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El paquete de ayuda decidido por la Unión Europea por más de 700 mil millones de euros, que contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, impactó en el mercado. Sin embargo, los analistas coincidieron en señalar que la mayor influencia en términos de recrear confianza entre inversores provino de medidas “no convencionales” incorporadas a ese plan. Esas medidas heterodoxas se refieren a la participación del Banco Central Europeo (BCE), que se comprometió a comprar bonos públicos y privados de los países en dificultades, aceptándolos también como garantía para dar préstamos a los bancos privados sin exigir determinados ratings de las agencias de calificación internacionales. También se definieron acuerdos de los bancos centrales europeos para pedirle prestado dólares a la banca central de los Estados Unidos (FED) para dotar de liquidez a los bancos. La participación del BCE como pieza clave del paquete de ayuda volvió a poner sobre el tapete un debate interesante en términos de política económica referido al rol de la autoridad monetaria dentro del proceso económico en general, y frente a crisis financieras en particular.

La historia financiera reciente muestra que las bancas centrales juegan un papel cada vez más relevante en facilitar la salida de las crisis financieras, llevando adelante políticas intervencionistas aceptadas por todos al desatarse las crisis, pero que eran consideradas herejías por la ortodoxia económica. Sin embargo, esas monumentales intervenciones monetarias no son inocuas, generan cuestionamientos legítimos referidos tanto al origen como al destino de los recursos involucrados.

Con respecto al origen de los fondos y más allá de diversas variantes, los costos multimillonarios de los rescates terminan siendo pagados por todos los ciudadanos a través de limitaciones a su consumo presente o futuro. Con relación a quiénes son los beneficiados, en el caso puntual del rescate europeo, la complicada situación de los principales bancos parece haber sido un elemento clave en el proceso de decisiones que terminó en el paquete de ayuda. Los bancos comerciales europeos mantienen en sus carteras más de 2,8 billones de deuda soberana de Portugal, Irlanda, Grecia, Italia y España. El incumplimiento o la reestructuración de su deuda por parte de estos países hubiera impactado de lleno en los balances bancarios, pudiendo contagiarse al resto de los actores económicos.

El rescate orientado hacia las instituciones bancarias tiene cierta lógica en la medida en que éstas son empresas distintas a las industriales, agropecuarias o comerciales. Los bancos custodian el ahorro de la población al tomar depósitos, dándole vida al sistema económico al financiar consumo e inversión a través de préstamos. Además, las instituciones financieras cargan sobre sus espaldas el sistema de pagos de un país que les permite a los ciudadanos efectuar operaciones bancarias primarias, tales como pagar impuestos, cancelar obligaciones o cobrar sueldos.

Pero la existencia de un prestamista de última instancia, como es la banca central, potencia el riesgo de promover conductas irresponsables por parte de intermediarios o inversores que presuponen que hagan lo que hagan serán finalmente “rescatados” (el denominado “riesgo moral”). Por las mismas razones que debe preservarse el funcionamiento del sistema bancario es que el mismo debe regularse apropiadamente, evitando que se privaticen ganancias y socialicen las pérdidas de un sector que obtiene beneficios extraordinarios en épocas de auge y requiere de salvatajes públicos cuando las desgracias económicas y sociales recaen sobre la población, en especial la más desprotegida

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