La Mesa de Enlace no quiere ningún acuerdo porque rechaza un Estado al frente de la economía, y mucho más lo rechaza si ese Estado se inmiscuye de manera progresiva en el “campo”, tal como viene sucediendo en los últimos años. La Mesa de Enlace, refugio de la más rancia estirpe liberal, es consecuente con sus intereses de clase. “Hace 200 años discutíamos decisiones fundamentales: ser españoles o ingleses”, afirmó Hugo Biolcati durante la inauguración de la 124ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en julio de 2010. La negociación entre el Gobierno y la Mesa de Enlace no habrá de prosperar en cuestiones cardinales. El universo rural se debate entre el modelo sojero enlazado al mercado externo o un “campo real” funcional al desarrollo de las fuerzas productivas y la inclusión social. La disyuntiva está planteada entre modelos agropecuarios.

La decisión de profundizar la redistribución se reduce a una sola cuestión: eliminar las bases de sustentación económicas de los sectores vinculados con una Argentina agroexportadora. A pesar de la época de bonanza del comercio exterior, la política nacional impide a la Mesa de Enlace usufructuar la totalidad de la renta agropecuaria. Cerca del 30 por ciento de esa renta es captada por el Estado. Sin embargo, las tradicionales clases dominantes son conscientes de que su poderío económico está prácticamente incólume. Siguen en sus manos las mejores tierras del país y la apropiación de una parte sustancial de la renta agraria (repartida con las grandes exportadoras de granos). Y no están solos: el sector agroindustrial acrecienta su poder en la UIA. En fin, se trata del gran Frente del Subdesarrollo.

Ese Frente está resuelto a reconquistar el poder político y a revertir la avanzada estatal en materia agropecuaria. Eliminar las retenciones, la Oncca, los mayores controles de la AFIP, la participación de la banca pública como prestamista clave del sector rural, las diversas medidas de protección y fomento a los productores emanadas del Ministerio de Agricultura. Esto asestará un golpe al modelo de acumulación puesto en marcha en 2003. Por tal motivo, la política redistributiva está obligada a avanzar, advirtiendo que la solución no es técnica sino política. Se requiere de una nueva ley agraria de la democracia que concite el apoyo de los trabajadores rurales, los agricultores familiares y los pequeños y medianos productores. Una ley que potencie el cooperativismo, que profundice la federalización de la renta agraria (como ocurre con el Fondo Federal Solidario), que funde una red de comercialización mixta en alimentos entre agricultores y Estado, que cree empresas mixtas para el transporte y la comercialización exterior entre las grandes exportadoras de granos y el Estado nacional (con participación de provincias y cooperativas). Son todas medidas políticas que condicionan el poder económico de las clases socio-productivas ligadas a la supervivencia de una Argentina desigual