El nuevo presidente del INTA, Carlos Casamiquela, asumió a tono con el nuevo rol que el Gobierno quiere imprimir a sus funcionarios del área agropecuaria. Un tono más político incluso en aquellas instituciones que, en este ámbito, se caracterizaron históricamente por su bajo perfil. Luego de asumir su nuevo cargo, al que llegó desde la vicepresidencia del Senasa y por su buena relación con Cristina Fernández de Kirchner, el patagónico Casamiquela declaró que su objetivo al frente de la institución era “transformar la potencialidad que tiene el INTA y ayudar en el diseño de políticas públicas para el sector agropecuario”. Diseñar políticas públicas es un poco más ambicioso y complicado que dedicarse a transferir tecnología. Es verdad que contar con una institución inserta en todas las economías regionales de base agraria de la Argentina y no utilizarla activamente para generar los insumos básicos de la política sectorial es un desperdicio. Pero la política es, entre tantas cosas, el ámbito de la gestión del conflicto social.

Cualquiera que haya tenido contacto con los técnicos del organismo sabe que se trata de investigadores y académicos que, en general, suelen estar algo burocratizados. El perfil alto suele darse de bruces con la línea ascendente del escalafón. La combinación no es precisamente explosiva: académicos de ciencias duras e inserción en una estructura burocrática da como resultado individuos poco propensos a inmiscuirse en los conflictos de la política. Una muestra de ello se vivió esta semana precisamente en las tierras de Casamiquela. Como todos los años la Estación Experimental del INTA Alto Valle, en el norte de la Patagonia, se preparaba para su “Expofrutícola”. Nada fuera del orden normal de las cosas en una sociedad chacarera que esperaba el fin de semana para salir del pueblo y visitar las globas relucientes en la chacra de la experimental. Pero a veces la vida rural no es tan sencilla. Los productores de la zona están furiosos. No se trata del enojo habitual por los bajos precios recibidos que suele abrumar a los productores primarios, sino por el sistema de comercialización en consignación imperante en la actividad frutícola. Por estos días los chacareros están recibiendo las liquidaciones por la fruta “entregada” en el primer cuatrimestre del año. Comienzan a enterarse de que por complejidades del discurso empresario que se les escapan, como la crisis internacional y los precios en los mercados de destino, con el dinero recibido no sólo no tendrán rentabilidad, sino que verán dificultadas las tareas culturales para llegar con fruta de calidad a la próxima cosecha. Con costos de producción calculados por instituciones públicas de 29 centavos de dólar por kilo de peras y manzanas, muchos están recibiendo entre 8 y 10 centavos.

Vale recordar que a diferencia de los cultivos tradicionales de cereales y oleaginosas, la fruticultura es una actividad mano de obra intensiva con un potente efecto multiplicador en su subespacio regional. No llegar con fruta de calidad a la cosecha luego de un año malo es quedar a las puertas de la expulsión del circuito. La situación es grave y seguramente generará mucho ruido en los próximos meses. Más cuando no están resueltos los restantes conflictos del circuito, como las discusiones salariales con los rurales y los trabajadores de empaques y frigoríficos. En asamblea, los productores, que no quieren que se los asocie a sus pares de la Pampa Húmeda, decidieron no cortar rutas como protesta y buscar vías de reclamo alternativas. El camino consensuado fue manifestarse frente a la muestra el día de su inauguración. Enterados de la situación, los responsables de la institución que dice querer involucrarse más activamente en las políticas sectoriales rechazaron ser el ámbito de manifestación del conflicto social y optaron por suspender la muestra. Casamiquela, a quien correspondía el discurso de apertura, no podrá este año ser profeta en su tierra.

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