Los países integrantes del Mercosur Ampliado componen en conjunto uno de los bloques regionales más importantes de América latina y del mundo en cuanto a la producción y exportación de alimentos. Argentina y Brasil son respectivamente 4º y 6º exportadores de agroalimentos a nivel mundial, según estadísticas de FAO. Pero también poseen, considerando únicamente a la Argentina, más de 40,5 millones de consumidores diarios de alimentos, los cuales indefectiblemente se originan en la producción agraria local. Este es, o debiera ser, el primer objetivo de cualquier política agropecuaria nacional: la satisfacción de las demandas alimentarias de su propia población. Alimentos sanos, suficientes, adecuados a las pautas culturales de consumo y baratos para todos sus habitantes.

La producción, comercialización y distribución equitativa de los alimentos para el mercado interno también están sujetas a las relaciones de fuerza que determinan la estructura agraria que las produce. El peso específico que asumen esas relaciones entre cada uno de los estratos socioagrarios se “construye” tanto por acción como por omisión desde las políticas públicas. Una estructura agraria inequitativa repercute consecuentemente en desigualdades en la provisión y el consumo de alimentos por parte de la población.

Las políticas agropecuarias y económicas en general inciden en cuáles mercados alimentarios, internos o externos, tendrán prioridad en los programas estatales de desarrollo rural.

Las políticas comerciales de un país establecen su matriz de inserción a los mercados mundiales, en este caso históricamente lo han hecho a partir de agroexportación, estimulando de este modo la expansión de determinados productos agropecuarios y de sistemas de producción, en detrimento de otros. La expansión de la soja, iniciada en los primeros años de la década de los ’70, que actualmente avanza sobre la diversidad productiva, está apoyada en paquetes tecnológicos de segunda y tercera generación: implementación de semillas transgénicas + agroquímicos + mecanización sustitutiva del empleo + acceso al crédito en grandes sumas.

Esto también avanza por encima de formas de producción más amigables no sólo ambientalmente sino también considerándolas a escala social. Su contracara en la ganadería es el feedlot, preferentemente volcado al consumo interno y que sustituye en volúmenes a la cría de ganado “a pasto”, la cual con el rótulo de “orgánico” también se destina a la exportación. La que queda en el mercado interno es a precios muy elevados. La misma lógica interviene en algunas producciones frutícolas.

Su consecuencia es la concentración del ingreso agrario y de los recursos productivos y por ende el agigantamiento de las históricas brechas de desigualdad. Estas, conformadas en el siglo XIX, y a pesar de los intentos a mediados del siglo XX, desde hace más de tres décadas vuelven a mostrarse ordenadas en términos de predominio de sectores que producen “por y hacia fuera” con la subordinación funcional de regiones y actores que producen “hacia adentro”. Paradójicamente esta lógica es inherente a una economía primario-exportadora del Sur Global, propia de la división internacional del trabajo decimonónica. Y hoy lucha de la mano de las corporaciones agrarias por continuar vigente en un mundo que discurre el siglo XXI, donde las presentes relaciones de fuerza les son favorables a las economías que incorporan el valor agregado del trabajo intensivo, con integración vertical de la producción agraria y con innovación tecnológica de origen nacional incorporada a lo que exportan.

Por ello, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016 presentado por iniciativa del Estado nacional en mayo del presente año, y que se encuentra en proceso de definición operativa mediante debate participativo en cada provincia, junto con las universidades y múltiples actores institucionales vinculados, contiene en la formulación de sus principios rectores la oportunidad para lograr la redistribución geográfica del ingreso agrario. Y en simultáneo propiciar equidad entre los actores que integran su estructura agraria. Es decir, la oportunidad para “construir” a los sectores más vulnerables en su estructura agraria, en fortalecidos protagonistas de la provisión regional de alimentos. La condición de posibilidad de su inserción a un modelo equilibrado de desarrollo rural es consolidar una vinculación directa y sostenida con los consumidores locales y regionales mediante circuitos protegidos, posibilitando a su vez un acceso más democratizado a los recursos productivos y con una fuerte asistencia técnica orientada a promover y fortalecer sistemas de producción agroecológicos como otro valor agregado de su producción alimentaria.

La aparente disyuntiva, satisfacción alimentaria interna o poner todo el potencial ecológico y productivo nacional sólo en función de la exportación de commodities destinados a lejanos mercados alimentarios encontraría en la implementación de este Plan Estratégico una posibilidad de resolución superadora mediante integración virtuosa: poniendo las capacidades agrarias en función y subordinación a un modelo de desarrollo agrario nacional y no a la inversa. Es una gran apuesta para resolver de una vez tanto las asimetrías internas como la excesiva primarización de la matriz de inserción del país a los mercados internacionales

* Autora del libro La agricultura familiar en Argentina. Nuevos enfoques para problemas viejos (2009), Editado por el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco / [email protected]