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En paralelo al debate medioambiental alrededor del boom minero, se abrió una discusión en el plano de la economía política que guarda estrecha relación con la historia de los países subdesarrollados. Se trata de ubicar el lugar que las industrias extractivas ocupan en un proceso de desarrollo, que supone la incorporación de tecnología y creación de empleo de calidad. Cash reunió a dos especialistas en la actividad minera con posiciones opuestas sobre el actual modo en que el sector se está expandiendo. Por un lado, Eduardo Bustelo, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, quien resalta la generación de empleo y la posibilidad de que la provincia deje de depender de los subsidios del gobierno central. En cambio, Nicolás Gutman, docente de la Universidad de Palermo, asegura que se trata de una típica “economía de enclave”, con escaso poder de tracción sobre el resto de las actividades y con un alto grado de despilfarro de los recursos naturales del país.

¿Qué lugar ocupa la minería en la estrategia productiva del gobierno de San Juan? ¿Se trata de un proceso de desarrollo económico?

Eduardo Bustelo: –San Juan tiene un plan de desarrollo que parte de la evaluación de su stock de factores. El 93 por ciento del territorio está ocupado por montañas y desiertos, y hay dos oasis donde están ubicadas las actividades mineras. Hay 280 mil hectáreas destinables a las actividades agroindustriales, una porción de tierra que podría poseer un solo gran propietario en la Pampa Húmeda. Con este stock de factores, la provincia se caracterizó por el cultivo vitivinícola y olivícola, que no garantizan la generación necesaria de puestos de trabajo anuales para nuestra población. En este contexto, impulsar la actividad minera significa continuar el proceso de diversificación agroindustrial. La minería genera 40 mil puestos de trabajo, y hay 800 pymes encadenadas al sector. Se trata de talleres, servicios de catering u otros.

Nicolás Gutman: –No existe una condena a dedicarse a los recursos naturales originarios. Es mentira que no se puede hacer otra actividad. De hecho, Israel exporta naranjas y tiene tecnologías por goteo, en el medio de un desierto. La actividad minera se hace en ciclos: primero aparecen los metales, se genera una economía de enclave y cuando se termina el oro, se terminó todo. Esto es un gran negocio para las compañías involucradas, y no es desarrollo. Eso es decir que voy a aprovechar toda la riqueza que está en el suelo de los argentinos para dar trabajo de baja calidad, con condiciones de salubridad muy malas, con una tasa de morbilidad altísima. Por más pobres que seamos, si queremos apuntar a subirles empanadas a los mineros y que toda la tecnología esté en manos de los australianos y los canadienses, estamos mal. Hoy en día tenemos economías de enclave.

¿A qué se refiere con “economía de enclave”?

Gutman: –Entran capitales para explotar el recurso, sin pagar gravámenes o con una imposición muy baja (no pagan impuesto al cheque, a los combustibles, tienen subsidio a la electricidad) y además hacen las liquidaciones en el exterior, con lo que al final la exportación es un simple asiento contable. Esa plata no volvió nunca. Una parte sí, como salarios, infraestructura, catering y 800 empresas alrededor. Pero si hay 6000 millones de dólares en la mina, ¿cuánto de eso retorna a la economía sanjuanina? ¿El 3 por ciento de regalías y los salarios?

Bustelo: –No banalizaría de ninguna forma la cuestión del empleo. Hay que ver cuando las personas no tienen empleo. Se sienten que pertenecen a una sociedad cuando trabajan. Postular que el objetivo general es una política de pleno empleo no me parece una banalidad, tampoco que nosotros tengamos 40 mil personas que trabajen en la actividad minera.

Pero existe una exigua presión impositiva.

Bustelo: –Desde el punto de vista fiscal, las condiciones en el mundo son parecidas. Pero sí, ahí hay un punto a corregir. Nosotros hemos introducido un fondo fiduciario con un impuesto por facturación del 1,5 de las ventas. Esto llevaría las regalías a un 4 por ciento, que todavía es insatisfactorio y merece un debate. Pero la provincia de San Juan no quiere mendigarle a la Nación. El país se ha desarrollado en base al modelo de la Pampa Húmeda y las provincias andinas han quedado aisladas. Siempre hemos sido subsidiadas, pobres, rezagadas. La provincia no quiere pedir subsidios.

La tributación es muy baja en comparación con la aplicada sobre la renta de la tierra.

–Bustelo: Obviamente que sí. Pero estamos hablando de una actividad incipiente, donde las variables que hay que manejar en el orden de la implementación obedecen a una historicidad que la provincia no domina. No domino el Código Minero nacional, no domino las leyes regulatorias de la minería, tengo que basarme en la Constitución nacional. Como decía Frondizi, hay dos momentos en la historia de estos procesos. Una cosa es cuando los capitales vienen a instalarse y la fortaleza relativa de los privados es mucho mayor. Pero de ahí en adelante, las condiciones de negociación son inversas y entonces la política puede transformar esa relación de fuerzas y darle un sentido productivo. El Código Minero debe ser solucionado, fue sancionado en los ’90.

