El anuncio de la Presidenta de aumentar el monto de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social implica, más allá del aumento en sí, una valorización de esta importante política pública y abre la posibilidad para continuar profundizando el proceso de inclusión social. En ese sentido, se asocia con la construcción de un sistema de protección social integral basado sobre derechos por dos vías.

Por un lado, supone reconocer igualdad de derechos de los trabajadores registrados y no registrados porque equipara el monto de la AUH con el de la asignación por hijo del sistema contributivo. Esto presupone aceptar que los trabajadores informales no están en esa situación por voluntad propia, sino por condicionantes contextuales que así lo determinan. Actualmente, un/a trabajador/a informal puede acceder a una pensión no contributiva o, mediante el Plan de Inclusión Previsional, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. También se ha avanzado en la igualación en las Asignaciones Familiares.

De las ocho prestaciones contributivas, tres son accesibles también para los trabajadores informales (la Asignación por Hijo, la Asignación por hijo con discapacidad mediante la AUH y la Asignación prenatal a través de la Asignación por Embarazo para Protección Social). Para avanzar en esta igualación de derechos (que no implica negar el principio contributivo), quedaría pendiente que los trabajadores no registrados puedan también acceder a la asignación por ayuda escolar, por maternidad, por nacimiento, por adopción y por matrimonio. No es un camino imposible de recorrer.

Por otro lado, dado el diseño de la AUH y sus fuertes vinculaciones con otros sectores sociales (por ejemplo, con el Plan Nacer), su revalorización implica reconocer que el desarrollo infantil no se limita a la transferencia de ingresos. Este es el espíritu de la Ley 26.601 que, al inaugurar el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes, marcó el rumbo a seguir. Es en el contexto de esta ley que el régimen de asignaciones familiares (incluyendo la AUH) debe integrarse y potenciar un enfoque amplio para atender los derechos de la niñez y la adolescencia.

Esta integración permitiría, por ejemplo, establecer articulaciones con las aún débiles políticas de cuidado infantil. La organización del cuidado de los niños y niñas es una problemática multidimensional que requiere de un trabajo combinado intersectorial entre las áreas de educación, salud y nutrición y protección social, e interjurisdiccional, entre la Nación, las provincias y los municipios, y que incluya actores públicos y privados.

Así, la AUH puede constituirse en un excelente puntapié inicial para fortalecer los servicios públicos de cuidado, si se la toma como una puerta de entrada a las prestaciones estatales. Para realmente avanzar en este sentido, por supuesto, será necesario complementarla con otras medidas, como la extensión de las licencias por paternidad y maternidad, y la efectivización de la Ley 26.233 de Centros de Desarrollo Infantil. Los próximos años constituyen una enorme oportunidad para lograrlo

* Director y coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).