslabones productivos claves del entramado industrial. Ese déficit generó una dinámica cíclica de estrangulamientos en la balanza de pagos. El integrante del Departamento de Sociología de la Universidad de Nueva York, Vivek Chibber, desarrolla un aspecto adicional. En su trabajo ¿Revivir el Estado desarrollista? El mito de la burguesía nacional (revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal), Chibber afirma que la ISI fue socavada por la presencia de un larvado conflicto entre los gerenciadores del Estado y la burguesía nacional. Esa mirada pone en entredicho la supuesta comunión de intereses que habría existido entre una elite política impulsora de un desarrollo capitalista autónomo y la burguesía local.

Para Chibber existía una profunda tensión entre la industrialización sustitutiva de importaciones y el gerenciamiento del Estado del desarrollo industrial. Mientras que los subsidios y los mercados protegidos eran defendidos por sus beneficiarios directos, el desarrollo de capacidades reguladoras estatales era silenciosamente boicoteado. Chibber sostiene que “los industrialistas no tenían ninguna inclinación a invertir en aquellas líneas que fuesen las mejores para el crecimiento a largo plazo”. Eso no era fruto de una “maldad” intrínseca de la burguesía local sino que respondía al esquema de incentivos vigente.

Chibber explica que una vez que la amenaza de la competencia externa se extinguió, a los capitalistas locales se les dio virtualmente el control monopólico sobre sus mercados. Y esto significaba entonces que, para cualquier firma dominante, la compulsión de innovar e invertir en mejores prácticas tecnológicas se fuera disipando, ya que los mercados se lo habían entregado. Dado este régimen de producción, los subsidios que fluían a las firmas desde el Estado no necesitaban ser reinvertidos para mejorar las plantas y el equipamiento ya existente. El dominio del mercado obviaba la dominación de minimizar los costos. Tenía mejor sentido, en cambio, usar los recursos para comenzar operaciones en líneas totalmente nuevas y adquirir la ventaja del “primero en llegar al mercado” en ese lugar. Es decir, las empresas siguieron mayoritariamente sus propios planes de inversión, alejados de las prioridades definidas en los despachos oficiales. La ausencia de una capacidad de disciplinamiento estatal permitió ese comportamiento empresarial.

En ese contexto, la construcción de un Estado capaz de controlar y regular las inversiones fue sistemáticamente resistida. Según Chibber, “a nivel superficial, el conflicto entre la burguesía nacional y los planificadores económicos no fue siempre aparente. Era común encontrar a los industrialistas que se unían al coro que solicitaba la planificación, gerenciamiento económico y cosas similares. Pero lo que realmente querían significar por medio de esto era un proceso en el cual los dineros públicos estaban a su disposición y a sus requerimientos. Para ellos, la planificación significaba la socialización del riesgo, mientras dejaban la distribución privada del beneficio intacta”.

A diferencia del modelo ISI argentino, el éxito de la estrategia coreana descansó en una alianza estatal-empresarial que implicó el cumplimiento de severos compromisos por parte de las firmas locales. En otros términos, la alianza se sostuvo sobre un sistema de premios y castigos aplicado por un Estado que tenía una fuerte capacidad de disciplinamiento

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