Gutman: –Ese código fue hecho por el actual gobernador José Luis Gioja y por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Es una ingenuidad pensar que se hizo un Código Minero, que tuvo problemas y es mejorable. No. Se hizo en su momento porque querían precisar ese tipo de explotación. Bajo la Alumbrera consume el 80 por ciento de la electricidad de todo el NOA. Una mina equivale a una ciudad de 500 mil habitantes en consumo energético. Y las mineras tienen energía subvencionada por todos los argentinos.

¿Y qué nivel de agregación de valor existe?

Bustelo: –Por ahora el metal se vende semi-crudo. Pero en la agenda minera incluimos la cuestión del procesamiento en San Juan. Aquí empiezan los problemas: ¿alguien compraría oro chino? No, porque las grandes empresas en Suiza lo garantizan con un sello de calidad. Pero eso no impide que agreguemos valor, haciendo máquinas mineras, por ejemplo, que no necesariamente estén destinadas a la megaminería.

Gutman: –El oro es oro, no es un BMW. Si los chinos mienten con una aleación, se sabe perfectamente. No podemos decir que no procesamos el mineral porque estamos seguros de que los suizos lo hacen bien. No es por eso que no hay procesamiento, que requiere inversiones de miles de millones de dólares. Y eso sí da trabajo de calidad, porque se necesitan ingenieros y fábricas. Y además en el Código Minero dice que se puede importar todo tipo de equipos sin arancel, por lo que no voy a comprar un gran camión transportador en Jujuy, porque ya están hechos en Canadá o Suecia.

¿Cómo se estimula al procesamiento nacional de la producción?

Gutman: –En Brasil la empresa Vale, que es mixta y está manejada por el Estado, es la séptima minera del mundo, valuada en 140 mil millones de dólares. Tiene vías férreas y puertos propios. Eso es desarrollo, no decirle a la Barrick Gold: “Vengan, exploten una mina y déjenme el 3 por ciento, que yo lo reparto a los chicos que necesitan trabajar a 2 mil pesos per cápita”. La estatización de YPF se pagó 10 mil millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar eso por la segunda petrolera de Latinoamérica y la séptima del mundo? Eso fue el robo del siglo. Y hoy YPF es una sombra de lo que fue. Eso es lo que están haciendo en San Juan. Si los sanjuaninos tuvieran una empresa propia, podrían tener un nivel de vida como Canadá. Son pocas las industrias extractivas que quedan en manos privadas, porque es un regalo.

Bustelo: –Al presidente Salvador Allende la estatización le costó un golpe de Estado y su propia vida. Los intereses existen, las fuerzas políticas existen. Y hay relaciones de poder que hay que tener en cuenta. Yo concuerdo en gran parte con las cosas que el colega dice. Pero Brasil, por ejemplo, tiene una burguesía nacional. Un empresario que está convencido de un proyecto de país. Estamos en presencia de agentes económicos con una predisposición completamente distinta.

Gutman: –Es verdad, a Allende lo mataron por ese tema. Por eso hay que sincerar la discusión, hay en juego miles de millones de dólares. La minera Río Tinto factura más que toda la provincia de San Juan. Entonces el que debe ser controlado es más poderoso que el controlador. Es un error que el control sobre estos emprendimientos recaiga en su plenitud sobre la policía provincial.

Bustelo: –La provincia sí tiene competencias técnicas para fiscalizar. La única escuela de minería está en San Juan, así que la provincia tiene la capacidad.

Gutman: –Los metales son parte del bien común de todos los argentinos. Los sanjuaninos pueden lucrarlos por ley, pero no quiere decir que todos los argentinos no lo podamos administrar. Debería ser como en Brasil, donde el controlador es el Estado federal, o incluso como Perú, que tiene reglamentaciones más estrictas. El diario El Mercurio de Chile, que responde al establishment, publicó que Veladero y Pascua Lama valían 14 mil millones de dólares, más del doble de lo que dijo la empresa. ¿Cómo puedo decir que esto es en beneficio de la población, cuando no pongo los números sobre la mesa?

¿Cuál es la evaluación ambiental?

Bustelo: –Hay un informe del Ianigla (el instituto al que la ley Bonasso quiere darle las atribuciones para hacer la fiscalización) que dice que la mina Pascua Lama no tiene efecto directo sobre los glaciares. La minería utiliza menos del 1 por ciento del agua de la provincia. Hacer de esto un escándalo no tiene relación con la realidad. Como decir que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Los pobres no comen a largo plazo.

Gutman: –Los pasivos ambientales que genera la gran minería también se deben cuantificar. El costo aproximado de un cierre de mina mal hecho o de algún problema en una mina empieza en 50 millones de dólares mínimo, y llega a tratamiento a perpetuidad de las aguas. ¿Hay un seguro en San Juan de un accidente? No. Si llega a haber un problema, la empresa se autoquiebra y no paga el pasivo ambiental, como pasó en Estados Unidos. Ninguna de las grandes empresas fue al Congreso a decir cómo van a hacer las explotaciones. Estamos en un estadio primitivo de la discusión: apoyo o rechazo a la minería. Lo que tenemos que discutir es que si vamos a hacer minería, quién se queda con los dólares que se generan y quién los va a manejar. Y eso se debe discutir en público