“Hoy existen desarrollos científicos que permiten salvarle la vida a un enfermo de sida. El paquete cuesta 12 mil dólares por año en los países desarrollados. La Fundación Clinton, la Fundación Gates y la Organización Mundial de la Salud (OMS) firmaron un acuerdo de producción masiva con ocho laboratorios de la India y lograron bajar el precio a 300 dólares. Esos son los márgenes que maneja la industria.” Con este ejemplo, el economista y asesor de la OMS, Bernardo Kliksberg, sintetizó a Cash la problemática de índole ética y económica que existe detrás del negocio de los grandes laboratorios. En el mundo, sólo diez empresas controlan casi el 60 por ciento del mercado de medicamentos, estableciendo precios monopólicos con el argumento de la propiedad intelectual.

La Argentina le ganó una batalla a esa concentración a partir de la ley de genéricos y la condición impuesta a los laboratorios de producir en el país aquellos medicamentos sobre los que pretendan una patente. Sin embargo, todavía quedan otras por librar. El trabajo para una mayor concientización en el uso de estas herramientas y la necesidad de seguir profundizando la sustitución de importaciones son algunas de éstas, para que se establezca el medicamento como “un bien social”, como se dispuso en la denominada ley Oñativia, de 1964.

La noción de monopolio intelectual deviene de la antigua Grecia, pero no fue utilizada hasta la Revolución Industrial británica, cuando los inventores de la máquina textil demandaron “protección”. Actualmente, las patentes alcanzan desde genes hasta fragmentos de ADN y líneas celulares humanas. “Como en otras áreas del sistema económico mundial contemporáneo, existe un lobby feroz que lucha a brazo partido para que las patentes duren el mayor tiempo posible, e incluso para que haya restricciones posteriores de algún tipo cuando se liberen”, señala Kliksberg.

En los países que cuentan con un sistema de patentes, las firmas farmacéuticas que descubren nuevos productos los ingresan en el mercado bajo un determinado nombre comercial o marca. Durante este período, las marcas originales son posicionadas fuertemente en el mercado y tanto médicos como farmacéuticos y consumidores se acostumbran a su utilización, dificultando el acceso de otros medicamentos similares, aun después de expirada la vigencia de las patentes.

El poder de mercado de las marcas se refleja en los precios. Los productos de marca son 11,5 veces más caros que los genéricos. En algunos casos excepcionales, la diferencia llega hasta 50 o 100 veces. Esto explica por qué las firmas farmacéuticas gastan mucho dinero en marketing y publicidad, y menos en desarrollo. Los recursos destinados a venta son de alrededor del 25 por ciento del costo total de los laboratorios, mientras que en desarrollo sólo los líderes mundiales alcanzan la mitad de ese guarismo.

Un estudio realizado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria, el Estudio Multicéntrico, la Universidad Maimónides y el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador demostró que la utilización del nombre genérico involucra un ahorro de 660 millones de pesos al año. “Esta realidad debilita el argumento que los patentistas a ‘ultranza’ utilizan para justificar el monopolio de la explotación y los altos precios”, señala el ex ministro de Salud, Ginés González García, y las economistas Catalina de la Puente y Sonia Tarragona en el libro Medicamentos, Salud, Política y Economía.

La imposición por conservar esta modalidad de negocios proviene de los grandes laboratorios multinacionales, que a pesar de la crisis financiera internacional mantienen una tasa de ganancia superior al 20 por ciento, siendo la industria más rentable de Wall Street. Paradójicamente, Estados Unidos fue uno de los principales países en establecer un mercado integral de genéricos. “Las drogas genéricas hacen que la salud americana sea mucho más accesible”, aseguraba en octubre de 2002 el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Sin embargo, como toda la política de ese país, mantiene estándares internos y externos bien diferentes. Centroamérica es un ejemplo de ello: los medicamentos genéricos no pueden penetrar en esos países porque las condiciones de firma de tratados comerciales bilaterales con los Estados Unidos se lo impiden.

Nuevas recetas

“En la Argentina, durante la administración de Ginés González García en Salud, se libró una dura batalla, y se ganó. Hoy los medicamentos genéricos son obligatorios en las recetas médicas. Los médicos tienen que prescribirlos de esa forma”, indica Kliksberg, aunque muchos profesionales no lo cumplen. La Argentina junto con Brasil y Uruguay son los únicos países donde existe esa obligatoriedad. El programa de distribución gratuita de medicamentos Remediar es, además, uno de los más importantes del mundo en cuanto a volumen de entrega. Por su parte, en los primeros meses de la presidencia de Néstor Kirchner se avanzó sobre otro punto neurálgico de esta industria: las patentes se otorgan al laboratorio bajo la condición de que produzcan el medicamento en el país. “Fue un lobby tremendo. Recibimos muchos ataques por parte de las industria extranjera y local”, recuerda el ex ministro Ginés González García en diálogo con Cash.

Durante la década del ’90 se inició una primera instancia del debate que enfrentó a los laboratorios nacionales con las multinacionales. La disputa giró en torno de la cláusula de fabricación local –que no aparecería hasta diciembre de 2003–, los riesgos de las licencias compulsivas y la posibilidad de una suba en los precios. Hasta ese momento, las empresas locales se habían limitado a copiar y comercializar innovaciones producidas en los países centrales. “Los laboratorios plagian las fórmulas de los medicamentos y los comercializan al mismo precio, siendo sus ganancias mayores que las de los inventores, por el hecho de no haber invertido recursos en investigación y desarrollo”, fue la defensa que esbozó Pablo Challú, ex directivo de Cilfa (cámara de los laboratorios nacionales), y actual secretario de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires.

