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Los sistemas de salud latinoamericanos quedaron fuertemente debilitados luego de la aplicación de recetas neoliberales. Las líneas maestras de esa política quedaron plasmadas en el documento “Invertir en Salud”, elaborado por el Banco Mundial en 1993. La propuesta del organismo multilateral consistía en restringir la actuación estatal a la prestación de un “paquete básico de salud” a los sectores más postergados. Para el Banco Mundial, los restantes requerimientos sanitarios debían mercantilizarse.

En su trabajo “Los proyectos de salud en América latina. Dos visiones, dos prácticas”, publicado en Voces del Fénix Nº 7, Asa Cristina Laurell sostiene que “esta reforma dañó gravemente las instituciones públicas y fue un fracaso social, ya que dificultó el acceso a los servicios de salud requeridos por la gran mayoría de la población. Contribuyó así al creciente descontento popular y a la pérdida de legitimidad de los gobiernos impulsores del nuevo orden social. No menos importante fue que el rápido empobrecimiento de la parte mayoritaria de la población y la redistribución regresiva del ingreso dejaron sin mercado –demanda respaldada con recursos– al sector privado de salud”.

La Argentina no escapó a esa tendencia general, y a la vez su sistema de salud presenta algunas singularidades. Uno de los datos sobresalientes es la existencia de una multiplicidad de actores (públicos y privados).

En primer lugar, las prestaciones públicas están repartidas en tres niveles de gobierno. Los fondos públicos son ejecutados mayoritariamente (el 83 por ciento) por las administraciones provinciales y municipales.

Esa fragmentación del sistema sanitario plantea dificultades y desafíos muy particulares para el diseño de una política coordinada.

El economista Daniel Maceira sostiene que “este sistema descentralizado ‘a la argentina’ establece barreras institucionales para la coordinación de una dirección sanitaria común, donde una política comprensiva en el sector requiere del acuerdo de la Nación y 24 equipos de gestión. Ello implica la elección de ejes comunes a partir de los cuales operar conjuntamente”, plantea en “Desafíos del Sistema de Salud Argentino” (Voces del Fénix Nº 7). El sistema incluye además la actuación de más de 300 fondos de gerenciamiento y atención de la salud (obras sociales nacionales y provinciales, prepagas).

La inversión sanitaria argentina es más elevada (en términos per cápita) que en los países vecinos. Por ejemplo, el presupuesto argentino es un 30, 26 y 5 por ciento superior al brasileño, uruguayo y chileno, respectivamente. En 2005, últimos datos oficiales disponibles, el 56 por ciento de los argentinos contaba con la cobertura de alguna obra social (sindical, provincial, PAMI). Otro 10 por ciento estaba afiliado a compañías de medicina prepaga o tenía más de una cobertura. El 34 por ciento restante se atendía en el sistema público: hospitales, centros de salud. Esa encuesta también reveló que la única alternativa del 60 por ciento de la población más desprotegida era recurrir a la atención pública. En los últimos años, la mayor inclusión social (incremento del plantel de trabajadores formales, ampliación del universo de jubilados y pensionados) revirtió parcialmente ese cuadro de situación.

A pesar de los avances obtenidos, el sistema sanitario continúa presentando serias deficiencias. Maceira sostiene que “la falta de un fondo universal como consecuencia de la descentralización (a nivel geográfico) y de la segmentación (entre grupos sociales) acota la posibilidad de brindar una cobertura homogénea asociada con equidad horizontal en la asignación de recursos de salud... No se puede avanzar en un modelo nacional sin construir en primera instancia modelos provinciales”. En ese sentido, sostiene la necesidad de “encontrar propuestas de financiamiento, coordinación de fondos sociales y cobertura a partir de los cuales cada provincia pueda operar sobre su realidad, para luego identificar ejes comunes y avanzar hacia una segunda instancia regional y luego nacional”

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