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Los costos de producción y la tasa de ganancia proyectada son componentes esenciales del precio de comercialización de cualquier producto. En algunos casos excepcionales se produce la irrupción de un tercer factor: la renta. En materia de extracción petrolífera, la renta está conformada por el precio internacional del petróleo menos los costos de extracción, menos una ganancia “normal”. ¿Quiénes se apropian de esa utilidad excepcional en el caso argentino?

En primer lugar están las empresas petroleras que venden su producción en el mercado interno o lo exportan. El siguiente eslabón lo conforman las firmas que adquieren el petróleo crudo y, previo su refinamiento, lo comercializan interna o externamente. A su vez es necesario distinguir entre refinerías integradas y no integradas. Las primeras son aquellas que están integradas verticalmente con las petroleras que operan en la Argentina (Petrobras, Repsol). Las no integradas son aquellas refinadoras pertenecientes a las compañías transnacionales Esso y Shell que no explotan el subsuelo argentino. Por último, el Estado nacional, las provincias que cobran regalías y los consumidores internos de combustibles completan el conjunto de actores que se “reparten” la renta petrolera.

Obviamente, si se produce un incremento en el porcentaje de apropiación de algún sector, eso implicará una reducción en la participación de otro eslabón de la cadena. Por ejemplo, la elevación del precio de venta interno del petróleo crudo favorece a las petroleras y perjudica a las refinadoras no integradas. Otro escenario se produciría si se subieran los derechos de exportación. En ese caso, el fisco nacional sería el beneficiario y las petroleras se perjudicarían. También se encontrarían dentro del bando perdedor aquellas provincias que cobran regalías. Eso se debe a que las retenciones se restan de la base imponible sobre la cual se aplica la alícuota correspondiente (que ronda el 12 por ciento).

¿Cómo se reparte la renta petrolera actualmente? En un trabajo publicado recientemente en Realidad Económica (“Regalías Hidrocarburíferas en la desigualdad fiscal provincial”), Diego Mansilla y Martín Burgos Zeballos calculan el porcentaje de renta apropiada por cada sector. Estos investigadores del Centro Cultural de la Cooperación afirman que la renta petrolera total más que se duplicó entre 2003 y 2008 de la mano del aumento de los precios internacionales. En ese período, Mansilla y Burgos Zeballos sostienen que el sector público total (Estado nacional y provincias) redujo su apropiación rentística del 41 al 21 por ciento y las extractoras del petróleo lo hicieron de un 46 al 18 por ciento. Los grandes ganadores han sido los consumidores (el precio que abonan por los combustibles está notoriamente disociado del precio internacional) y las refinadoras (adquieren su materia prima a un bajo costo), que pasaron del 21 al 60 por ciento.

En más de una oportunidad, los gobernadores de esas provincias reclamaron la reducción de los derechos de exportación. De acuerdo con esa visión cortoplacista, los mandatarios provinciales pretenden mejorar sus finanzas provinciales a costa de una suba en el valor del producto.

Mansilla y Burgos Zeballos sostienen que una reducción o eliminación de las retenciones “tendría efectos negativos para las cuentas públicas argentinas (Nación y provincias), además de los efectos macroeconómicos que supondría el precio del petróleo crudo en el conjunto de la actividad económica y su impacto sobre los indicadores sociales. Asimismo, los principales beneficiarios de una reducción o una eliminación de las retenciones a las exportaciones serían las empresas privadas, que aumentarían su parte en la distribución de la renta petrolera”

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