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La historia argentina presenta una particularidad desconcertante: durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de diversos mecanismos y, sin embargo, los resultados generales de estas políticas distaron mucho de ser favorables en términos de lograr el desarrollo nacional.

La Sociología Económica tiene algo que decir a la hora de explicar este fenómeno, ya que pone la lupa sobre el comportamiento de los actores económicos y las relaciones que se establecen entre ellos. Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresarios para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía. Los estudios de caso en América latina y Asia demuestran que una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad; la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas y un férreo control estatal sobre el capital para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, impedir la fuga de capitales, evitar (o menguar) los efectos negativos de las posiciones monopólicas que puedan conformarse y, en especial, lograr la reinversión productiva de las utilidades.

Este tipo virtuoso de articulación facilita la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados que, en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional.

Sin embargo, cuando el Estado se limita a transferir recursos públicos al capital sin garantizar su uso estratégico se generan ámbitos privilegiados de acumulación. Estos sólo favorecen a unas pocas empresas que se expanden sin incrementar su eficiencia y productividad generando una dilapidación de ingresos públicos. Además incrementan el poder político de los empresarios, que aumentan su injerencia en la orientación de la intervención estatal. Debilitan el accionar estatal por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras y, en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido.

Estos ámbitos privilegiados se sostienen en una amplia y difusa trama de relaciones que articula los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo (presión corporativa, lobby individual, colusión, corrupción, colonización de cargos públicos), pero en todos los casos persiguen el mismo resultado: sostener, diversificar y/o expandir las condiciones privilegiadas de acumulación. El mantenimiento de esta trama de relaciones, incluso ante el cambio de la gestión económica, perpetúa los privilegios como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país. La Argentina de las últimas décadas del siglo XX constituye un ejemplo paradigmático en este sentido. Casos como los de Papel Prensa, que recientemente salen a la luz públicamente, son sólo una muestra de los muchos ámbitos privilegiados sostenidos por una perversa articulación público-privada.

Por eso, en estos tiempos en donde se pretende recuperar la intervención estatal como herramienta estratégica para el desarrollo, es fundamental tomar en cuenta la importancia de este tipo de relaciones y prácticas entre los actores económicos tan asentadas en nuestra cultura institucional y política para desmantelarlas y construir así un sendero de desarrollo sostenido que garantice la inclusión de todos los sectores sociales y no sólo el crecimiento de algunas fracciones del capital

* Codirectora Maestría en Sociología Económica Idaes-Unsam. Investigadora Conicet.

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