Las condiciones laborales encontradas en una explotación empresarial (Nidera) que ocupa trabajadores temporales mayormente de Santiago del Estero sacude. Muchos descubren que los trabajadores rurales siguen siendo parte de la población más vulnerable, de peores condiciones laborales, de gran sufrimiento social, que sólo comparten con los desocupados. Un trabajo reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recoge estudios de ocho países de América latina resultados de una investigación regional coordinada por tres importantes académicos de la región (“Boom Agrícola y persistencia de la Pobreza Rural”). Los trabajos muestran que, a pesar del fuerte crecimiento de las agriculturas de los países bajo estudio, los niveles de pobreza rural persisten, incluso a pesar de las migraciones de esas poblaciones a las ciudades. El libro combina la indagatoria de los niveles de pobreza en los mundos rurales de la América latina con los datos de la Cepal durante el período pos-crisis de comienzos de siglo, que van demostrando el crecimiento sostenido del sector agrícola en la mayor parte de la región.

Una de las primeras cuestiones que se plantean es que el mantenimiento de los altos niveles de pobreza rural están relacionados con el empleo, sus características, su naturaleza y la falta de políticas públicas para que esas condiciones fuesen satisfactorias. Si los ingresos laborales en general se han mantenido constantes o han descendido para todos los asalariados en la región –según los datos de Cepal de fines de 2008 que cita el estudio–, la pobreza extrema y la indigencia aún se concentran en áreas rurales con excepción de Chile, Brasil y República Dominicana (donde los indigentes urbanos son más).

En los ingresos totales de los pobres rurales, la parte que proviene del “trabajo” es la más importante, por lo cual las características de los mercados de trabajo y las condiciones laborales son fundamentales en un esquema de preocupación estatal. La pobreza de los países andinos que se concentra en zonas de agricultura campesina, indígena o de pequeña escala es importante y hasta cierto sentido difícil de resolver sin políticas públicas que contemplen tanto la necesidad de mantener como el respeto a estas poblaciones y sus específicas maneras de producir (como pasa en Bolivia, por ejemplo); pero la tremenda pobreza en áreas de agricultura capitalista de altos niveles tecnológicos es muy difícil de justificar. Son países, regiones, sectores económicos ligados a los mercados externos que generan mucha riqueza, sin tomar en cuenta las posibilidades redistributivas dentro de la actividad ni el medio ambiente y los recursos naturales.

El trabajo de FAO termina con una serie de recomendaciones a los países que incluye desde programas para la pequeña agricultura hasta la generación de políticas públicas para mejorar las condiciones laborales. Es un aporte importante que los responsables de las áreas pertinentes deberían leer y tomar en cuenta.

No obstante, cabe preguntarse si en estos modelos de desarrollo es posible lograr funcionamientos adecuados de los mercados laborales, tanto rurales como urbanos. Desde el punto de vista de la lógica de los actores económicos que se mueven en mercados altamente competitivos, inestables y donde el principio es aprovechar “mientras dure”, parece difícil hacer cumplir las mínimas reglas de convivencia social; son las reglas del capitalismo neoliberal. Por eso es tan importante el papel del Estado tanto en una regulación firme de las condiciones laborales y en el mantenimiento de los ingresos de las poblaciones involucradas como en la habilitación de “otras economías”, donde las reglas del juego sean otras.

¿Es el trabajo casi esclavizado de los migrantes del Noroeste una novedad de los últimos años que ahora la Justicia, las autoridades nacionales y provinciales del área de trabajo descubren? Lamentablemente, desde siempre las empresas nacionales e internacionales se han comportado del mismo modo. La Uatre siempre fue un gremio cómplice de las patronales y esas indignantes situaciones de trabajo fueron descriptas en informes, trabajos, libros, y también en muchos artículos periodísticos de este diario. El interrogante que aparece es ¿por qué desde el Estado democrático no se hizo lo que correspondía hacer? ¿Por qué no se modificó la ley 22.248 de trabajo agrario? ¿Por qué este empeño en mantenerse en este modelo del agronegocio? Tal vez ahora que lo dice la Justicia y la FAO, el problema de los trabajadores rurales y sus condiciones laborales integre seriamente la agenda del Ministerio de Trabajo

* Titular de Sociología Rural FCS-UBA.