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La mayoría de los sistemas tributarios del mundo incluye algún gravamen especial sobre los cigarrillos. Este tipo de impuesto persigue, además de la clásica finalidad fiscal, el objetivo de elevar el precio del producto para desincentivar su consumo. Un estudio del Banco Mundial estima que un incremento del diez por ciento en el valor de los cigarrillos evita la muerte de entre cinco y quince millones de personas en el mundo. En la Argentina ya desde las primeras décadas del siglo XX se aplicaron distintos tipos de impuestos internos al tabaco. En la actualidad, el Gobierno y las tabacaleras acordaron la fijación de metas bianuales de recaudación. El acuerdo implica un compromiso recíproco: el Gobierno no aumenta las tasas impositivas y las compañías se obligan a ingresar un determinado monto. Si la liquidación del tributo arroja una cifra inferior a la comprometida, las tabacaleras aportan la diferencia. En cambio, el excedente se traslada al ejercicio fiscal siguiente si el ingreso de fondos fue superior a la meta.

La Argentina suscribió el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco durante la celebración de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en mayo de 2003. Ese tratado incluye la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al tabaco, la protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno y el aumento del precio y de los impuestos al tabaco. El Convenio promueve también que la actividad tabacalera sea sustituida por alternativas económicamente viables para los trabajadores y cultivadores.

Ese convenio aún no fue ratificado legislativamente por la oposición de la mayoría de los representantes de las siete provincias tabacaleras (Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Tucumán y Salta). Esa dirigencia política advierte la imposibilidad de sustituir la actividad tabacalera y también señala que más del 80 por ciento de la producción se exporta.

Martín González Rosada, del blog Foco Económico, estima que la recaudación sobre el consumo de cigarrillos podría haberse duplicado, en relación con los 7600 millones de pesos establecidos en el convenio vigente, con una suba de la presión impositiva del 68 al 87 por ciento. Para justificar su posición, las compañías señalan que un incremento impositivo perjudica a los consumidores porque se traslada totalmente a los precios.

Las tabacaleras sostienen también que esto resulta contraproducente para el Estado Nacional, ya que el fisco recaudaría menos a causa del aumento del contrabando. González Rosada sostiene que “se debe considerar que hay dos tipos de contrabando. El denominado minorista o contrabando hormiga, que es el que potencialmente está favorecido por el diferencial de precios con los países vecinos, y el contrabando mayorista, llevado a cabo por organizaciones ilegales que se realiza a través de contenedores, camiones y aviones y que elude la carga impositiva. Tradicionalmente la industria tabacalera hace énfasis en el primer tipo de contrabando, sin embargo la evidencia empírica sugiere que el contrabando minorista es muy pequeño comparado con el mayorista y las medidas fiscales como los aumentos impositivos sobre el consumo de tabaco no lo afectan”. Rosada concluye que “está claro que renovar el convenio de recaudación con metas artificialmente bajas es beneficioso para las tabacaleras, pero es muy perjudicial para la población y para el Estado. El Gobierno debe incrementar los impuestos al consumo de cigarrillos para disminuir el consumo con el consiguiente beneficio sobre la salud de los fumadores y no fumadores. Así bajarían los costos directos e indirectos de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco y se incrementaría la recaudación fiscal, lo que se dice, una política fiscal saludable”

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