Ante la ausencia de políticas activas que induzcan lo contrario, es habitual que las empresas extranjeras que se desenvuelven en el país externalicen sus áreas de ingeniería local, reemplazándolas por la incorporación de tecnología importada y casi sin desarrollo nacional alguno. Esto disminuye los de por sí escasos vínculos de estas firmas con el entramado doméstico de proveedores y agudiza la problemática de la dependencia tecnológica. Estas tendencias se ven potenciadas por el hecho de que en los grandes proyectos de inversión patrocinados por el gobierno nacional o por los provinciales suelen resultar favorecidos capitales extranjeros cuyas inversiones vienen “atadas” a la provisión de equipamiento procedente del exterior, con mayor incidencia en los rubros de más valor agregado.

Un ejemplo paradigmático de ello es lo que está ocurriendo con una inversión de la compañía brasileña Vetorial en el Chaco para la instalación de una planta productora de arrabio en lingotes. Es un proyecto que ha concitado numerosas e intensas críticas y polémicas por sus riesgos medioambientales (en especial, por la depredación de bosques para la obtención de carbón). Y que recibirá una importante asistencia financiera, de 64 millones de pesos, a través del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, según confirmó la ministra Giorgi en su reciente visita a la provincia.

El 21 de enero pasado, la Secretaría de Industria y Comercio sancionó la resolución 12/2011 por la cual se dispone la inclusión del emprendimiento de Vetorial “en los beneficios establecidos en el régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión”. Se trata de un instrumento que data de la convertibilidad (fue aplicado durante el gobierno de la Alianza) y que parte del supuesto de que facilitando las importaciones de maquinarias y equipos se registrarán más inversiones (fundamentalmente por la vía de un tratamiento arancelario preferencial).

Por la norma mencionada se le aprueban a la firma brasilera importaciones por un valor ligeramente superior a los 10 millones de dólares. Pero no se toma en cuenta que en el país existe masa crítica como para responder a las distintas demandas de inversión con producción nacional: muchos de los productos autorizados para traer del exterior en la actualidad son elaborados, o podrían serlo, por empresas argentinas, en su mayoría pymes. Tales son los casos de los siguientes bienes de capital e implementos: filtros de mangas, cucharas de colada, tolvas para almacenaje, transportadores, balanzas de plataforma, compresores de aire, bombas centrífugas, puente grúa, armazones para techumbre, baterías de silos metálicos, plataformas volcadoras hidráulicas, válvulas, tuberías de acero sin alear y varios de los bienes que se integran en un alto horno para la obtención de arrabio.

Se trata, en general, de productos caracterizados por un elevado componente de valor agregado doméstico y altos requerimientos de empleo, lo cual debería convertirlos, junto con muchos otros bienes de capital, en objeto de políticas activas de promoción tendientes a viabilizar procesos virtuosos y sustentables de sustitución de importaciones. Sin embargo, con medidas como la dispuesta por la resolución 12/2011 se da la “paradoja” de que, pese al contexto macroeconómico favorable para los sectores productivos, se termina alentando desde el ámbito gubernamental la sustitución de producción nacional por importaciones, tal como aconteciera en la década de 1990.

Y, por esa vía, se inhibe el fortalecimiento y el desarrollo de actividades estratégicas para la generación de ventajas competitivas dinámicas por sus efectos en múltiples aspectos. Por ejemplo, en materia de incrementos en la capacidad productiva potencial, dinamización de encadenamientos intra e interindustriales, aumentos en la capacidad generadora de empleo en la economía y una mayor calificación de la fuerza de trabajo, fortalecimiento de procesos de aprendizaje tecnológico y de difusión de conocimientos y saberes, creciente participación nacional en la producción industrial, morigeración del proceso de reprimarización, etcétera.

Para avanzar sobre estas cuestiones se requiere contar con un dispositivo articulado y coordinado de políticas de desarrollo, cuyo “espíritu” indudablemente debería estar en los antípodas del que subyace en la Resolución 12/2011