Por Fernando Krakowiak

La devaluación produjo la caída del salario real más importante desde la última dictadura militar. El poder de compra de los salarios se redujo durante el año un 29,3 por ciento en relación con el Indice de Precios al Consumidor. El derrumbe llega al 42,5 por ciento si la comparación se realiza contra la canasta básica, porque los alimentos de primera necesidad aumentaron un 32 por ciento más que el promedio de los precios minoristas, mientras la mayoría de los ingresos nominales permanecieron congelados. Los principales perjudicados por la desintegración del salario son los sectores de menores recursos que destinan casi todo su dinero a la compra de comida y durante los últimos meses se vieron obligados a modificar sus hábitos de consumo para sobrevivir. Para compensar la extraordinaria licuación que produjo la inflación, el Gobierno anunció el último jueves que el aumento no remunerativo que vienen cobrando los trabajadores formales subirá de 100 a 130 pesos durante el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, la medida resulta insuficiente frente a la disgregación de un mercado laboral en el que apenas el 28 por ciento de las personas empleadas tiene el “privilegio” de trabajar en blanco.
Una alternativa para preservar el salario real de todos los trabajadores hubiera sido controlar la suba de precios manteniendo el dólar en un nivel más bajo. Pero durante los primeros meses de la gestión del presidente Duhalde las improvisadas medidas del equipo económico generaron incertidumbre y alentaron la disparada de la divisa. Los alimentos subieron porque los productores agropecuarios no están dispuestos a vender en el mercado local por menos de lo que pueden obtener en el internacional. El bajo nivel de retenciones a las exportaciones no sirvió para contener la estampida. Por lo tanto, los niveles de pobreza crecieron de manera espectacular a medida que el salario se deprimía. Ahora, las posibilidades de que se concrete una recuperación del ingreso real a través de un aumento generalizado de sueldos son escasas porque los márgenes de negociación prácticamente no existen en un país donde los que no consiguen empleo y los que realizan trabajos ocasionales suman casi 5 millones de personas. Los desocupados les respiran en la nuca a miles de empleados informales que durante el presente año no sólo no consiguieron aumento si no que tuvieron que aceptar rebajas o trabajar más horas por el mismo sueldo para conservar su puesto.
No es la primera vez que los trabajadores enfrentan una caída brutal de su salario real. Durante la segunda mitad del siglo XX, debieron soportar sucesivos planes de “estabilización” que tuvieron como principales protagonistas a Alvaro Alsogaray durante la presidencia de Arturo Frondizi, a Celestino Rodrigo en los meses previos a la caída del gobierno de Isabel Perón y a José Alfredo Martínez de Hoz durante los primeros años de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Luego llegaría la hiperinflación de 1989 de la mano de Raúl Alfonsín y su ministro Juan Vital Sourrouille. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, la crisis actual se produjo luego de tres años de recesión durante los cuales el salario real ya había venido cayendo en el marco de la convertibilidad más de un 10 por ciento en promedio.
Más allá del margen de error que conlleva la comparación de series históricas muy largas, si se analiza la evolución del ingreso entre 1950 y 2002 se puede afirmar que el poder adquisitivo de los trabajadores durante ese período cayó casi un 70 por ciento. Alfredo Monza, experto en temas laborales, afirmó a Cash que este resultado es atípico en las economías capitalistas de ingresos altos y medios, porque “en los países centrales lo normal es que se experimente una tendencia sostenida de mejoras del salario real en el largo plazo”.
Como consecuencia de la reciente devaluación y el congelamiento salarial, también se experimentó un derrumbe espectacular del costo de lamano de obra en dólares lo que permitió ganar competitividad a nivel internacional. Según un trabajo reciente del economista Jorge Lucángeli, entre 1993 y el segundo trimestre del presente año la caída en dólares del costo de la mano de obra por unidad producida alcanzó el 77,2 por ciento. A partir de 1995, el costo laboral comenzó a disminuir ininterrumpidamente porque los aumentos de productividad no fueron absorbidos por los salarios en dólares. La caída se profundizó desde 1998 cuando los salarios nominales comenzaron a caer y se derrumbó definitivamente con la devaluación. Si la tendencia no se modifica, Argentina podría convertirse en una especie de “tigre americano” emulando a sus pares asiáticos que durante la década del ‘90 se destacaron en el escenario internacional por una competitividad basada centralmente en los salarios miserables de sus trabajadores.
En el Gobierno afirman que esta situación está comenzando a revertirse y ponen como ejemplo la tenue recuperación industrial y la casi segura disminución de varios puntos en la tasa de desempleo que se dará a conocer el próximo viernes 27. Entre las causas que podrían explicar la baja del índice se menciona la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos en empresas vinculadas a la exportación o a la incipiente sustitución de importaciones, pero no se debería desestimar la incidencia de los planes Jefes de Hogar que exigen una contraprestación laboral y el desaliento de muchos trabajadores que decidieron abandonar la búsqueda de empleo. Por ahora, la alteración de los indicadores macroeconómicos es tan leve que muchos economistas prefieren hablar de un freno en la caída antes que de una reactivación. En los próximos meses se verá si el salario real de los trabajadores se recupera o continúa cayendo impulsado por el posible aumento en las tarifas de servicio público, el cual podría generar, según la Fundación Capital, un incremento adicional en la tasa de inflación cercano al 10 por ciento en términos anuales.