La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá del salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace, con todos dirigentes nacidos y criados en Argentina? En el país no existen datos confiables sobre la extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo.

Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible. Y no beneficiará a los sectores populares de la Argentina rural. Los principales problemas de campesinos, pueblos originarios y de poblados cordilleranos es el corrimiento de la frontera petrolera, el avance de la exploración de la megaminería (900 por ciento en los últimos siete años), el crecimiento del monocultivo forestal y, sobre todo, la concentración de la tierra en muy pocas manos.

El Censo Agropecuario de 1988 revela que había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6 por ciento menos. La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume que “desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

En los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa con la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario que aportaría datos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales. Pero ese censo no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

En el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja (19 millones de hectáreas), un record. “Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. Esto implicó desalojos tan violentos como masivos, la gran mayoría de las veces impulsados por argentinos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil las familias expulsadas de sus territorios en la última década.

El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que en el período 2002-2006 en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques. Esa dependencia pública remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente soja. La Red Agroforestal relevó 7,8 millones de hectáreas en conflicto en seis provincias del chaco argentino, con 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador”, se menciona en el informe.

El Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados –red de profesionales de las provincias agrícolas– estima que se utilizan por año 300 millones de litros de agrotóxicos. Denuncia el incremento de casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones. Y el panorama no es alentador. El Plan Estratégico Agroalimentario apuesta a aumentar la producción de soja, entre otros productos, en 20 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (...) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”. El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos, 60 por ciento más que en la última cosecha. Ese incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

El MNCI elaboró un duro documento donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI. Para concluir que “plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”