Con la Ley de Patentes –que fue aprobada en 1995 y entró en vigencia en octubre de 2000– se les aseguró a las corporaciones transnacionales ampliar su cuota de mercado, vendiendo medicamentos en exclusividad o cobrando royalties a empresas locales. Esa norma sólo amplió el diferencial de precios, mientras que los grandes laboratorios se dedicaban a importar los medicamentos. De las 40 compañías extranjeras que operaban en el país hasta 2002, quince se dedicaban exclusivamente a importar productos. Las compras externas pasaron de un 12 por ciento en 1992 a 43 por ciento diez años después. La ley generó así una sustitución de los productos locales por más importaciones.

La crisis socioeconómica de 2001 produjo un fuerte cimbronazo en toda la estructura productiva del país, arrastrando también al sistema sanitario al borde del colapso. La gente con escasos recursos no podía acceder a los medicamentos. En ese momento se lanza la Ley de Genéricos y el plan Remediar, que lograron estabilizar el mercado, permitiendo a los laboratorios locales recuperar parte del terreno perdido en los ’90. Ambas medidas dieron cobertura a 54 presentaciones, que representaban el 80 por ciento de las consultas médicas. “La ley de prescripción por nombre genérico mejoró el acceso porque hizo bajar los precios. Pero es una batalla permanente de concientización”, señaló González García. En cuanto al plan Remediar, el ex ministro y actual embajador argentino en Chile aseguró que no existe otro ejemplo de “esa envergadura”. “Alcanza a unos 15 millones de personas y su costo anual para el Estado nacional es de 2 dólares por habitante”, apuntó.

Made in Argentina

El mercado de fármacos argentino es uno de los más importantes del mundo en cuanto a abastecimiento interno y consumo. Es el cuarto país a nivel mundial en consumo de medicamentos por habitante, con un promedio de 186 dólares anuales. También es uno de los cuatro que mantienen más de la mitad de la demanda local abastecida por laboratorios locales. Sin embargo, la recuperación sostenida de la industria nacional no se dio hasta la modificación de la Ley de Patentes, que se produjo en diciembre de 2003. Esta norma dispuso que para extender una patente por veinte años, los laboratorios deben producir ese nuevo producto en el país. La modificación contempla desde una carga de prueba hasta el patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y la protección de datos de pruebas contra un uso comercial ilegal u otras variantes. En la práctica, este cambio, que sólo figura en la legislación de Brasil y Uruguay, impidió que los laboratorios extranjeros desplacen sus plantas a países con menor costo de producción.

“Brasil sacó la Ley de Patentes dos años después que la nuestra (1995) y allí obliga a producir todo lo que se consume dentro de su territorio. Esto condujo a una fuerte migración al país vecino”, señaló a este suplemento un directivo de Cilfa. Actualmente, la tendencia se revirtió. Incluso se informó en las últimas semanas que un laboratorio estadounidense se radicará en la Argentina para producir medicamentos que luego venderá en su país de origen. También hubo intenciones de compra de firmas locales. La multinacional Roche llegó a ofrecer 2400 millones de dólares por Roemmers. Antes, Roemmers había adquirido las plantas de Roche en el año 2000. Este laboratorio nacional no tiene invento patentado, pero sí una enorme fuerza de venta doméstica. Rechazó la propuesta, en tanto que adquiría las instalaciones de Brystol Myers Squibb (2005) y las de Valeant (2008).

La industria logró desde 2003 una fuerte recuperación. Las exportaciones muestran una tendencia creciente y las empresas están diversificando destinos. Existen 230 laboratorios registrados y 110 plantas industriales. Los diez primeros laboratorios explican el 42 por ciento de las ventas. La actividad registra un importante déficit estructural. La producción nacional fue de 3466 millones de dólares en 2010, de los cuales se exportaron 691 millones. El consumo interno es de 4341 millones de dólares y las importaciones ascendieron a 1566 millones. De esta manera, el 58 por ciento del mercado doméstico se abastece de laboratorios nacionales. La industria farmacológica local tiene una estructura transformadora moderna, siendo importados los principios activos, principalmente de China e India. En los últimos años, la industria pudo aumentar 116 por ciento los envíos de estas materias primas, aunque crecieron en un 229 por ciento las importaciones de medicamentos.

Los laboratorios de capitales nacionales mantuvieron su participación a través de estrategias de concentración y de alianza con multinacionales. Esto mantiene una estructura de poder de las grandes compañías que, en su mayoría, prefieren importar los productos antes que producirlos en el país. A esta situación se suma además el impacto en los consumidores de la imposición mediática de sus marcas. Esta batalla es librada en el campo de la publicidad. Numerosos trabajos han demostrado los efectos de la publicidad sobre las prescripciones y los consumidores, generando un patrón de comportamiento de la demanda bastante alejado de las necesidades reales. Además de la pelea cultural para sortear el bombardeo mediático, también deben llevarse a cabo medidas tendientes a desconcentrar el sector y fomentar la producción local. “El Estado generó un mercado interno del orden de 4400 millones de dólares, por lo que ese mismo Estado va a exigir ahora producción en territorio”, sostuvo la ministra de Industria, Débora Giorgi. En esa línea, en julio último, el Congreso promulgó una ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. El objetivo es promover el acceso a medicamentos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico. La medida se encuentra en análisis del Ministerio de Salud para su reglamentación. “No puede ser que el mercado sea el único motor para la invención y el conocimiento porque, de ser así, no habrá investigación en enfermedades de pobres”, sentenció González García